Por Valentín Varillas
Por años, autoridades de todos los niveles de gobierno minimizaron la realidad que se vivía en el municipio de San Martín Texmelucan.
Es evidente que así les convenía.
Las actividades ilícitas que ahí se llevan a cabo, históricamente han dejado ganancias millonarias para quienes las toleraron.
Sin embargo, había que darle atole con el dedo a una ciudadanía harta de la violencia, de la corrupción y sobre todo, de la impunidad.
Esa ciudadanía que se cansó de gritar a los cuatro vientos que vivían un auténtico infierno y que por mucho tiempo recibió únicamente simulación de quienes tenían la obligación de hacer algo por ellos.
El engaño se vistió de diversas formas y funcionarios.
Por ejemplo, hace más de un año, ante la desesperación de los comerciantes locales por ver sus ganancias aniquiladas, debido a la situación de violencia generalizada en el municipio, la delegación de la Cámara Nacional de Comercio pidió que algún perfil cuyo trabajo tuviera que ver directamente con el tema de la seguridad, explicara qué carajos se haría con el caso de Texmelucan.
De esta manera, el entonces presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Mario Rincón, hizo acto de presencia.
En reunión con empresarios dedicados al comercio, Rincón mostró un desconocimiento absoluto de la complicada realidad que se vivía San Martín y en general, no tenía ni idea de cuáles eran los focos rojos que se habían encendido en el estado debido al embate de la delincuencia.
A pesar de esto, no tuvo el menor empacho en prometer que “de su cuenta corría”, que en menos de tres meses, el municipio estaría “blindado” gracias al trabajo conjunto y coordinado de instancias de distintos niveles de gobierno.
Pasaron los días, las semanas, los meses y nada cambió.
No extraña el resultado final, si tomamos en cuenta la comprobada ineptitud de quien fue escogido para semejante tarea.
Ante el fracaso de Rincón, llegó el diputado Víctor León Castañeda a intentar tomar la estafeta.
El entonces legislador local, hoy candidato a la diputación federal, jura que gracias a su gestión, la comandancia local y la Casa de Justicia fueron una realidad para San Martín.
Con un pequeño detalle.
El supuesto logro no pasó de designar inmuebles y ponerles el tan pomposo mote.
Sí, la Casa de Justicia no funciona, simplemente porque no cuenta con el personal para hacerlo.
Así es, nunca lo tuvo realmente, más allá de la inauguración y la propaganda mediática.
Jamás ha servido para nada.
Algo similar pasa con la comandancia, la cual se habilitó en un edificio inoperable, inclusive para los estándares en los que se encuentran los espacios destinados a albergar las instancias encargadas del combate a la delincuencia.
Goteras por todas partes y la ausencia absoluta de servicios básicos como el drenaje y el agua potable.
Increíble.
El edificio no era ni siquiera medianamente habitable.
Por eso nunca sirvió en los hechos.
Sí, dos candidatos que hoy le piden el voto a los electores en sus respectivos distritos, engañaron, mintieron, minimizaron, obviaron; en pocas palabras: fracasaron al momento de darle respuesta concreta a uno de los problemas más graves de seguridad pública y de gobernabilidad que se vivían en el estado.
¿Por qué volver a votar por ellos?
Todo lo anterior, sobra decirlo, sucedió con el aval del presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, otro gran responsable de la grave realidad que se vive en este lugar.
Y es que, mientras esto pasaba, la delincuencia organizada ocupaba más de ciento treinta plazas de su policía municipal, realidad que él jura y perjura desconocer.
¿Será?
¿Cómo explicar que buena parte de los elementos policíacos a tu cargo sean auténticos delincuentes, sin que tú como autoridad máxima del municipio te des cuenta?
¿Ineptitud?
¿Complicidad?
Ambas, igual de graves.
Ambas, suficientes para justificar una investigación a fondo y si hay lugar, un proceso legal con consecuencias ejemplares.
Si hay congruencia entre el decir y el hacer, es lo mínimo.
¿O no?
