Por Jesús Manuel Hernández
Nuevamente Puebla en el centro de los reflectores nacionales ligados a temas de violencia e inseguridad. Desde la Ley Bala de RMV en Chalchihuapan, el robo de combustible con sus enfrentamientos y peleas por el dominio de la plaza, pasando por la violencia electoral y el presunto fraude el 1 de Julio, hasta el caso de los linchamientos en territorio poblano, en Acatlán de Osorio el ultimo que bien pudo ser evitado.
Los especialistas reflexionaron desde hace algunos años sobre el tema de los linchamientos. En 2015 Puebla se peleaba el segundo lugar a nivel nacional compitiendo con Estado de México y Distrito Federal.
Entre 2006 y 2010 se registraron 6 linchamientos en territorio poblano, pero entre 2011 y 2016 la cifra aumentó a 91; según los investigadores, los linchamientos son un “signo de la ineficacia y de la ausencia del Estado de Derecho”, dice Juan Luis Hernández Avendaño de la UIA.
Apenas en Enero de este 2018, el especialista en Seguridad Pública Roberto Esquivel Ruiseco, fue entrevistado por Newsweek en Español sobre el tema: “es lamentable que en Puebla se estén presentado los linchamientos porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Es una vergüenza porque esto demuestra la impunidad que existe en la entidad”, declaró.
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano presentó un estudio en 2015 a raíz del caso de los dos encuestadores linchados en Ajalpan donde la ineficiencia del Gobierno de Puebla quedó demostrada.
En aquél momento el investigador de la UAM concluía: “Los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad. La imagen negativa que se tiene desde la sociedad de los integrantes de las fuerzas policíacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos, lo que propicia que las personas tomen justicia por su propia mano”.
En el mismo documento se hace referencia a la escasa respuesta del entonces encargado de la oficina de la Secretaría General de Gobierno, el hoy flamante magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez a quien el Presidente Municipal de Ajalpan llamó personalmente para informarle del riego de linchamiento a eso de las 21 horas, pero la Policía Estatal llegó después de las 23.30 horas.
En el caso del linchamiento de dos personas en la Junta Auxiliar de San Vicente Boquerón, Acatlán de Osorio, el Secretario de Gobierno y ex gobernador de Oaxaca, y ex Secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo, Diódoro Carrasco, dijo que la culpa fue de los policías municipales que no cumplieron los protocolos.
A tan sólo 30 minutos del lugar del linchamiento, en Tehuitzingo, está la base de operaciones mixtas con destacamentos de policías, ministeriales y Ejército.
La información del levantamiento de la turba contra los dos detenidos posteriormente quemados vivos, fue a las 15.30 horas. Dos horas más tarde se iniciaría la ejecución popular, mientras familiares de los detenidos intervenían en redes sociales suplicando fuera detenido el linchamiento.
¿Dónde estaba la operación policiaca? ¿Dónde los helicópteros? ¿Dónde la coordinación de las fuerzas militares y estatales?
Ocho meses antes del 29 de Agosto, fatídica fecha del linchamiento de dos personas presuntamente inocentes, el Presidente Municipal, Guillermo “Memo” Martínez Rodríguez, se disponía a rendir su informe. Emanado de las filas del PAN en aquella zona, egresado de Arquitectura de la BUAP, el responsable de la administración de Acatlán de Osorio fue cuestionado por los pobladores debido a la falta de seguridad en la zona de San Vicente Boquerón, por ser el paso a los municipios de Xayacatlán y Santa Inés Ahuatempan, debido al transporte en camionetas de ganado robado.
En declaraciones a la OEM los vecinos expusieron: “Por las noches escuchamos que carros van y carros vienen, se escucha cómo pasan camionetas que al parecer llevan ganado, por el ruido que hacen, pero qué vamos hacer o quién va a salir para averiguar, si todo está a oscuras, los caminos son paso de delincuentes y la autoridad no hace nada”.
En San Vicente Boquerón había, por lo tanto, antecedentes de miedo a la inseguridad de sus habitantes. No sólo el ganado, las versiones en redes sociales sobre el robo de menores creció por el caldo de cultivo que ya existía ocho meses antes.
En el mejor de los casos las autoridades municipales y estatales tuvieron 8 meses para investigar, para pronosticar, para usar los sistemas de inteligencia del estado y prevenir hechos lamentables como el del 29 de agosto.
Pero pudo más la ambición por conservar el poder y no por prevenir los actos de delincuencia masiva, significada por cientos de focos rojos en la entidad.
El 21 de Octubre de 2015, dos días después del linchamiento en Ajalpan el portal Sin Embargo publicó una información bajo el título: “Familias de linchados exigen a Moreno Valle ver inseguridad, no sus ambiciones políticas”.
Sería acaso esa la razón del descuido…
O por lo menos, así me lo parece.
