Por Valentín Varillas
No se vaya con la finta.
Desde siempre, la supuesta lucha en contra de la corrupción en el servicio público nacional, no ha sido más que un convenenciero ajuste de cuentas entre distintos grupos que se mueven bajo la lógica de las más sofisticadas mafias.
La parcial persecución de ex gobernadores -tan de moda en estos tiempos tan revueltos- no es más que la exposición pública de personajes prescindibles y sacrificables para el actual grupo en el poder, que se beneficia saciando parcialmente la sed de sangre de un pueblo ávido de justicia.
Las condiciones están dadas para que el desvío de recursos y el enriquecimiento personal de quienes nos gobiernan siga siendo la institución más sólida de este país.
Decenas de Duartes, Yarringtons, Padrés, Graniers, Reynosos, Moreiras y demás surgirían sin problemas si sus gestiones se sometieran al mismo riguroso tamiz por el que han pasado quienes integran los nombres anteriores.
Lo mismo ha pasado en la vida sindical nacional.
La contundencia con la que se persiguió en su momento a La Quina, Carlos Jongitud o Elba Esther Gordillo se tradujo en laxitud cuando se trató de personajes como Fidel Velázquez, Víctor Flores Morales o Carlos Romero Deschamps.
En Puebla, vivimos uno de los ejemplos más claros de un pacto de impunidad disfrazado de compromiso anti–corrupción.
Rafael Moreno Valle tuvo todos los elementos para encarcelar a Mario Marín y a personajes verdaderamente importantes de su círculo más íntimo, pero prefirió llegar a acuerdos y negociaciones de beneficio propio y de grupo.
Alfredo Arango, arquetipo de esa conveniente cruzada anti-marinista, siempre fue prescindible para el priista.
Una beneficiosa y muy barata moneda de negociación con la que blindó a sus verdaderos incondicionales.
El ex secretario de salud vivió en “encierro” relativamente corto y en condiciones excepcionales (buena parte del tiempo la pasó en la suite 24 del Hospital Puebla), gracias a la complicidad de la entonces bancada panista en el congreso local.
Y es que, los diputados blanquiazules votaron a favor de la aprobación de la cuenta pública de la Secretaría de Salud correspondiente al 2009, lo que evitó que Arango fuera juzgado, además de por enriquecimiento ilícito, por otros delitos relacionados con el mal manejo de los recursos del erario estatal.
A cambio, Acción Nacional consiguió que, en la recta final del sexenio marinista, la aplanadora priista en esa legislatura votara a favor de alcaldes y ex alcaldes panistas señalados por irregularidades importantes en sus cuentas públicas.
La lista la encabezaba el “Pollo”, Francisco Javier Díaz Fernández, ex presidente municipal de Tehuacán, con irregularidades en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007 por un monto de mil 325 millones 94 mil 872 pesos con 16 centavos, además del período del 1 de enero al 14 de febrero de 2008 por un total de 17 millones 754 mil 560 pesos con 59 centavos.
Es decir, salió impune a pesar de no poder explicar, jurídicamente, el destino de más de 1,340 millones de pesos.
Le seguía Manuel Vargas Martínez, a quien los atlixquenses le debían en su momento el regreso del PRI a la presidencia municipal después del monumental fracaso de su administración.
Se le señalaba por no poder comprobar cómo gastó, en los mismos períodos que el Pollo, más de 372 millones de pesos.
Después, Celerino Fabián Medel, de Chilchotla, con más de 152 millones; Ricardo Ramón Juárez Luna, de Chalchicomula de Sesma, con 58 millones; Martín Huerta Herrera, ex edil de Zacapala, con irregularidades por 15 millones de pesos y José Luis Limón Pérez de San Nicolás Buenos Aires con 5 millones y medio.
En total, la bancada del PAN en la 57 legislatura negoció con el gobernador que quedara impune el desvío de más de 1,942 millones de pesos de sus alcaldes.
Nada mal.
Además, los diputados del tricolor aprobaron reformas como la electoral, modificaciones a leyes que favorecieron al entonces gobierno entrante y hasta una partida presupuestal discrecional para financiar “las acciones necesarias para facilitar el proceso de cambio de gobierno en el período de transición”.
¿Compromiso contra la corrupción?
Por favor.
La política nacional, con la poblana incluida, se basa en buena parte en estas amarres y negociaciones, no en un trabajo real en beneficio de quien con su voto abona a la llegada al poder de un grupo específico.
Lo dicho: son ajustes entre mafias.
Nada más.
