Por Alejandro Mondragón
Una silenciosa operación para desactivar la judicialización ooooootra vez de la elección en Puebla, está en marcha.
La señal más clara se observó en la negativa por unanimidad del consejo general del Instituto Nacional Electoral para suspender la entrega de tarjetas de bienestar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo pedía el PAN.
Amparados en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el hecho que los programas sociales no se detienen por las campañas electorales, los consejeros del INE le quitaron a los panistas uno de los argumentos de impugnación.
También le ha tocado a los de Morena. El TEPJF amonestó públicamente a Luis Miguel Barbosa por realizar en Facebook un acto anticipado de campaña.
Y permitió que el PRI con su candidato, Alberto Jiménez Merino continúe con la entrega de tarjetas para la mujer, porque la promesa de dar dinero no se hace con el condicionamiento al voto.
López Obrador pidió –antes del arranque de las campañas en seis estados- el acompañamiento del INE en la supervisión de los programas sociales, seguridad y salud para evitar dados cargados.
Pero también en el ámbito estatal se maneja el mismo criterio.
En esta ocasión no se regalaron uniformes escolares, tampoco condonaron deudas de agua potable, suspendieron las fotomultas, repartieron tinacos y enseres domésticos, menos se inauguraron obras y se utilizó a la Fiscalía para criminalizar y perseguir a opositores.
El propio Enrique Cárdenas adelantó en su columna de El Financiero una serie de elementos que considera influyen en su contra, porque hay una elección de Estado.
Quien las hace, no las consiente.
Bien harían los panistas en revisar la última elección. Siempre fueron los carniceros, ahora se quieren hacer pasar de reses.
