Se trata de personajes de muy alta influencia en la toma de decisiones políticas y económicas del país, que se ponen a temblar al plantearse seriamente la posibilidad de que experimentemos en México un cambio radical en lo político, que pudiera poner en riesgo sus intereses.
Para ellos, la mano dura en el aplacamiento violento y contundente de los sectores progresistas significa el tener “gobiernos fuertes” a quienes, en su opinión, no les tiembla la mano en la aplicación irrestricta de la ley.
Esos sectores seguramente se pusieron a temblar el domingo pasado, con la capacidad de convocatoria mostrada por Andrés Manuel López Obrador en su mitin realizado en el zócalo de la ciudad de México.
El Peje -sobre quien recaen sospechas de sus ligas y padrinazgo político con José Luis Abarca, responsable de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa-, no sólo no ha sido afectado por el escándalo de Iguala, sino que ha quedado claro que es el que ha capitalizado políticamente la mayor parte del descontento social generado a partir de estos hechos.
En este contexto, no es difícil explicar la lógica del endurecimiento en las medidas de gobierno tomadas por Rafael Moreno Valle como mandatario estatal.
Con todo y la comprobación de que el menor José Luis Tehuatlie Tamayo murió a manos de policías estatales, no se ha visto la más mínima señal de empatía o piedad ante la madre que perdió a su hijo o ante quienes resultaron lisiados a partir del operativo realizado el pasado 9 de julio.
Al contrario, a estos hechos han seguido detenciones de habitantes de Chalchihuapan llevadas a cabo con lujo de violencia y sin el menor respeto por los derechos humanos.
En el caso Cholula ha sido igual.
A pesar de que el polémico Parque de las 7 Culturas no se va a llevar a cabo y se echó para atrás el proceso de expropiación de tierras alrededor de la zona histórica, quienes encabezaron las protestas tienen ya encima auto de formal prisión por delitos considerados como graves, por lo que no podrán gozar del beneficio de la libertad bajo caución.
Estas medidas tomadas por el gobernador de Puebla no deben ser consideradas como casuales, sino producto de una muy estudiada estrategia de posicionamiento político para atraer a estos grupos conservadores.
Como le comentaba hace algunos meses, Moreno Valle gasta millones de dólares en pagar empresas integradas por estrategas de clase mundial.
No es difícil que estos estrategas primermundistas hayan detectado que en México existe la percepción de que los actuales gobiernos, en sus diferentes niveles, son por decir lo menos “débiles” y en algunos casos hasta rehenes de protestas sociales con reivindicaciones distintas.
El actuar de Miguel Mancera durante las eternas protestas de la CNTE en el DF son un ejemplo de cómo puede irse a pique la popularidad de un gobernante cuando sus gobernados perciben laxitud y pusilanimidad.
No se olvide que, con todo y los bochornosos hechos de Atenco, Enrique Peña Nieto llegó a ser presidente de la República.
Quizá por eso, el gobierno de Puebla ha hecho todo lo posible por mostrar su cara más dura.
Sus principales figuras, lejos de cuidar las formas, han hecho apología de violencia, beligerancia oficial y del control que ejercen sobre poderes en teoría independientes, niveles de gobierno supuestamente autónomos e instituciones que tendrían que estar ajenas a su ámbito de influencia.
Para ellos, la viabilidad política del “proyecto” bien vale el haberse ganado, con toda justicia, el mote de gobierno represor.
