Por Valentín Varillas
Sucedió el jueves pasado cerca de las nueve y media de la noche, sobre Calzada Zavaleta, casi llegando al Bulevar Forjadores.
Justo enfrente de la caseta de vigilancia del fraccionamiento Santa Cruz Guadalupe, un grupo de hombres y una mujer, fuertemente armados, sacaban a golpes y a punta de pistola a un hombre que viajaba en un automóvil modelo Jetta, para llevárselo sin mediar palabra.
Quienes por ahí circulaban, así como los habitantes de este lugar, quedaron asombrados por el nivel de violencia con la que se dio este hecho.
La madriza fue de antología.
Como si se tratara del set de una película, familias enteras vieron con terror las armas de grueso calibre, las palabras altisonantes, los golpes, con el temor de convertirse en potenciales víctimas fatales.
Los involuntarios espectadores nunca supieron qué fue lo que realmente pasó.
Personal de seguridad del lugar asegura haber escuchado el momento en el que miembros del escuadrón se identificaban a gritos como elementos de la Policía Federal.
No portaban uniformes, ni insignias.
Mucho menos se tomaron la molestia de presentar alguna identificación o la orden de aprehensión que justificara la detención.
Nada, absolutamente nada.
En este, nuestro querido México, en donde la debilidad institucional es el gran cáncer nacional, ninguno de los requisitos anteriores indicaría que se trata efectivamente de un procedimiento llevado a cabo por alguna autoridad.
Son frecuentes las historias en donde delincuentes han portado vestimenta oficial, civil o militar, para llevar a cabo secuestros u homicidios.
Al tratarse de un operativo con estas características, lo lógico hubiera sido que tuviera una repercusión mediática importante.
No fue así.
Por la rapidez con la que se realizó y tal vez por el miedo que generó, no se encontraron imágenes en las siempre oportunas y demoledoras redes sociales.
Tal vez por la dinámica de la temporada vacacional, nada en Twitter, Facebook o Instagram.
La única información parecida, difundida por medios locales, se refiere a la detención de un secuestrador proveniente del Estado de México por elementos de la Policía Federal, que conducía un auto del mismo modelo y color que el de Santa Cruz Guadalupe –que fue parte del pago del rescate-, pero que de acuerdo con el parte oficial fue capturado en el kilómetro 183 más 700 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán, en el tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho.
No hay coincidencia geográfica entre ambos hechos, a pesar de sus terribles similitudes, si es que el parte oficial efectivamente dice la verdad.
Y es que, no vaya a ser que se haya modificado el lugar, para quitarle “impacto social” al tema.
No es lo mismo que se detenga a un secuestrador buscado en otro estado en una de las vialidades más transitadas de la zona conurbada de la capital, en un impresionante operativo, con decenas de civiles inocentes de por medio, a que se realice en una carretera remota, sin que exista el menor riesgo de tener como resultado víctimas inocentes que lamentar.
El hermetismo y la falta de confianza en las siempre ambiguas y poco creíbles versiones oficiales, justifican el escepticismo.
También existe la posibilidad de que se haya tratado de un secuestro, uno más, y que no se haya presentado la denuncia correspondiente o se intente proteger la integridad de la víctima.
En el estado, la cifra de este tipo de delitos ha crecido de manera importante en los últimos 4 años (183 casos).
Cualquiera de los dos escenarios, el de la mentira oficial o la del secuestro, es sumamente grave y echa por tierra la tan trillada versión de las autoridades, que aseguraba que Puebla estaba ajena a un entorno nacional muy complicada en materia de seguridad pública.
Lo cierto es que, la realidad, aquella que cada día se nos manifiesta con particular contundencia, hace mucho tiempo que nos alcanzó.
Falta, por supuesto, que nuestros gobernantes lo acepten públicamente y empiecen a actuar en consecuencia.
