Además, alienta el despido de personal, salvo para aquellos que formen parte de la lista definitiva de empleados seleccionados para ser recontratados con todas las de la Ley. Esa relación la hace la burbuja del aún director, Manuel Urquiza.
Bajo la figura de “cambio material adverso gubernamental” se deja en claro que cualquier acción u omisión de la autoridad competente será cubierto por el gobierno del estado, a través del Soapap.
Por ejemplo, en caso de que durante los primeros cinco años de la entrada en vigor del título de concesión, la Comisión Nacional del Agua o alguna otra entidad competente imponga multas o sancione al concesionario o Soapap en relación con la aplicación de la NOM-001-Semarnat-1996 o de la Declaratoria del Río Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes, publicada el 6 de julio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación.
Todos los adeudos con Conagua serán responsabilidad del Soapap.
La información confidencial a favor del concesionario se localiza en la misma prestación del servicio, planes de trabajo, operaciones, información técnica, manuales, protocolos, esquemas, datos, secretos industriales, procesos, ideas, manuales, costos, precios, estrategias de operación y administración, toda la información relativa a usuarios, nuevas tecnologías, estructura, nombres de trabajadores y consultores. Incluye referencias de negocios, finanzas y planes de desarrollo.
Al concesionario se le fija una contraprestación inicial de mil 400 millones de pesos para usufructuar un organismo que vale más de 10 mil millones de pesos.
Se le determina un monto de garantía de cumplimiento por el equivalente a 350 millones de pesos, el 10 por ciento de la inversión que deberá realizar en cinco años, algo así como 3 mil 500 millones de pesos.
Y después del sexto año de la concesión que es por tres décadas, el empresario deberá invertir el 13 por ciento de los ingresos totales.
Lo que llama la atención es que el capital social suscrito y pagado del concesionario, asciende apenas a 5 millones de pesos.
Y es que Agua de México, la canadiense EPCOR y TICSA, vinculada a capitales colombianos, a través de EPM de Medellín, crearon un consorcio de nombre Concesiones Integrales SA de CV para operar el Soapap.
Estas salvaguardas para el concesionario se explican a partir de que en ningún caso tendrá la propiedad de los activos existentes del Soapap, sólo gozará de sus ganancias.
Las letras chiquitas del título de concesión estipulan claramente que la fecha de formalización de la entrega del Soapap a la empresa era el 31 de marzo del 2014, lo cual no ha ocurrido oficialmente.
