Por Jesús Manuel Hernández
El escándalo desatado por la muerte de Mara Castillo, luego de ser transportada en un auto de Cabify cuyo conductor había estado antes en Uber, y contaba con la carta de antecedentes no penales de la Fiscalía de Puebla, encendió los focos rojos en el tema del transporte llamado “ejecutivo”.
Pero también sirvió para ocultar el enorme vacío legal y la existencia de una nueva mafia del transporte público en Puebla al amparo del gobierno que quiso sustituir a los antiguos permisionarios de autobuses y taxis con un grupo de empresarios y políticos amparados en la impunidad y la complicidad.
Los ataques a Cabify vinieron desde dentro del gobierno y del grupo cercano al exgobernador, entre otros asuntos porque sus inversiones e intereses están en Uber y el representante legal de Cabify, Miguel Abad, panista, antes era aliado del morenovallismo y después se convirtió en gente muy cercana a los enemigos dentro del partido, del exgobernador.
Uber, Cabify, Mytaxi, entre otras empresas, han desarrollado aplicaciones para facilitar la localización del servicio, muy útiles en países desarrollados y donde la seguridad no es un problema. Las aplicaciones funcionan, son confiables, la relación de los desarrolladores de la plataforma es con los propietarios de autos que ofertaron la facilidad de usar sus propios vehículos para cubrir trayectos en horas que estaban parados y con eso solventar los gastos del auto y tener un ingreso extra. Y así ha sucedido.
Pero en Europa el servicio de taxis no es inseguro, es confiable, los autos usados pasan revisiones cada año y se sujetan a reglamentos muy rigurosos donde el conductor debe pasar un examen técnico y se convierte en “conductor profesional”, los autos usados no deben pasar más de 10 años de antigüedad y todo, absolutamente todo está muy regulado.
En Puebla el asunto es diferente. Una buena parte de los taxis están dentro de una “flotilla”, cuyo dueño normalmente ha sido una persona ligada al PRI, a la mafia del poder del transporte, donde los juegos de placas fueron producto de servicios en trabajos electorales o de acarreo de personas. Regidores, diputados locales y periodistas, entre otros, fueron recompensados por el gobierno en turno con la concesión de “un juego de placas”. Tener un taxi no es negocio, pero tener 10, vaya que lo es. La relación del concesionario y el chofer no está avalada legalmente, no hay contrato laboral, no hay prestaciones, se entrega el auto y a cambio el chofer debe devolver una cuota y el tanque lleno de combustible.
Por eso cuando apareció Uber y luego Cabify, los políticos cercanos al poder vieron la oportunidad de suplir una mafia con otra que permitiera otorgar un servicio “confiable”, en autos nuevos, con cargo a una tarjeta de crédito y donde el monitoreo del viaje es posible, de tal forma que se incrementó la percepción de la confianza que brinda el servicio.
Pero la realidad ha venido a ser diferente. Ni Uber ni Cabify contratan choferes, ni compran autos, sólo prestan la aplicación y cobran por su uso. Ellas facturan, y pagan a los propietarios de los autos que están inscritos en el servicio.
Los choferes son contratados por el dueño del auto; el mantenimiento y el pago al chofer es responsabilidad del propietario. Uber y Cabify sólo piden cartas de antecedente no penales, pero ese no es problema, la complicidad es buena mediadora para conseguirlas, como sucedió en el caso del responsable del auto donde viajó Mara.
Al debutar en Puebla Uber, los choferes usaban corbata, ofrecían agua al pasajero, se bajaban y abrían la puerta y preguntaban qué música quería escucharse. Eso ha dejado de suceder, porque los primeros choferes fueron de las camadas de empresas de autobuses, como Estrella Roja o ADO, donde se capacita a los conductores.
El crecimiento de los usuarios de la plataforma, acabó por el control de calidad y en consecuencia cualquiera puede tener una flotilla de autos suscritos a las plataformas, sobre todo si son financiados con dinero negro, otro vacío en el marco legal.
Y por tanto hay muchas dudas, que podrían empezar a despejarse si el gobierno exigiera la transparencia y el conocimiento de los propietarios de los autos, pero seguramente no lo hace, porque algunos nombres son del primer círculo.
O por lo menos, así me lo parece.
