Los actos represivos que ha implementado el gobierno del estado en los últimos meses han orillado a organizaciones sociales a tomar medidas políticas, como son la solicitud de un juicio político al gobernador Rafael Moreno Valle e incluso la determinación de grupos sociales de no salir a votar el próximo 7 de junio.
Una de estas estrategias es impulsada por los miembros del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Foyppue) quienes anunciaron que se encuentran en la estructuración de un expediente para pedir a la Cámara de Senadores que se abra un juicio político al mandatario poblano.
Jorge Méndez Spíndola, miembro del frente y coordinador del Movimiento Nacional por la Esperanza en Puebla, explicó que hasta el momento se encuentran recabando las pruebas necesarias para sustentar esta petición, en la cual se incluirán verias de las problemáticas que se han dado en el estado.
Por ejemplo, mencionó que uno de los temas centrales de la petición será el incumplimiento de la recomendación por violaciones graves que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso de Chalchihuapan, el cual está a pocas semanas de cumplir un año sin que se haya castigado a los responsables.
Incluso se incluirán las violaciones que se cometieron en contra de Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como Simitrio, para meterlo a la carcel.
“Quien ha estado violando la ley, la Constitución, es el gobernador, no es ninguna de las organizaciones, ninguno de los dirigentes, todos sus actos están fuera de la ley, ese es el elemento que vamos a sustanciar”, explicó el exmilitante del PRD.
MOSUP rechaza elecciones
Los 20 mil agremiados del Movimiento de Organizacions Sociales Unidas por Puebla, el cuan reúne principamente a comerciantes ambulantes o tianguistas, no saldrán a votar el próximo 7 de junio a manera de protesta social.
Moisés Ortiz Bracho, presidente del movimiento, explicó que la medida se tomó en consenso entre los líderes del mismo, a manera de respuesta de los operativos y agresiones que han sufrido de parte de las autoridades locales.
“Nosotros ya no vamos a votar por quienes nos agreden”, aseguró en rueda de prensa el también líder de comerciantes de la 46 Poniente, luego de que el pasado viernes se realizó un operativo en la zona, el cual fue encabezado por el área de Protección Civil estatal y la dirección de Verificación de Comercio Exterior.
Dicha movilización, explicaron los líderes del MOSUP, representó una grave afectación a los locatarios, pues la zona estuvo acordonada por cerca de 12 horas y hubo una gran presencia de elementos de la policía, a pesar de tratarse de una revisión de unos cuantos locales.
Medidas similares se han dado en los últimos meses, pues son las autoridades estatales, y no las federales, las que han realizado las revisiones en la zona de la venta de autopartes como una agresión directa a los comerciantes.
Esta situación, aunado a la política de represión que se vive en el estado, llevó a que los líderes del movimiento tomarán la decisión de no salir a votar este 7 de junio.
Si bien Ortiz Bracho aseguró que la agrupación no tiene fines políticos, aseguró que es el propio gobierno el que los ha orillado a tomar estas acciones.
“El MOSUP siempre a actuado con rectitud y diálogo, por eso pedimos lo mismo al gobierno”, puntualizó.
Además de la estrategia para el próximo 7 de junio, aunció que este lunes acudirán a la Secretaría General de Gobierno a exigir una audiencia con las autoridades estatales para analizar el caso de la agrupación.
Posteriormente, se planea que para el viernes 6 de junio se realizará una megamarcha en la ciudad de Puebla, e incluso realizarán movilizaciones en la ciudad de México para pedir el apoyo de la Secretaría de Gobernación federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
