En ningún momento argumento que debe obviarse el maltrato animal.
Sin embargo, ante lo ocurrido esta semana, asombra la poca importancia que se ha dado a la discriminación y a la violación de derechos humanos y laborales de cinco personas, en consecuencia a cinco familias.
El maltrato a perros y gatos por parte de un sujeto en San Martín Texmelucan, Puebla, se convirtió en tema de medios de comunicación y redes sociales, a grado tal que los ‘indignados’ presionaron a que el gobernador del estado interviniera y éste comedidamente a través de su cuenta de tuiter @RafaGobernador respondió a la demanda de los ciudadanos y dio indicaciones al ayuntamiento de Texmelucan para resolver el problema.
Así en menos de 24 horas hasta con orden judicial, el lunes pasado las autoridades se presentaron al domicilio del responsable para investigar el caso y citarlo a declarar; en tanto que, como nunca antes, los diputados ya preparaban -el mismo lunes- una ley de protección a los animales.
En contraparte, en la junta auxiliar de Chipilo, el viernes pasado fue clausurado un restaurante supuestamente por ‘inmoral’, es decir por emplear a madre solteras, homosexuales, mujeres embarazadas, a mujeres que usan motocicleta y a que la dueña es divorciada. De estos hechos no hay un video en redes sociales, tampoco un documento que lo certifique. Aunque, está el dicho de la propietaria y también versiones de los vecinos.
La información de este hecho circuló por todo tipo de medios desde el lunes pasado.
Pero no hay la misma reacción; no hay tal indignación por discriminación a la personas.
No hay indignación porque se violaron los derechos humanos y laborales de las personas.
No hay indignación porque se atenta con el derecho a trabajar honestamente, y porque se cerró una fuente de empleo.
Vamos, ni siquiera el gobernador Rafael Moreno Valle a través de su cuenta de tuiter ha ‘informado’ o solicitado que intervenga el alcalde San Gregorio Atzompa (municipio al que pertenece la junta auxiliar de Chipilo), y mucho menos la Comisión de Derechos Humanos del estado se ha hecho presente en el restaurante ubicado en la calle principal de Chipilo.
Si bien existen versiones encontradas sobre lo sucedido en el restaurante La Forchetta, que fue cerrado por discriminación de persona o incluso por cuestiones políticas según la dueña Norma Hannan, o porque según la presidenta auxiliar Edith Zago Colombo, sin orden judicial “conminó” a cuatro dueños de igual número de establecimientos a “cerrar temporalmente” porque ocasionaba mucho ruido y al parecer estaba irregular su operación.
Pero el hecho es que fue cerrado el establecimiento y nadie se ha dignado a investigar el asunto.
Si fue por discriminación, entonces se violó la Constitución de México y la Constitución del estado de Puebla; se violó la Ley Federal del Trabajo; también se violaron los derechos humanos y hubo discriminación por cuestión de género, por condición civil y por preferencia sexual.
Han pasado ya cuatro días y permanece cerrado el restaurante La Forchetta o Bambú (como también se le conoce).
¿Dónde está el alcalde de San Gregorio Atzompa, Marcos Cuahuey que no investiga lo ocurrido en Chipilo?
¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos?
¿Dónde están las agrupaciones pro defensa de las mujeres?
¿Dónde están las agrupaciones pro defensa de la diversidad sexual y de género?
¿Por qué no intervino en este caso el gobernador Moreno Valle?
Anda mal la sociedad cuando genera más indignación el maltrato animal y se ignora el maltrato de cinco seres humanos, a cinco familias.
