Por: Socorro López Espinosa
El programa “borrón y cuenta nueva” en beneficio de 245 mil morosos del pago de agua para uso doméstico en Puebla tiene puntos positivos y negativos, aunque es una medida electorera y pende de un hilo: el legal, ya que todo está en la interpretación de la Ley y que el Congreso local fije su posición.
En lo personal no estoy de acuerdo en perdonar adeudos a algunos, mientras que muchos otros sí cumplimos con nuestra obligación y pagamos el agua a tiempo. Este tipo de medidas solo premian la morosidad.
Con el programa “borrón y cuenta nueva” propuesto este miércoles por la empresa concesionaria Agua de Puebla se anula la deuda a los 245 mil morosos y los compromete a pagar; al tiempo que la empresa se protege de que el gobierno le pida en el futuro otro perdón a los deudores.
Definitivamente, la concesión del servicio de agua que hizo el gobierno de Rafael Moreno Valle en 2013 a una empresa privada fue contrario a todo derecho y en perjuicio de los ciudadanos. La concesión tiene una duración de 30 años a favor de la empresa Agua de Puebla.
A partir de ese año la empresa asumió el control del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, y administración total del servicio, con facultad de aplicar multas y recargos. Las tarifas son fijadas por el Congreso local.
La empresa optó por “recategorizar” algunas viviendas y colonias, lo que significó el incremento en el costo del servicio, en algunos casos de hasta el 300 por ciento.
Los poblanos en los dos últimos años han sufrido el incremento desproporcionado en el costo del servicio, tienen un servicio irregular, daños constantes en tuberías y lentitud en reparar fugas; aunque antes de la concesión el servicio tampoco era del todo eficiente.
Puntos positivos del programa “borrón y cuenta nueva” que propone Agua de Puebla son:
– El “perdón” de la deuda no es en automático.
– Obliga a los morosos a firmar un convenio individual.
– Cada deudor, a partir de la fecha de firma, deberá pagar de forma ininterrumpida el servicio por 60 meses (5 años).
– Si el moroso se atrasa 60 días en su pago, se anula el convenio y se reactiva su deuda por completo.
– Los morosos no tienen pretexto para quedar a deber otra vez, con la esperanza de que les vuelvan a “perdonar” su deuda.
– La empresa se “protege” durante 5 años para recaudar pagos completos por el servicio del agua, drenaje y saneamiento.
– La empresa durante 5 años evita “descapitalizarse”
– La empresa durante 5 años evitará al máximo que aumente su cartera vencida.
– La empresa buscar recuperar el pago de 245 mil usuarios.
Puntos negativos del programa “borrón y cuenta nueva” que propone Agua de Puebla son:
– Es una medida electorera, promovida por el actual presidente municipal Antonio Gali, y posible candidato del PAN a gobernador de Puebla
– Se perdona la deuda a 245 mil morosos.
– No hay ningún apoyo ni beneficio a los miles de poblanos que sí pagan el agua a tiempo. El programa “pago anticipado” no es un gran beneficio efectivo para los usuarios que sí cumplen.
– La empresa mantiene su capitalización al tener “amarrados” a los 245 mil usuarios, independientemente de todos aquellos ciudadanos que sí cumplen con sus pagos y no tienen ninguna multa o recargo.
– No hay revisión a la baja de tarifas de agua, porque el Congreso no ha hecho ningún cambio a la ley y es el único que puede aprobar tal modificación (Artículo 117 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla).
– El programa corre el riesgo de ser desconocido, según la interpretación que se dé al artículo 108 de la Ley del Agua para el estado de Puebla.
Cabe la pregunta ¿La empresa Agua de Puebla tiene facultad de aplicar este programa?
Sí, porque el Ayuntamiento puede hacer un “convenio” con el prestador del servicio vía Soapap, en este caso concesionado a la empresa Agua de Puebla, según lo que señala el artículo 23 fracciones IV, IX y X, de la citada Ley.
Dichas fracciones hablan de la facultad del Ayuntamiento para “determinar, requerir y cobrar” los derechos generados por el servicio; y si hay incumplimiento del usuario puede “determinar” los créditos fiscales, requerir su pago o bien celebrar actos administrativos y convenios necesarios.
No se están modificando las tarifas de agua, simplemente se actúa sobre la deuda histórica de 245 mil usuarios del servicio.
Sin embargo, todo depende de la interpretación que pueda darse a la ley, en dos artículos en particular.
El artículo 107 de la referida Ley dice: “La determinación de los derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en los artículos precedentes, se realizará en razón al uso al que se destinan los Servicios Públicos y atendiendo a criterios de proporcionalidad y equidad tributarias. Los Prestadores de Servicios estarán facultados para implementar programas temporales de regularización de Usuarios y para recibir pagos anticipados de los derechos de los servicios previstos por esta Ley”. (El subrayado es de esta reportera).
Pero, el artículo 108 dice: “Los derechos productos y contribuciones de mejora relativos a los servicios públicos previstos en la ley no podrán ser objeto de exención o condonación parcial o total. En consecuencia estarán obligados al pago de las contribuciones que dispone esta ley, los usuarios, las dependencias o entidades federales, estatales o municipales, organismos constitucional y legalmente autónomos, las instituciones educativas y culturales, las de asistencias pública o privada”. (El subrayado es de esta reportera).
Es decir, la empresa Agua de Puebla puede apelar al artículo 107 porque el programa “es temporal”, su objetivo es regularizar a usuarios y la aplicación del programa está condicionada, pues así lo establece en los requisitos que difundió:
+ El programa es temporal. Solo estará vigente por 60 meses
+ El convenio será nulo en el momento en que el usuario deje de pagar 60 días consecutivos.
+ Claramente la empresa advierte que al incumplirse el convenio se reactiva la deuda.
+ El usuario que no cumpla el convenio no podrá volver a ser beneficiado en ningún programa.
+ Solo aplica a los usuarios de uso doméstico, escuelas públicas y organismos de asistencia social.
Podría haber controversia con el programa -que entrará en vigor el próximo 15 de febrero- si alguien apela al artículo 108 y no al artículo 107.
Por ello es necesario e importante que el Congreso se pronuncie al respecto.
Además, el alcalde Antonio Gali debe dar a conocer públicamente si hay o no un convenio entre el Ayuntamiento de Puebla y la empresa de Puebla, o entre el Ayuntamiento de Puebla y el Soapap para aplicar este Programa de “borrón y cuenta nueva”, y que el documento ya fue enviado al Congreso para su conocimiento.
Lo anterior sólo para cumplir con las formas y evitar que el futuro alcalde, gobernador o legislatura digan que dicho programa de la empresa no tiene validez alguna y que hay que reactivar los adeudos históricos.
Si llegara a ocurrir esto último, una vez más los poblanos serían engañados y manipulados por el gobierno, y por funcionarios del gobierno morenovallista.
La única que gana en cualquier de los dos casos (con programa o sin progama) es la empresa Agua de Puebla, porque seguirá cobrando el servicio durante los 30 años que dura la concesión.
