Mariano se asume como hijo político de Sánchez Piedras. Treinta y cuatro años después de que “Don Emilio” dejara la gubernatura, González Zarur piensa que los “herederos” tienen derecho al poder por ser hijos políticos de Sánchez Piedras y, además, da por hecho que ser su vástago político conlleva un mérito. Se trata de una afirmación de linaje, propia de la aristocracia, que no de la democracia.
La afirmación de Mariano como “hijo” de Sánchez Piedras es una versión equivalente, pero diferente en la forma, al discurso priista de 2012: “nosotros sí sabemos gobernar”. Al igual que Peña Nieto, Mariano ha demostrado que “saber gobernar”, o pertenecer a un grupo político, no es sinónimo de éxito en el ejercicio del gobierno.
Tlaxcala se transformó económicamente durante el mandato de Sánchez Piedras gracias a la irrupción de nuevas empresas en la entidad. Empero, el Estado estaba lejos estaba de ser una democracia. El gobernador, por citar un ejemplo, se decidía en el despacho del Presidente de la República y las elecciones eran un ejercicio de política partidista, que no de contienda electoral real. Desde Sánchez Piedras y hasta la elección de Álvarez Lima (1992), el Estado tenía dos características políticas: solo un personaje estatal era importante (el gobernador) y solo un instituto local tenía peso político (el PRI).
Hoy, la historia es distinta. El partidazo dejó de ser el centro de aglutinamiento de la vida estatal y Tlaxcala sufrió una peculiar crisis económica: el campo está en el olvido (como en todo el país) y el Estado es un centro manufacturero poco atractivo a nivel global. Tlaxcala ha sufrido una importante deslocalización de empresas en los últimos tres sexenios y el ingreso de los tlaxcaltecas ha resentido una considerable pérdida de poder adquisitivo, en gran parte debido a que los salarios en las empresas manufactureras siguen siendo los más bajos de la república. En otras palabras, el mercado globalizado ha hecho ver su suerte a una economía en la que las empresas instaladas con Sánchez Piedras, Tulio, Beatriz y Álvarez Lima no fueron y no son suficientes para el desarrollo democrático del Estado.
A ello hay que sumar que los gobernadores tlaxcaltecas han sido incapaces de consolidar la transformación iniciada por Sánchez Piedras. Las razones son distintas: Tulio estaba preocupado por el pulque, Beatriz por su proyección, Álvarez Lima por las elecciones, Sánchez Anaya por la sucesión, Héctor por el control y Mariano por la destrucción.
González Zarur no ha tomado en consideración los cambios políticos y económicos en la entidad. Asume que el partido se sigue gobernando con una sola mano (la de él) y que solo él importa en el tablero político estatal. Mariano se asume como hijo político de Sánchez Piedras sin transformar el Estado, ya política, ya económicamente, lo que está más cerca de ser un acto de traición, que un acto de afirmación.
II
El sello marianista no es la ambición y la construcción, sino el capricho y la destrucción.
El mayor capricho de Mariano González Zarur tiene nombre y apellido; está presente en sus acciones más importantes; no lo nombra, pero es la sombra que lo persigue; es su Lord Voldemort: se llama Héctor Ortíz Ortíz.
Ese capricho y esas ansias de destrucción se hacen evidentes en tres apuestas a la nada: la construcción de la central de abastos, la designación de “nuevos” notarios y la construcción de la Plaza Bicentenario.
La construcción de una central de abastos se abandonó al inicio de la administración de González Zarur. El argumento fue que la construcción presentaba irregularidades. El gobierno de González Zarur abandonó el proyecto y canceló los contratos pactados por el gobierno orticista. Sus razones pueden ser válidas y, en buena medida, cabe pensar que lo son. Lo que no se entiende es que, tras de cuatro años de iniciado su gobierno, González Zarur no ofrezca una opción alterna.
Se invirtieron 175 millones de pesos en la construcción de la central de abastos hasta el momento en que se detuvo su construcción (dinero que se entiende perdido). Los litigios (válidos, por demás) no resuelven un problema ciudadano: no contar con un espacio en el que tenga acceso a productos de consumo a precio más bajo. La cifra de los 175 millones puede ser responsabilidad de Ortíz Ortíz, pero las pérdidas por no tener una central de abastos, desde enero de 2011, son responsabilidad de González Zarur.
En el caso de los “nuevos” notarios, la premisa favorece a González Zarur: el procedimiento de designación de los fedatarios estuvo más próximo a ser una simulación que un proceso democrático. No se puede negar que hay un tufo de ilegalidad y nepotismo en la designación de los “nuevos” notarios. Quién lo niega es porque carece de sinceridad o visión política.
Sin embargo, esos rumores y esa percepción de nepotismo debe probarse para que esa percepción no solo quede en los anales de la indignación. Correspondía a la administración de Mariano probar la ilegalidad del procedimiento, pero su apuesta fue autoritaria y destructiva. Trató de apagar la lumbre con fuego. Usó a parientes de altos funcionarios estatales para tratar de anular el procedimiento de designación de los notarios con historias inventadas; luego vino el uso del Registro Público como garrote, conjugado con juicios y amparos en los que no existe una versión creíble que demuestre el argumento más importante (y tal vez el más sencillo): que los notarios no fueron designados conforme a estándares constitucionales. Mariano atinó al tratar de destruir lo que para muchos es un acto de nepotismo, pero ha errado en las formas.
El resultado final de este pleito alegrará/ enojará a orticistas y marianistas, pero, para los ciudadanos, el resultado será intrascendente. Si el ciudadano estuviera en el centro de las acciones de González Zarur, su apuesta no (solo) sería por poner en tela de juicio la designación de notarios, sino proponer la creación de más notarías para tener servicios de mejor calidad y más baratos, así como mejorar la prestación de servicios de los fedatarios.
La Plaza Bicentenario (un auditorio y centro de espectáculos a medio terminar) es el peor de los casos. El discurso de la responsabilidad de la anterior administración es muy válido para señalar responsables, pero muy poco serio para ofrecer un espacio de cultura a la ciudadanía. Si Mariano no quería que la Plaza fuera usada por la Universidad estaba en su derecho de tratar de anular el contrato que, con toda la mala intención, firmó la anterior administración consigo misma (es decir, Héctor Ortíz con la Universidad). Sin embargo, esperar un sexenio para “hacer algo” respecto a un inmueble de esas características es un atentado contra el bienestar ciudadano. En todo caso, González Zarur no entendió que fue electo para ofrecer espacios, no para entablar juicios; para resolver problemas, no (solo) para señalarlos.
En los casos mencionados hay común denominador: la carencia de responsables. No hay un solo personaje de la anterior administración detenido después de cincuenta y un meses de gobierno marianista. Si hubo un procedimiento ilegal de designación de notarios, si hubo nepotismo, si hubo contratos amañados en la construcción de la central de abastos o si los recursos de la plaza bicentenario fueron usados de manera indebida (todo ello conforme una percepción ciudadana que ni tirios ni troyanos niegan), la pregunta para Mariano es una sola ¿Por qué no hay responsables?
La respuesta no tiene que ver con abogados o estrategias jurídicas de uno u otro bando, porque éstas no son respuestas jurídicas, sino políticas. El único que las puede responder es González Zarur, porque un miembro de un gabinete anterior no enfrenta/evita un procedimiento sancionatorio real (no las simulaciones que se han inventado) si no es con la anuencia del mandatario estatal.
Los actos de gobierno que no se acompañan con políticas públicas, obras o acciones legales contra responsables de corrupción son populistas y están lejos de ser acciones de un gobierno liberal y democrático. Es el mismo populismo con el que González Zarur se asume como hijo político de Sánchez Piedras. Mariano pasará a la historia como un gobernador que apostó al inmovilismo y a la destrucción del pasado sin búsqueda de soluciones. Durante más de cuatro años hemos escuchado el discurso que culpa a la anterior administración (muchas veces con razón), pero no hemos sido testigos de soluciones y no hay señales de mejora en el horizonte.
Un triste escenario puede sorprender a González Zarur: que termine legitimando —en mayor o menor medida— las acciones del gobierno que tanto aborreció. Que su gobierno de capricho y destrucción termine reducido solo a lo primero: un capricho.
