Por Shanik David
Para el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Carlos Martínez Amador, la presentación de los recursos de impugnación en contra de la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Coipe) no representa un tema de preocupación.
Esto ya que aseguró que en otros estados ya funcionan leyes similares, por lo que no consideró que “haya posibilidades de que pueda haber una controversia al respecto”.
De manera tajante, el diputado perredista defendió la reforma, a pesar de las voces que se han levantado de parte de diferentes sectores sociales y políticos en contra de esta norma que impone candados para el registro de candidatos independientes que deseen participar en elecciones locales.
Incluso, arremetió contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues los legisladores de éste votaron en contra de la reforma y ahora la dirigencia estatal adelantó que se presentará un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma.
Acusó que la postura que ha tomado el partido en el estado es incongruente, ya que en estados donde gobierna el PRI no se han manifestado en contra de reformas similares que se han realizado.
“Están agarrando banderas contradictorias” espetó el legislador, esto a pesar de que su partido fue uno de los principales defensores de las candidaturas independientes cuando se planteó la reforma electoral en el Congreso de la Unión, y en el estado optaron por no tomar una postura a favor de las mismas.
Pese a estas diferencias, Martínez Amador apuntó que esto no afectará los trabajos entre las diferentes bancadas en el congreso local, aunque sí se podría requerir un pacto de civilidad para la elección del próximo año, similar al que se firmo para el pasado proceso electoral.
Hay que recordar que Isabel Allende Cano, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, dio a conocer que seria en el transcurso de los próximos días cuando el partido presente un recurso ante la Suprema Corte de Justicia dela Nación en contra de esta reforma.
De manera paralela, organizaciones sociales buscan obtener el apoyo de 14 diputados locales para que sea el Legislativo estatal el que impugne esta nueva ley, aunque hasta el momento solo cuentan con las firmas de 12 de éstos.
