Por Shanik David
El creciente número de presos políticos, la definición de leyes que buscan limitar la libertad de expresión y el nombramiento de Jesús Rodríguez Almeida como secretario de Seguridad Pública son un ejemplo claro del poco interés que tiene el gobierno del estado no sólo en resolver las problemáticas sociales que hay en la entidad, sino siquiera de escuchar a quienes alzan la voz, aseguró Carolina González Barranco, integrante del Comité por la Liberación de los Presos Políticos.
Al participar en un foro que se llevó a cabo este fin de semana, la activista describió que en el estado, durante la administración de Rafael Moreno Valle, se ha establecido una postura intolerante y lasciva hacia los ciudadanos que se ha manifestado en contra de políticas tanto estatales como federales.
Esto, continuó, ha derivado en la existencia de 66 ordenes de aprehensión vigentes y 21 más por verificarse, 122 personas procesos abiertos y 17 que siguen en prisión; a esta última cifra se debe agregar el caso de Delfino Reyes Melga, activista de 90 años quien murió durante su encarcelamiento en la cárcel de San Miguel, donde fue recluido por la defensa de un terreno comunitario.
Las acusaciones que han llevado a esta cifra, apuntó, van desde “lo absurdo como es el robo de un celular hasta la conspiración y el motín”, aunque señaló que es conocido que los recursos jurídicos que se abren en contra de los activistas se manejan de manera arbitraria y en ocasiones sin sustento real por lo que carecen de validez.
Adicional al uso del aparato judicial para callar a las voces, también se han dado siete muertes de personas críticas, como es el caso de Delfino Reyes, Antonio Víctor Montes Contreras -quien fue uno de los detenidos por el caso de San Bernardino Chalchihuapan quien falleció meses después de salir de prisión a raíz de las secuelas físicas y emocionales que le dejó su proceso-, el niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, así como las dos muertes que se registraron en el estado durante el pasado proceso electoral, y dos activistas que perdieron la vida “en condiciones extrañas luego de haber criticado al gobierno”, aunque no detalló cuáles son estos casos.
También se enlistó como ejemplo de la política represiva del gobierno morenovallista a los 22 estudiantes universitarios que han sido agredidos, detenidos y acusados de manera arbitraria.
“Si el hostigamiento y la criminalizacion de la protesta social son la solución, Rafael Moreno Valle deja en claro que las causas sociales a las cuales aluden los diferentes tipos de protesta no sólo no serán resueltas, ni siquiera serán escuchadas, a cambio caerá todo el peso de la ley sobre quien se manifieste”, lamentó González Barranco.
Incluso resaltó que el nombramiento de Rodríguez Almeida al frente de la SSP es un ejemplo claro de que se recrudecerá la violencia en contra de los activistas, esto pues el exfuncionario del Distrito Federal llega al cargo tras una serie de señalamientos por casos de violaciones a los derechos humanos.
