20-09-2021 11:30:57 AM

Seguirán detenciones de ediles auxiliares

La detención del presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, por usurpación de funciones relacionado con el servicio del Registro Civil podría replicarse en otras autoridades auxiliares que operan bajo la ilegalidad pues no cuenta con la autorización de sus respectivos municipios.

Eso fue señalado por el diputado Franco Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, tras rechazar que detrás de las aprehensiones de los ediles de Canoa y La Resurreción haya un fondo político.

“Si están (los presidentes auxiliares) incumpliendo con la disposición legal, en donde hoy claramente no es función de ellos el tema del registro, sí. Hay mecanismos en donde pueden seguir generando o dando esa función, pero tiene que pasar por un ordenamiento en cabildo por parte de los ayuntamientos en donde estoy enterado que la propia Secretaría General de Gobierno ha coadyuvado con algunos a que se den este tipo de facultades no solo en el tema del registro, sino incluso de policía, u otras facultades que pueden cumplir las autoridades auxiliares”.

–¿Son detenciones políticas, diputado?

–La ley no se puede aplicar de manera política, se cumple o no se cumple. Y hay una disposición en este momento sobre los registros civiles.

A pesar del punto de vista del legislador panista, en las dos detenciones de presidentes auxiliares, Raúl Pérez Velázquez y Sabino Leonardo Báez Serrano, hay un esquema policial que se repite: primero son convocados a una reunión de trabajo en viernes por la tarde o a un cita con funcionarios estatales y a la salida de la misma son apresados para después enviarlos a un penal, Cholula o San Miguel.

En los dos casos se trata de autoridades auxiliares que se han opuesto, incluso usando herramientas legales, al retiro de la facultad del registro civil.

En entrevista Franco Rodríguez reconoció que si bien había como antecedente pronunciamientos y amagues de Pérez Velázquez sobre el interés de crear y lanzar una policía comunitaria, al final se dio marcha atrás con esas intensiones, por lo que el eje central del problema es el tema del registro civil.

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