Por Shanik David
Bajo el argumento del desarrollo y progreso, los gobiernos estatal y federal aplastan los movimientos sociales y acciones de coordinación comunitaria que se han dado en algunas zonas tanto del país como del estado, con el objetivo único de beneficiar los intereses de grandes corporaciones.
Este fue el mensaje inaugural del foro “Por el Derecho a la Vida y el Territorio en la Sierra Norte de Puebla”, en el cual se presentó información sobre los proyectos mineros, hidroeléctricos y de extracción de petróleo que se desarrollan, practicamente por la fuerza, en la entidad.
Durante la inauguración del encuentro, Silvia Villaseñor, representante del Consejo Tiyat Tlali, resaltó que de manera generalizada hay un hartazgo hacia la imposición de los proyectos de mercantilización del agua y de la tierra.
Sin embargo, aunque en respuesta a estas medidas que son defendidas por las autoridades se han fraguado movimientos sociales de los propios habitantes de las comunidades afectadas, también existe una política para la destrucción de estos movimientos.
Para esto, explicó, tanto el gobierno como las propias empresas recurren a la desinformación como una forma de desacreditar los movimientos sociales o confrontarlos entre sí.
“Estamos aquí para denunciar el despojo del que somos objeto”, resaltó la activista, al acusar una vez más que las autoridades de los tres niveles de gobierno en vez de apoyar a los pobladores acceden a las demandas de los grandes capitales y aplastan a las comunidades.
“Ya basta de la cantaleta del desarrollo y del progreso, de competitividad que el gobierno estatal y federal repiten, siguiendo las ordenes de las corporaciones”, señaló.
Además, lanzó un llamado para que la sociedad en general reflexione sobre sus habitos de consumo, pues por mucho que en la sierra se desarrollen los movimientos, si en la ciudad se continúa apoyando a las empresas éstas seguirán en su intento por instalarse en las comundiades.
Un ejemplo que mencionó fue el de Walmart, empresa que se ve beneficiada con el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que impulsa la empresa Comexhidro sobre el río Ajajalpan, en particular en las comunidades de Tlapacoya, San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán.
“Si miles siguen consumiendo en las tiendas Walmart, avivamos su capacidad de matar y exterminar a la vida”, reflexionó la activista.
Hay que recordar que en julio pasado la Red Mexicana Afectados por la Minería (REMA) emitió una alerta para solicitar al gobierno del estado se garantizara la seguridad de Silvia Villaseñor y otros activistas de la zona de Tepatlán, por amenazas que habían recibido por su rechazo al proyecto de Comexhidro.
Por medio de un posicionamiento nacional, los miembros de la red señalaron que desde el pasado 14 de junio las comunidades de San Felipe Tepatlán rechazaron de manera unánime la instalación de una planta hidroeléctrica sobre el río Ajajalpan.
Desde entonces, los funcionarios de la empresa responsable del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 han amenazado a los miembros de estas comunidades, en particular a Villaseñor.
“Desde la REMA hacemos un fuerte llamado al gobierno del Estado de Puebla para que, en el ejercicio de sus facultades, haga valer el estado de derecho y garantice, al mismo tiempo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte y la seguridad e integridad física de quienes acompañan estos procesos populares de toma de decisiones, particularmente la de nuestra compañera Silvia Villaseñor”, se solicita en el posicionamiento del colectivo nacional.
