Shanik David
En el estado de Puebla se carecen de mecanismos jurídicos para la vigilancia de los procesos de licitación y adjudicación de obras públicas, ni hay criterios que faciliten competencias libres entre las empresas, así lo reportó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dentro del Índice Legal de Obra Pública.
El análisis evaluó a las 15 entidades con mayor población y que tienen una mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB), y si bien Puebla quedó empatado en la posición número cinco, tuvo una calificación reprobatoria.
De los 144 indicadores evaluados, en el estado de Puebla sólo se contaron con 83, lo que representa el 56.94 por ciento.
En el estudio, el IMCO describe que se hicieron revisiones a las leyes, manuales y reglamentos de cada uno de los estados que rigen los procesos de obra pública, partiendo de la premisa que “la ausencia de información que describa el funcionamiento integral de la obra pública subnacional mexicana, limita el desarrollo de soluciones eficaces para reducir deficiencias técnicas, operativas, normativas o presupuestales, las cuales se traducen en proyectos de obra pública que con frecuencia no generan los beneficios esperados”.
Es decir, la falta de una normatividad clara tiene un impacto directo en la eficiencia de los proyectos de infraestructura ejecutados y la forma en la que estos se licitan.
De este modo, llama la atención que en Puebla no se encontraron lineamientos relacionados con la existencia de testigos sociales, investigaciones de mercado, participación de las medianas y pequeñas empresas (MIPYMES), controles para evitar prácticas monopólicas y regulaciones de los comités de obras.
También se tuvieron deficiencias en materia de acceso a la información del desarrollo de obras públicas pues no se difunden las actas correspondientes, no hay un sistema electrónico de licitaciones de obras, ni un registro público de contratistas; tampoco se hacen públicos el programa anual de obras ni las inhabilitaciones aplicadas.
En cambio, se señala que los puntos positivos que se registraron en Puebla es que las licitaciones son generalizadas para la adjudicación de contratos, teniendo como restricción para que se entregue un proyecto si hay indicios de colución; se deja abierta la posibilidad de que las empresas participen en estos procedimientos sin que estén dados de alta en el padrón de proveedores, y se tienen mecanismos de auditoría claros.
