Por: Rocío García Olmedo
Uno de los ejes marcados en la acción convocada por la ONU México denominada #16DiasdeActivismo contra la violencia de género, -que inició el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos- se dedica a la “eliminación del matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”.
La ONU considera como una práctica nociva el matrimonio de niñas y las uniones tempranas, ya que “afectan gravemente a la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas; impacta en su desarrollo futuro y en el de sus familias y también incrementa la discriminación y la violencia en su contra”
En datos del INEGI, una de cada cinco mujeres se casa siendo una niña, 6.8 millones de mujeres se casaron antes de cumplir los 18 años, más del 60% de ellas vivían en pobreza.
#NiñasNoEsposas es el hashtag que se ha venido difundiendo en redes sociales durante este período, para sensibilizar y concientizar sobre ésta práctica a los gobiernos de todos los niveles, sugiriéndoles: Garantizar la seguridad social de manera integral a todas las niñas y adolescentes, para combatir esta práctica y promover oportunidades de inclusión y desarrollo para ellas; Empoderarlas, para lograr la igualdad entre hombres y mujeres; Campañas de difusión, que den cuenta de las consecuencias negativas del matrimonio o la unión a temprana edad; Mantener a las niñas en las escuelas, de manera que su permanencia en el sistema educativo sea hasta la preparatoria; y, dos elementos más que me parecen fundamentales: El establecimiento de un sistema de información, registro y diagnóstico, que permita ser la base para el diseño de políticas públicas en esta materia; y, La armonización de las leyes.
En México contamos con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en vigor (DOF 04-12-2014) y hace unos días fue publicado el Reglamento de dicha Ley (DOF: 02-12-2015). Esta Ley establece ya, como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, además de establecer la integración de un Sistema Nacional de Protección Integral -ya instalado- un Sistema Nacional de Información de datos, y determina la obligación de elaborar un Programa Nacional y Evaluación de las políticas vinculadas con la protección de los derechos de las niñas niños y adolescentes, con lo que el Gobierno Federal emprende las acciones a seguir en esta materia.
Sin embargo hace falta la armonización de esta Ley General en los estados de la República. Hace falta completar la armonización de la edad para contraer matrimonio que establece esta Ley General, en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de los Estados.
El Gobierno Federal también, ha presentado una Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, con una visión integral “evitar el embarazo no planificado en adolescentes no puede ser sólo una responsabilidad de las mujeres. Los varones son parte esencial del ejercicio de la sexualidad responsable a esa edad. Los embarazos no planificados, ponen en riesgo la salud de la madre y de su bebé, y en la gran mayoría de los casos alteran su proyecto de vida ya que reducen sus oportunidades de educación, trabajo, ingresos y superación personal”
No puede ser que en el año 2013 en México, 11 mil niñas de entre 10 y 14 años de edad se convirtieron en madres (Datos de INEGI). Son niñas criando niños, cuando debieran estar estudiando, divirtiéndose y disfrutando su infancia.
Falta ahora la intervención del resto de los niveles de gobierno, los estatales y los municipales, y no sólo hacerlo desde las leyes, mediante su armonización, o escribir en el escritorio apoyados de diversos especialistas un documento para el diseño de la política pública, sino también falta que las pongan en práctica. Y podrían iniciar con diseñar Campañas de Educación Sexual y Reproductiva, por supuesto articuladas desde la infancia y desde un enfoque de derechos humanos, adaptadas para cada edad, con contenidos informativos pero también formativos. Las niñas/os y jóvenes necesitan información, conocimientos y orientación para poder decidir sobre sus vidas.
A nivel nacional la Secretaría Ejecutiva Sistema Nacional de Protección Integral que prevé la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quedó en las mejores manos: Ricardo Bucio, un experto en derechos humanos, que hizo un gran trabajo al frente de CONAPRED y que seguramente ya está abocado en éste, que es sólo uno de los derechos protegidos en la Ley a favor de las niñas, niños y adolescentes.
