Muchos se alegraron con la noticia, pero omitieron el análisis de dos aspectos que la encuesta también revela: el 59% no se ve influenciado por esa publicidad, y el 31% manifestó que esa publicidad influirá en la decisión de su voto, lo que no quiere decir que sea determinante.
La realidad es que solo unos pocos ganan con el excesivo gasto en publicidad que realizan los institutos políticos. Los partidos recibirán 5,356 millones de pesos en 2015 y en los cálculos más conservadores se prevé que gastarán la tercera parte de ese ingreso en publicidad. A eso hay que sumar la publicidad encubierta, que solo esos adalides del periodismo y las autoridades electorales niegan, pero que cualquier ciudadano percibe.
Las cifras indignan no solo porque son elevadas, sino porque la pobreza en el país debería sonrojar a cualquier político medianamente honesto y porque las cifras revelan la catástrofe electoral, sobre todo después de una reforma (la de 2008) que buscaba acabar con el dispendio publicitario.
No se trata de una cuestión menor: es un gasto que beneficia a los medios de comunicación (y algunos periodistas) que reciben ese dinero. Otros beneficiarios son quienes al interior del partido negocian los contratos de publicidad con los medios, pues ese presupuesto seguramente no se gasta sin tener un “pequeño filtro” partidista (un “moche”, pues).
Lo cierto es que el ciudadano no aparece en la ecuación de publicidad política y partidaria. La publicidad que están difundiendo no busca informar ni dotar de elementos de valor a los ciudadanos para decidir su voto. Y ni qué decir de la publicidad que se difunde de manera ilegal. El Partido Verde Ecologista de México y los medios que difundieron su publicidad han herido de muerte al INE y a la regulación publicitaria, no solo porque se ha puesto de manifiesto debilidad institucional del árbitro electoral, sino porque, de manera cínica, han demostrado que violar la ley electoral es doblemente redituable: da votos y, como consecuencia, un mayor presupuesto para el partido político.
Las salidas son pocas, pero ya conocidas: recortar el presupuesto para los partidos políticos y hacer efectivas las sanciones a quienes incumplan la norma. Otra propuesta sería que la publicidad de los partidos no se realice con dinero público: es vergonzoso ver los impuestos de los ciudadanos dilapidados en publicidad de mala calidad y de peores contenidos –y que en algunos casos es ilegal–.
Quienes se niegan a aceptar que el sistema de partidos y su financiación no puede seguir teniendo como beneficiarios a grupos de medios y partidos políticos, y al ciudadano como único afectado de ese dispendio, tendrían que tener un poco de consideración con quienes perdieron su puesto de trabajo gracias al recorte presupuestal anunciado hace un par de meses, el cual no afectó a los partidos políticos ni a su indignante publicidad. Lo que la situación del país exige es un poco de coherencia y un poco de empatía, sobre todo de parte de los partidos políticos y los medios de comunicación (y periodistas), convertidos hoy en buitres de la publicidad.
