Por: Valentín Varillas
Vaya fichaje penoso el que cerró apenas hace unos días el candidato del PAN a la guberantura, José Antonio Gali Fayad.
Lejos de sumar, le resta a la imagen y prestigio de la campaña oficial.
Más allá del marinismo puro al que sin duda pertenece todavía, Darío dejó a su paso por la SEP poblana en el anterior sexenio, una enorme estela de corrupción.
Sus acciones contrastarán sin duda con el discurso de supuesta honestidad que recita el candidato panista a la menor provocación.
Simplemente, no hay congruencia.
Las historias oscuras de Carmona como secretario son muchas y muy varias.
En lo personal, la favorita es la de la misteriosa desaparición de 400 millones de pesos del presupuesto federal, que a su llegada a Puebla se desvanecieron como por arte de magia.
En su momento, cuando Carmona estaba en el cargo, se la publiqué y siempre lo negó.
Nunca con argumentos.
Partiendo de aquella máxima de que “recordar es vivir” le doy contexto:
Se trataba de una partida presupuestal que la Secretaría de Hacienda había autorizado para Puebla con el objetivo de contratar a 850 docentes y de esta manera cubrir un importante déficit de maestros en el sistema educativo poblano.
El dinero llegó a las arcas de la secretaría, pero jamás se ocupó para las contrataciones de docentes.
Y es que, por órdenes del propio Darío Carmona, a través del Departamento de Recursos Humanos y Personal, a cargo de Alfonso Valles Ramos, se bloqueó este proceso.
A la par, el entonces director de Planeación y Programación Presupuestales de la SEP, Felipe de Jesús Mijangos Cabrera, recibió la instrucción de elaborar de inmediato toda la documentación requerida por el gobierno federal para proceder a la supuesta devolución del dinero autorizado y que no se ejerció.
Sin embargo, los oficios nunca fueron recibidos por el gobierno federal.
Cada quincena, desde la Secretaría de Finanzas, se sacaban los cheques correspondientes a sueldos de 850 maestros que jamás fueron contratados, por lo menos no de manera oficial.
Se utilizaron a docentes eventuales con salarios menores a los registrados para aparentar que se estaba cubriendo el déficit de maestros y que se estaba haciendo un buen uso de los recursos federales entregados para este fin.
Se permitió que docentes de diferentes niveles, que ya contaban con plaza, pudieran “dobletear” y trabajar horas extras para ganarse un dinero adicional.
Como oficialmente se tenían autorizadas y consideradas en el presupuesto las 850 contrataciones, se detonó un auténtico furor por la venta de plazas.
Con la complicidad de los sindicatos de docentes, éstas se ofertaron entre 120 mil y 200 mil pesos, con la promesa de que serían aprobadas de inmediato y sin ningún problema.
Las altas de docentes fueron autorizadas por quien fungía como Director de Recursos Humanos, José Antonio Muñoz Carballeda y por el entonces Jefe del Departamento, Alfonso Valles Ramos.
A través del área de nóminas se llevaba el control de las horas laboradas por los docentes para la emisión de pagos de quienes se encontraban comisionados en el sindicato, eran interinos o disponían de permisos especiales y el tiempo asignado a cada maestro en cada una de las escuelas en las que laboraba.
El manejo de las bitácoras laborales se llevó con total hermetismo y en la absoluta opacidad.
Semanas antes de concluir el sexenio, Dario Carmona ordenó el cierre de plazas y se giró la instrucción de que no habría altas hasta que lo autorizara el nuevo gobierno.
Sin embargo, la cancelación oficial de las 850 plazas ante el gobierno federal nunca se realizó.
Con antecedentes así, ¿qué hará Gali con Carmona si gana?
¿Se atreverá a pagarle la factura de su supuesto apoyo con un cargo público en su gobierno?
¿Se imagina?
A estas alturas, todo puede pasar.
