En el 2006, a los poblanos no les importó que el problema de Marín con Lydia Cacho fuera por mandarla arrestar con alevosía y ventaja, haciéndole el favor a un amigo.
Al ex gobernador poblano se le colgó la etiqueta de “protector de pederastas” y con ella vivirá por siempre.
A las “dos botellas de cognac” se les consideraron palabras claves para referirse a niñas.
A Puebla y a Tlaxcala se les tiene considerados como focos rojos en la trata de menores de edad.
La indignación social, alentada por una estrategia diseñada para que la palabra “pederasta” no se borrara de la mente de los poblanos, mató el proyecto transexenal de Marín Torres.
Tal parece que no se aprendió nada.
Por eso es inconcebible la férrea defensa que desde diferentes trincheras se ha hecho del policía Tomás González Montaño, acusado en el 2011 por corrupción de menores y trata de niños y que de manera increíble está libre y, lo peor, aún forma parte de las fuerzas del orden.
Para el diputado Francisco Rodríguez y el procurador Víctor Carrancá, los oscuros antecedentes penales del elemento policiaco fueron reducidos a mera anécdota; lo importante para ellos, fue elevarlo a los altares de los mártires, víctima de las hordas enardecidas.
Para ellos, no importa que el González Montaño hubiera sido detenido al interior de un lupanar y presentado ante los medios, por el propio procurador, como integrante de una banda dedicada al regenteo de niñas.
Francisco Rodríguez desestimó los testimonios periodísticos del 2011 y dijo que no eran prueba contundente, que en todo caso, correspondía a la Procuraduría de Justicia determina la situación legal del individuo, pese a que el propio titular de la Ministerial aceptó la detención del uniformado.
Carrancá dio la puntilla al decir que los antecedentes penales eran lo de menos; lo verdaderamente grave, dijo, es que al policía lo habían golpeado y casi asesinado los habitantes de Chalchihuapan.
O sea, en Puebla se puede ser detenido en flagrancia por pederastia, obtener un amparo, ser liberado, reinserto en las filas de la policía, participar en operativos en donde mueren niños y ser considerado un héroe.
Todavía, el gobierno tuvo la oportunidad de aclarar el tema durante toda la semana: tal vez decir que había sido un error la detención de González Montaño, que se descubrió su inocencia, que se verificó que solo iba pasando por el lugar el día del operativo y que se le liberó con el consabido “usted disculpe”, pero no, recurrieron a la minimización del hecho.
¡Qué tal!
Con estas dos absurdas declaraciones, las políticas públicas a favor de las niñas y los niños poblanos fueron derribadas.
Porque más allá de las cifras alegres que viertan las autoridades sobre las pruebas de confianza y la honorabilidad de sus cuerpos policiacos, lo realmente preocupante es que, mientras por un lado hay instituciones volcadas a trabajar a favor de los menores de edad; por otro lado, se puedan borrar antecedentes y ocultar delitos que laceran la integridad de un niño, siempre que el acusado les sirva para otros fines.
¿Cómo creerle a las autoridades que se rasgaron las vestiduras antes los casos documentados de corrupción infantil en el oratorio saleciano Don Bosco o en el albergue Domingo Savio?
¿Cómo mantener la confianza en instituciones y respetar sus esfuerzos de procurarles a los niños poblanos una vida feliz y segura, si desde la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública se permite la liberación de pervertido sexuales a los cuales se les permite ser parte de la propia autoridad?
¿Cómo creerle a Francisco Rodriguez, que en un cierre de campaña en el 2010 dijo, textual: “Vamos a seguir construyendo el futuro, voy a llegar al Congreso de la mano de todos ustedes, vamos a seguir haciendo de Puebla, el mejor lugar para nuestras familias”, si cuando tiene la oportunidad de hacer valer sus palabras, desestima las pruebas y le concede el beneficio de la duda a un delincuente probado?
¿Con qué seguridad se puede dejar a un niño que acuda a una demostración del trabajo de un policia o un bombero o un agente vial, sin pensar el peligro que pueda correr estando al alcance de un potencial depredador, avalado desde las propias instancias de gobierno?
¡Vaya incongruencia oficial!
