En este espacio comenté que la mejora del servicio no podía darse a partir de la ilegalidad¸ es decir permitir que empresas y particulares ofrezcan un servicio sin cumplir con lo que establece la norma vigentey a otros prestadores del mismo sí se les obligue a cumplir con ella. Por consiguiente, debe hacerse valer la ley o en su defecto modificarla.
Ante la irrupción de empresas como Uber y Cabify que operan al margen de la ley para dar el servicio de transporte tipo taxi, en la ciudad de México los taxistas organizados se han manifestado en contra de dichas empresas y se oponen a que sea modificada la ley.
En el caso de Puebla los taxistas han anunciado que se “modernizan” con el uso de aplicaciones móviles, además que firmarán un convenio con una empresa para aceptar pagos vía tarjeta de crédito o débito, y con el plus de que el usuario pueda hacer recargas telefónicas desde el mismo taxi.
Si bien esta medida es un avance, es necesario que la prestación del servicio mejore en otros aspectos.
El servicio debe ofrecerse con unidades en buen estado mecánico, con interiores también en buen estado (no rotos ni sucios); con choferes atentos, que no sean groseros, que manejen con precaución y que realmente conozcan la ciudad para que no den rodeos ni se pierdan.
Por consiguiente que al solicitar el servicio se identifique al chofer y al vehículo; que en el interior del auto se porte un tarjetón grande y visible con todos los datos del chofer y del vehículo.
Al tiempo que la autoridad sea estricta en el cumplimiento de la ley vigentey supervise tanto a las unidades como a los choferes, para que el usuario no corra ningún riesgo, como un accidente o sea víctima de algún delito.
Lo importante es que garanticen seguridad en todos los sentidos a los pasajeros.
El uso de nuevas tecnologías y la mejora del servicio no debe ser pretexto para que ahora los taxistas pretendan subir las tarifas o cobrar lo que les plazca, pues ya de por sí el servicio es caro.
Aunque, la modernización de los taxistas tradicionales no impide que operen Uber, Cabify o cualquier otra empresa similar, el problema sigue siendo el mismo: la ilegalidad en la que incurren estas últimas, pues utilizan vehículos particulares y quienes los manejan no son choferes calificados, son personas que tienen una licencia de manejo general.
Y para aclarar dudas: mi atención al servicio de taxis es única y exclusivamente como usuaria; no tengo ni he tenido ningún tipo de vínculo con organizaciones de este servicio. El punto es que si se objeta la piratería de artículos, la actividad ilegal y desleal que representan los vendedores ambulantes, de igual forma se señala la operación irregular de las empresas que además se presentan como “renta de vehículos”, cuando lo que hacen es dar un servicio de transporte de personas.
Bienvenida la competencia, la modernización del servicio, siempre y cuando sea conforme a lo que establece la ley no al margen de ésta, no violando lo que señala la norma.
