Por: Shanik David
Pobladores de la comunidad de Cuicuila, perteneciente al municipio de Huauchinango, acusaron que tras casi dos años de lucha en contra de la construcción de un gasoducto de la empresa Gasomex y de haber obtenido sentencias favorables de parte de jueces, hasta la fecha la empresa continua con la obra.
La abogada Patricia Montaño, representante de los serranos, detalló que se han enfrentado no sólo con obstáculos de parte de la empresa, la cual sigue con los trabajos que son custodiados por policías estatales y municipales, sino de las propias autoridades judiciales.
Recordó que desde 2014 se presentó un recurso de amparo para suspender las obras del gasoducto, las cuales se encuentran a unos 170 metros de viviendas particulares, el cual quedó registrado con el número 03/2014 del Juzgado Primero de Distrito.
Tras el análisis del mismo, el titular del juzgado dio un primer fallo a favor de los pobladores, al dictar el 25 de abril del año pasado una suspensión provisional, con la cual la empresa se veía imposibilitada para realizar cualquier trabajo, pese a lo cual la compañía continuó la obra.
Sin embargo, este fallo tenía una condicionante: que los pobladores publicaran un edicto en el periódico Excélsior a nivel nacional y en el Diario Oficial de la Federación, lo cual representaba un costo de 40 mil pesos.
Durante el último año los pobladores han intentado juntar esta cantidad, pero debido a que se trata de una comunidad pequeña no se logró cubrir este monto, y el juez de manera unilateral optó por determinar el sobreseimiento del juicio de amparo de los indígenas el pasado 27 de mayo.
Aunque el tema ya fue presentado ante las autoridades jurisdiccionales por medio del recurso de revisión 61/2015, los pobladores se encuentran ante la incertidumbre que representa este proyecto que afecta tanto el entorno ambiental se esta zona serrana, así como la calidad de vida de los habitantes del poblado, pues la existencia de este ducto podría poner en riesgo sus casas.
De acuerdo con la información proporcionada por los pobladores, que formaron el movimiento Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos, con este gasoducto se busca transportar gas propano entre la Terminal de Tuxpan de Rodríguez Cano, en Veracruz, y la Terminal de Atotonilco de Tula, y “forma parte del proyecto de construcción e instalación de una planta de almacenamiento de Gas, L.P. propiedad de las empresas Gasoductos del Altiplano, Termigas, S.A. de C.V., y Gasoductos Mexicanos, S.A. de C.V.”
Este ducto tiene una longitud de 300 kilómetros y abarca 24 municipios de Hidalgo, estado de México, Puebla y Veracruz, con lo cual se afectan a mil 500 pequeños propietarios y 70 ejidos.
