Ahí están, de adorno; luciendo flamantes, nuevecitas, listas para entrar en acción.
El problema es que la orden clara, contundente, emitida por el Director de la Ministerial, Juan Luis Galán, es que no se toquen.
¿La razón?
Mantener un jugoso negocio que consiste en la venta por debajo del agua de los vales de gasolina considerados en el presupuesto de la dependencia para la operación de estos vehículos.
De acuerdo con sus características y su uso potencial, se presupuestó un promedio de tres cargas semanales, a razón de mil pesos por carga, para tener listas estas unidades al servicio de los policías.
3 mil pesos a la semana por vehículo, de un total de 51, suman la nada despreciable cantidad de 153 mil pesos semanales.
En efectivo, de contado y sin rastro alguno.
Nada mal, ¿no cree?
Mientras, los ministeriales utilizan vehículos viejos, a los que no se les da el mínimo mantenimiento, para realizar sus tareas diarias.
En el colmo del absurdo, en ocasiones tienen ellos que destinar dinero propio para reparaciones urgentes o para cargas emergentes de gasolina.
Increíble.
Mientras, al interior de la PGJ es un secreto a voces el hecho de que el director de la ministerial tiene asignados para su uso personal 25 vehículos que se encuentran, faltaba más, en perfecto estado.
En el evento de presentación de los nuevos e inutilizados vehículos, el gobernador Moreno Valle aseguro que se darían los pasos necesarios para tener en Puebla “la mejor procuraduría del país”.
En los hechos, no lo parece.
Más allá de la obra de relumbrón que significó el nuevo edificio de la Procuraduría, en la parte operativa las cosas no marchan bien.
200 elementos de la ministerial fueron “desarmados” por órdenes de la propia institución.
Siguen trabajando, pero lo hacen sin el equipo mínimo necesario para cumplir con eficiencia.
En un hecho por demás extraño, comandantes que oficialmente fueron dados de baja de la corporación, siguen realizando distintas labores a petición expresa del director.
Sí, Juan Luis Galán los llama cuando quiere y les encarga asuntos particulares que jamás quedan registrados en los expedientes.
El les paga “ por fuera” sin que exista tampoco comprobante alguno.
La manera de operar en estos casos, no solo es sospechosa, sino a todas luces ilegal.
Por si fuera poco, la tan cacareada transformación de los Ministerios Públicos jamás se aterrizó.
La falta de equipo básico como computadoras, impresoras, papel y demás, sigue siendo la constante.
La falta de eficiencia en el trato a los ciudadanos es evidente, lo cual inhibe la intención de denunciar.
Lo mismo sucede con la tan anunciada limpia para evitar la corrupción.
Los pagos por debajo del agua para ”eficientar” trámites o bien para obtener declaraciones y peritajes a modo, son prácticas comunes y muy rentables para los agentes.
Todo esto, en la Puebla del siglo XXI y manejado por quienes juraron jamás cometer los mismos errores de sus antecesores.
