Se trata, dicen ellos, del período más importante de su sexenio y el que en buen medida determinará el futuro político de Rafael Moreno Valle.
Es el inicio de la curva descendente: los meses en donde el poder empieza a mermar por efecto del desgaste natural en su ejercicio, cuando los demonios se sueltan y los enemigos, antes temerosos y agazapados, empiezan a mostrar la cara y a actuar a los ojos de todos.
Para contrarrestar los efectos de esta ineludible realidad, estas mentes brillantes proponen una reingeniería en la imagen del mandatario que se basa en eliminar de tajo cualquier comportamiento o rasgo que pudiera ser interpretado por la opinión pública como “autoritario”.
Se eliminarían así actitudes beligerantes, de confrontación o provocadoras y se sentarían las bases para vender a un gobernante sensible a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos.
Esto, sobra decir, implicaría la salida de personajes que actualmente se desempeñan en cargos importantes en el gabinete estatal.
Atrás quedaría por lo tanto cualquier tentación de criminalizar protestas y movimientos y de satanizar a quienes no comulgan con las decisiones oficiales o con políticas públicas dictadas desde lo más alto del poder político.
Juran que la primera “probadita” de lo anterior la veremos en el mensaje que dará el gobernador con motivo de su cuarto informe.
¿Será posible?
¿Podría esta supuesta transformación tener como consecuencia la excarcelación de quienes hoy son considerados como presos políticos en Puebla y la revisión de sus expedientes “criminales”?
Al momento de escribir estas líneas, lo anterior parece imposible.
Sin embargo, antes que nada, está el proyecto presidencial.
Quienes tienen en sus manos la tarea de trabajar para llevar a Moreno Valle a Los Pinos justifican la estrategia de cambio en las lecciones que arrojaron las movilizaciones sociales generadas a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinpapa.
Ahí, quedó en evidencia el repudio generalizado a las acciones autoritarias en el ejercicio del poder.
Después de la polémica generada por la aprobación de la Ley Bala en el congreso local y del asesinato del niño José Luis TehuatlieTamayo a manos de policías estatales, a nivel nacional e internacional hoy se tiene la imagen de que en Puebla se ejerce un estilo autoritario e impositivo de gobernar, muy poco interesado en promover acciones de defensa y protección de los derechos humanos.
Lo anterior, a partir del caso Iguala, puede ser un auténtico suicidio para quien pretende gobernar este país.
El gran reto para los asesores del gobernador de Puebla es que este cambio sea creíble.
Después de cuatro años de ensayar una política de control total y absoluto de poderes, instituciones, partidos, sindicatos, organismos empresariales, organizaciones “ciudadanas” y medios de comunicación, el reto luce por lo menos titánico.
Mucho tendrán que trabajar estos genios de la imagen y la mercadotecnia política para disfrazar al lobo de cordero.
Si lo logran, habrán desquitado por fin cada dólar que, gracias al apetito presidencial, el grupo en el poder ha invertido en sus servicios.
La última del año
Este espacio entra a partir de hoy en un inmerecido, pero necesario receso.
Se publicará nuevamente el 7 de enero próximo.
Hasta entonces.
