La diputada del Partido Verde Ecologista (PVEM), Geraldine González, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, con la finalidad de que se incrementen los periodos que establece la legislación para el proceso de entrega – recepción en los Ayuntamientos.
Ante la serie de irregularidades que se han presentado en distintos municipios en donde las autoridades salientes se llevaron equipo de cómputo y demás mobiliario que es propiedad de los Ayuntamientos, la legisladora sentenció que se requieren nuevos esquemas que garanticen que esta situación no se vuelva a presentar dando un mayor tiempo para el proceso de entrega de poder, así como una mayor capacitación por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y sanciones para aquellos que no cumplan la ley en esta materia.
“Se hicieron comentarios constantes por parte de las autoridades electas sobre la necesidad de ampliar el proceso de entrega – recepción en cuanto a su preparación, de manera que exista pleno conocimiento de la situación en que se recibe la administración pública municipal y de los recursos con los que se cuenta para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos. Además, para contar de igual forma en este periodo preparatorio con la asesoría puntual de la Auditoría Superior y, de ser necesario, con el auxilio de la Secretaría General de Gobierno para garantizar la seguridad, la gobernabilidad y la entrega correcta de los recursos que integran el patrimonio municipal”, sentenció.
Expuso que de igual forma se busca dotar a la autoridad en turno de mayores herramientas legales administrativas para sancionar a los ediles que cometen irregularidades en la entrega de los ayuntamientos.
Por su parte el Presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso Local, Eukid Castañón, sentenció que estarán vigilantes de que las administraciones que dejaron el poder en los 217 ayuntamientos no hayan violado la ley pues en caso de comprobarse irregularidades habrá sanciones aún y cuando ya hayan pasado los 90 días que marca el proceso entrega- recepción.
Enfatizando que ello no implicará que habrá una “cacería de brujas”, destacó que tiene que hacerse cumplir la ley “hay que evitar que por un problema de carácter político un particular trate de provocarle un daño a un tercero; la ley y los procedimientos generan que las situaciones se filtren y se llegue a lo que verdaderamente es y no a esta cacería de brujas”.
Añadió que para efectos del proceso de entrega hay cinco días para hacer requerimientos respecto al acta entrega, luego existe otro plazo preventorio en el que se establece un dictamen para efectos de determinar el estado en el que se recibió la administración pero ello no limita la posibilidad de que posteriormente a este plazo se puedan hacer investigaciones para determinar responsabilidades.
