Y es que basta recordar el enfrentamiento que sostuvieron durante medio siglo los municipios de Puebla y San Andrés para definir sus límites territoriales.
El crecimiento desordenado que durante décadas han tenido las capitales de los estados y, por ende, el área metropolitana respectiva, generaron serios problemas de concentración de habitantes y de acentuada pobreza.
Aún más, con tal crecimiento desordenado han invadido el territorio de municipios vecinos o hasta de estados colindantes. Así, algunas personas saben que habitan en X municipio y que pertenecen a X estado, pero en algunos casos optan pagar ciertos servicios al municipio que les “acomoda” ya sea por cercanía o porque son más baratos o porque les prestan una mejor atención.
En Puebla existen algunos casos como los descritos, por ejemplo San Pablo del Monte, Tlaxcala, colinda con el norte del municipio de Puebla. No son pocas las familias de San Pablo que se han asentado de forma irregular en territorio poblano y aseguran que es territorio tlaxcalteca, no pagan servicios por obvias razones, pues no están legalizados sus terrenos; hay otros casos en que sí adquirieron formalmente su predio en Puebla, pero se asumen tlaxcaltecas.
El caso de los municipios de Puebla y de San Andrés Cholula es un tanto diferente. En 1962 el Congreso de Estado emitió un decreto en el que se establecían los límites de ambos municipios, sin embargo el conflicto se presentó ante el crecimiento de la mancha urbana hace 20 años por la creación de la zona comercial y residencial Angelópolis (al sur de la capital poblana).
La plusvalía de la zona significa jugosos ingresos por concepto de predial y otros servicios municipales, así que el conflicto entre los ayuntamientos escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que Puebla y San Andrés debían ajustarse al decreto de 1962 y el Congreso del Estado solucionar el problema.
El acuerdo se logró apenas el año pasado, con una delimitación salomónica, se tomó como referencia los ríos que cruzan ambos municipios, y ciertas avenidas principales en la zona de Angelópolis.
Así, cada ayuntamiento ya cobrará los servicios y derechos que les corresponda en su territorio, pero no implica que haya una coordinación de acciones entre los gobiernos (por ejemplo la policiaca), aun cuando puedan ser del mismo partido sus titulares.
Si este conflicto se suscitó entre municipios de un mismo estado y duró tantos años, habrá que imaginar cuántas situaciones similares o más graves existen en otros territorios del país.
En la reunión de la Conago -realizada la semana pasada- se dijo que en el país hay 59 zonas metropolitanas en el país, conformadas por 64 millones de habitantes, lo cual representa el 57 por ciento de la población, ubicadas en 29 entidades federativas y 367 municipios.
Para atender los diversos y profundos problemas, los 32 gobernadores aceptaron una “Agenda Temática” de ocho:
Planeación regional, de desarrollo urbano, vivienda digna y segura; Retos sociales; Retos para el desarrollo económico y competitividad; Retos ambientales en las metrópolis; Retos de infraestructura, conectividad y movilidad; Retos de gobernabilidad, seguridad pública; Actualización de los aspectos jurídicos, administrativos y financieros; Creación del Instituto de Estudios e Investigación para el Desarrollo Metropolitano.
Son ocho retos que llevará mucho tiempo atender; pero tal como están descritos todo hace suponer que su atención dependerá de la buena voluntad de los mandatarios.
En la agenda temática no se menciona explícitamente al gobierno federal y su participación, tampoco de aplicar políticas públicas integrales y mucho menos se menciona que sea obligatoria la atención de dicha agenda.
En la Conago participan los 32 mandatarios, que son de diferentes partidos, cuyas necesidades son similares pero con diferentes prioridades según la óptica del gobierno en turno, y a eso súmele los intereses de los respectivos alcaldes que gobiernan los municipios que conforman dichas zonas metropolitanas, el esfuerzo será realmente titánico.
Si bien la conformación del país es una República federada y que cada Estado puede aplicar la política pública que mejor le parezca para apuntalar su desarrollo y crecimiento, también lo es que se requiere de políticas públicas integrales e incluyentes para que efectivamente se avance en atender la compleja problemática de las zonas metropolitanas.
Cambio en IMEF
Jaime Díaz Martín del Campo asumió la presidencia de IMEF Puebla para el presente año, y para ello contó con la presencia del dirigente nacional del Instituto Daniel Arturo Calleja Pinedo.
Martín del Campo es socio de PricewaterhouseCoopers, además es parte del Consejo de Coparmex Puebla.
