Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CDH de Puebla a investigar las presuntas violaciones cometidas contra el ciudadano Alejandro Mondragón; y al secretario de la Contraloría local, a indagar sobre el presunto conflicto de intereses entre el gobierno y Prosfer Corporación, SA de CV, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La tendencia nacional por autoridades de todos los niveles de gobierno de limitar los derechos humanos de expresión e información parece una constante que va en aumento.
Las represiones, las amenazas, el hostigamiento y los ataques que enfrentan las personas que ejercen el periodismo en México son alarmantes. El país es considerado uno de los lugares más peligrosos para ejercer esta profesión.
De acuerdo con datos presentados en el informe anual Estado de censura, de la organización Artículo 19, tan sólo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores, y 5 reporteros fueron asesinados. Además, en el país 1 periodista es agredido cada 26.7 horas.
Estos datos representan un aumento de 80 por ciento del promedio de agresiones a la libertad de expresión en México durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
A esta información se suma el reporte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República que señala que en los últimos 15 años fueron asesinados 103 periodistas y 25 más están desaparecidos.
La violencia que enfrenta el gremio no se limita a estos ataques. Como muestra puede señalarse el caso de persecución política y encarcelamiento injusto de Pedro Canché, de Quintana Roo, periodista y activista crítico del gobernador Roberto Borge, del Partido Revolucionario Institucional.
En el mismo sentido se presenta el caso del periodista Alejandro Mondragón quien por sus investigaciones y críticas al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha sido fuertemente perseguido y hostigado. Actualmente enfrenta una multa de 2 millones 500 mil pesos por presunto daño moral a la empresa Prosfer Corporación, destacada por su conexión con el gobernador de Puebla.
Alejandro Mondragón es director general de Grupo Status y autor de la columna “Al Portador” en la cual ha denunciado distintos actos de corrupción del gobierno en turno del estado poblano.
En el portal que maneja el periodista, en 2014 fue publicada una nota donde se señaló que la empresa Prosfer Corporación, SA de CV, fue constituida fiscalmente 16 días después de la toma de posesión del gobernador y que desde entonces ha ganado sin licitación los principales contratos de imagen –videoclips, comerciales y audiovisuales– del sexenio morenovallista.
De igual forma debe señalarse, como narrado en otra de las notas periodísticas del portal, que en las páginas de transparencia de la Secretaría de Turismo ni en la de Puebla Comunicaciones existen rastros de los contratos que le empresa presume en torno a la realización de spots para la feria de Puebla en 2012, y para el Tianguis Turístico que se realizó en la entidad en 2013.
Por esa razón, un presunto conflicto de interés entre Prosfer, la administración estatal y el ex director del organismo Puebla Comunicaciones, Marcelo García Almaguer, fue señalado por el periodista. En 2013, la estación 1010 AM, de José Hanán, le quitó de un día para otro y sin notificación el espacio matutino que conducía.
Ahora, Alejandro Mondragón se ha enfrentado a un juicio por la empresa Prosfer por daño moral, y el Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla ha fallado a favor de la empresa e impuesto una reparación del daño por una suma exorbitante: 2.5 millones de pesos.
Alejandro Mondragón ha asegurado que el Juzgado Segundo de lo Civil nunca le notificó sobre la denuncia ni sobre la sentencia, por lo que no pudo defenderse de la acusación en su contra, siendo violado su derecho al debido proceso. La persecución por parte del estado de Puebla en contra de periodistas y en aras de limitar la libertad de expresión e información es preocupante.
Conforme a la información presentada en el informe anteriormente mencionado “Estado de Censura”, en cuatro años de gobierno morenovallista se han contabilizado 33 ataques contra periodistas, de los cuales 16 ocurrieron en 2014, año con el mayor número de ataques.
En febrero de 2011, al inicio de su gobierno, Rafael Moreno Valle lanzó la propuesta de despenalizar los “delitos contra el honor” (difamación y calumnia) para pasarlos al Código Civil con objeto de imponer sanciones económicas de hasta mil salarios mínimos por daño moral, generando así la oposición del gremio periodístico. A esta iniciativa le llamaron la “Rafamordaza” y se exigió un tope máximo de 300 salarios mínimos puesto que los mil resultaban absurdos.
Continuando el estado intimidatorio y de represión, en octubre de 2012, se dio a conocer una lista negra de 18 comunicadores a los que el gobierno poblano pretendía denunciar penalmente. “Esto sucedió el día en que se dio a conocer la denuncia penal interpuesta por el gobierno de Puebla contra Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, acusados “por abuso de la libertad de expresión mediante la ofensa y la denostación de funcionarios” (artículo 19. “Estado de censura. Los ataques a la prensa poblana”. Consultado el 31 de marzo de 2015. En línea: http://www.articulo19.org/estado-de-censura-informe-anual-de-violencia- contra-la-prensa/).
Frente a esas acusaciones, el gobierno de Puebla negó la existencia de tal lista, pero para las personas que ejercen el periodismo y las agencias, el mensaje de advertencia era claro, no se toleraría ningún tipo de crítica al gobierno en turno y mucho menos al gobernador.
Puebla es un foco rojo en materia de derechos humanos. No debe olvidarse que en el estado continúa la resistencia a transparentar información relacionada con publicidad oficial, finanzas e infraestructura, y la defensa a cualquier costo de esta información que pudiese manchar la carrera presidencial de Rafael Moreno Valle.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla a investigar de acuerdo con sus atribuciones las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra el ciudadano Alejandro Mondragón durante el juicio por daño moral que enfrentó.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Puebla a detener los ataques contra las personas que ejercen el periodismo y a garantizar los derechos humanos a la información y expresión.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Contraloría de Puebla a investigar el presunto conflicto de interés entre el gobierno del estado y la empresa Prosfer Corporación, SA de CV.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica).
