Por Rocío García Olmedo
Un destacado personaje de la denominada cuarta transformación (4T) ha señalado que a los legisladores les asiste el deber de darle forma jurídica al Estado y eso incluye hacer reformas de gran calado y ello pasa por pensar en satisfacer las preocupaciones más sentidas de la población.
Y eso es justamente lo que hemos procurado las mujeres desde hace muchas décadas, en que iniciaron una revolución pacífica por la conquista de nuestros derechos, que continúa hoy más que nunca.
Poco a poco se fue incorporando en nuestra Carta Magna, así como en leyes secundarias y en las normativas estatales, derechos fundamentales: a votar, a ser electas, a la salud en general y a la salud sexual y reproductiva, a la educación, al acceso a la justicia…a nuestros derechos humanos.
En estas normativas, ya en la etapa contemporánea, se incluyó el Principio de Progresividad, “que implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad referida a que generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso que implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. (…) De manera que el Principio de Progresividad exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano. (2010361. 2a. CXXVII/2015 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Pág. 1298.)
Por ello, de la más alta preocupación los escenarios nada alentadores que observamos en relación no sólo al desinterés de atender los temas de mujeres, sino que vislumbramos retrocesos.
Recuerdan cuando en la campaña política conocimos de los compromisos del hoy Ejecutivo federal vía el “Femsplaining” ahí señalaba que tenían una agenda para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
Lo que hemos visto es que se intentó eliminar el anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF2019), el programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en la Entidades Federativas (Paimef), el Programa de Coinversión Social, y muchos otros tuvieron recortes sustantivos.
Uno de ellos, actualmente está en el debate nacional, se trata del Programa de Estancia Infantiles que tiene una reducción de más de la mitad de los recursos públicos, en perjuicio de niños y niñas, madres y padres que utilizan este servicio, así como de miles de mujeres que son las responsables de estas estancias.
Tan sólo en Puebla, hay 502 estancias infantiles, en Puebla capital 228, al interior del Estado 284 distribuidas en 79 municipios, 502 personas responsables y 2 200 asistentes.
18, 340 niñas y niños acuden a las estancias y 17 mil padres y madres de familias, corren el riesgo de quedarse sin este servicio.
¿Sabían ustedes que este programa ampara con el doble de beca que es de 950 pesos a niños y niñas con discapacidad y que estas estancias avalan el primer año de preescolar? ¿Que son supervisadas permanentemente por protección civil, que son capacitadas periódicamente las personas que atienden a las/os niños, que tienen una alimentación balanceada?
Si como han argumentado muchas voces, el gobierno federal actual encontró irregularidades y malos manejos, bien se podría haber iniciado los procedimientos penales pero no reducir recursos, a un programa que ha dado certezas de atención a hijos/as de miles de mujeres mientras salen a trabajar, se les olvidó que casi el 30% de los hogares en México tienen jefatura femenina.
Si se quiere deconstruir la política social como la conocemos hasta ahora, me parece que primero tienen que asegurarse de crear una mejor, ya que no se justifica terminar así, con un sistema de cuidado de menores que beneficia a miles de familias en el país y específicamente en Puebla.
Y qué decir de las reducciones de recursos al INEGI que no podrá realizar los diferentes análisis, ni generar estadísticas o encuestas que han servido tanto y son tan necesarias para el diseño de política pública justamente para atender las diversas desigualdades que existen en nuestro país en todos los rubros, y por supuesto las específicas que se han diseñado a favor de las mujeres.
O qué tal lo que hemos escuchado en relación a las personas que cometen delitos y crímenes de odio en contra de las mujeres. Muchos especialistas han señalado que no pueden atenderse con mensajes de “moralización pública” en los que nuevamente la responsabilidad recae en las mujeres-madres para que eviten “hijos delincuentes”.
Pensamos que para enfrentar las violencias políticas en contra de las mujeres, lo que se requiere es una mejora constante en los procesos institucionales para investigar, perseguir, procurar y administrar justicia. Bien ha señalado el gobierno de la Ciudad de México, es imprescindible que se entienda que se trata de un problema sobre todo, de justicia, y por ello ofrecen cero tolerancias al abuso y violencia de género. ¿Podríamos exigirlo para Puebla?
Sin duda para todo ello se requiere de voluntad política y de entender con claridad los mecanismos y el enfoque que ha tenido y tiene cada una de las reformas que han permitido dar forma jurídica al Estado para satisfacer las preocupaciones más sentidas de la población por la vía del diseño de políticas públicas, eso es justamente lo que hemos procurado las mujeres desde hace muchas décadas, en esta revolución pacífica por la conquista de nuestros derechos, por eso es importante recordar que esa 4T no podrá darse si no se garantizan los derechos de las mujeres, porque de lo que se trata es de poner atención para corregir desigualdades.
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@rgolmedo
