Y es que los 217 presidentes municipales electos están prontos para iniciar “la consulta”, o realizar “foros” para saber qué es lo que quieren los ciudadanos, cuáles son sus necesidades e incluir todo ello en el Plan de Desarrollo Municipal.
Durante décadas cada gobierno en México presentaba un plan general de trabajo o un “plan sexenal” que no se cumplía, y ante la presión de grupos políticos, partidos y algunos organismos civiles finalmente en 1982 se modificó la Constitución mexicana en los artículos 25 y 26 para incluir la obligatoriedad del gobierno a “planear democráticamente” el desarrollo nacional, lo cual aplica a los tres niveles, es decir federal, estatal y municipal.
Sin embargo, lo único positivo en que ha derivado la elaboración de dichos planes es conocer cómo opera internamente el gobierno, su estructura y las áreas de influencia de cada secretaría o dependencia.
Así que cada Plan de Desarrollo (nacional, estatal o municipal) incluye qué quiere hacer el gobierno en turno y cuáles serán sus estrategias principales.
Todos -sin excepción- incluyen educación para todos, acabar con el analfabetismo; garantizar el acceso a servicios públicos, mejorar la calidad de vida de los habitantes, impartición de justicia expedita y la vigencia de un Estado de Derecho.
Es decir, lo que todo ciudadano desea y al mismo tiempo demanda de su gobierno.
Pero el punto está en pocos o ninguno fija metas concretas, no le pone números; no dice concretamente qué hará para ofrecer educación a todos, por ejemplo.
Y como los planes incluyen solo aspecto muy generales pues eso da margen a que los gobernantes hagan lo que mejor les parece y como lo deseen.
Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari nunca plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que iría por la apertura total, que buscaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y sin embargo en ello dedicó buena parte de su gobierno.
Tampoco Felipe Calderón plasmó en su PND que la “justicia para todos”, que garantizar un Estado de Derecho y que el “desarrollo” del país se basaría en su infernal lucha contra el narcotráfico.
En Puebla tampoco se han respetado los planes, de lo contrario no se habría creado la zona de Angelópolis (al sur de la capital del estado), y mucho menos se hubieran vendido o regalado miles de hectáreas de áreas verdes y de la misma zona de Angelópolis, por ejemplo.
Si se hubieran respetado los Planes de Desarrollo (nacional, estatal o municipal) no se habrían construido cientos de “ratoneras”, esas edificaciones que los empresarios llaman pomposamente “desarrollo habitacionales horizontales”, que no son otra cosa que casas en serie alejadas de centros de trabajo, de comercios y de cualquier área de entretenimiento.
Así, en los próximos días, se gastarán (desperdiciarán) tiempo y dinero en cada uno de los 217 municipios para elaborar su Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para el ejercicio 2014-2018, para que al final incluyan lo obvio: más y mejores servicios públicos, ampliar las vías de comunicación, modernizar el servicio de limpia, regular el crecimiento de la mancha urbana, apoyar las actividades agropecuarios, y mejorar la atención a los grupos “vulnerables”, es decir mujeres, niños, ancianos, personas discapacitadas, etc .etc. etc.
Si ofrecen todo eso los futuros alcaldes, si reconocen el rezago que hay en sus municipios, habría que empezar entonces con pedirles cuentas a los 217 munícipes salientes porqué no cumplieron con sus respectivos PDM.
Ah! pero esto último resultaría ocioso. Primero, porque quizás casi todos ni se acuerden qué es lo que decía su PDM, y segundo porque la ley sólo obliga a elaborar el Plan de Desarrollo, pero no a cumplirlo y menos a que los informes de gobierno se basen en ellos.
¿No sería mejor repensar qué tan positivo es hacer los PD?
O de plano desaparecerlos para evitar el desperdicio de tiempo y dinero.
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