Por Shanik David
Pobladores de Ajalpan solicitaron al Congreso del estado la suspensión y desaparición de poderes del ayuntamiento ante la situación de ingobernabilidad que se vive en la actualidad, ocasionada por la negligencia del presidente municipal Gustavo Lara Torres.
Esto se indica en un documento que fue presentado ante los diputados, y que está firmado por el Movimiento Civil de Reconstrucción Social, Empresarios, Constructores, Transportistas y Ciudadanos del Municipio de Ajalpan, en el cual señalan que desde el principio de la administración del edil se habían denunciado los niveles de violencia y delincuencia que permean en la comunidad, sin que se haya hecho nada al respecto.
En el oficio, del cual se tiene copia, se detalla incluso que entre las molestias que hay en el sector empresarial de Ajalpan está el hecho de que el alcalde ha adjudicado obras y contratos a empresas suyas, dejando de lado la participación de los inversionistas locales.
A esto se suma la poca eficiencia de los cuerpos de policía quienes no han podido combatir los hechos delictivos que se registran en la comunidad, y que llevaron a los hechos violentos del pasado 19 de octubre.
“El municipio de Ajalpan cayó en un contexto de impunidad y desconfianza hacia la autoridad municipal, ocasionando la ingobernabilidad”, se sentencia en el documento, en el cual además se indica que los hechos de hace un mes se originaron ante el vacío de poder de las autoridades y la desesperación de los ciudadanos.
Por este motivo, señalan como único responsable de los sucesos, en los cuales fueron linchados los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina, al ser el culpable de la falta de confianza y gobernabilidad en el municipio.
Con estor argumentos justificaron la petición de la desaparición de poderes y que se nombre a un consejo municipal para asumir las acciones de gobierno en la comunidad.
Otra de las peticiones que se hicieron a los legisladores locales es que las investigaciones que se llevan a cabo en torno a los hechos del 19 de octubre se hagan con apego a la ley, ya que desde el arresto de quienes han sido señalados como responsables se han dado irregularidades.
Esto lo denunció Rosa Elvia Altamirano Olivier, madre de Vladimir Castillo Altamirano, un joven de 20 años que fue señalado como uno de los instigadores del linchamiento de los encuestadores.
La señora describió que su hijo no estuvo presente el día de los hechos, pese a lo cual la madrugada del 22 de octubre, alrededor de las 3 de la mañana, policías vestidos de civil ingresaron por la fuerza a su domicilio, para lo cual rompieron chapas, puertas y ventanas, tras lo cual sacaron a golpes al joven sin dar explicación alguna a la familia.
Este modus operandi descrito por la pobladora de Ajalpan asemeja la forma en la que se desplegó el operativo de la policía estatal el 18 de octubre de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan cuando se detuvieron a pobladores acusados por los hechos violentos del 9 de junio en la autopista a Atlixco.
Altamirano Olivier señaló que a lo largo de todo ese día fue ante diferentes instancias en búsqueda de su hijo, y que fue hasta las 12:45 de la madrugada cuando dio con él en el penal de Tepexi de Rodríguez.
Agregó que tras platicar con los familiares de los demás detenidos se dio cuenta que la forma de las detenciones de los que hoy son acusados se dieron de manera similar, por lo que se asume que la mayoría son inocentes.
Como parte del proceso que se abrió en contra de los detenidos se les informó a los familiares que tienen hasta el mes de febrero para presentar las pruebas necesarias para obtener la liberación de los jóvenes, en caso de que sean inocentes, lo cual implica que pasarán al menos cuatro meses en prisión en lo que se determina su situación legal.
