El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) propuso establecer un impuesto “verde” de cinco pesos al litro de gasolinas, para mitigar los efectos negativos ocasionados por el uso excesivo de vehículos particulares.
El organismo expuso que el objetivo de este sobre precio al consumo de combustibles es propiciar un uso más racional y reducir las emisiones, la congestión vehicular y obtener recursos adicionales para fortalecer el sistema de transporte público.
En su publicación “Análisis económico ejecutivo” , considera que este es el mejor momento para definir una política de precios de los combustibles alineada con los objetivos de crecimiento y competitividad, y acorde con las necesidades del país.
En su opinión, debe ponerse un impuesto al consumo de combustibles porque en sólo 10 años, de año 2000 a 2010, el número automóviles particulares en México aumentó más de ciento por ciento, al pasar de nueve millones 786 mil a poco más de 21 millones, lo que significó una tasa media anual de crecimiento de 7.9 por ciento.
Advierte que darse una tasa menor de crecimiento, de 5.0 por ciento anual, hacia el año 2035 se sentiría el efecto de 70 millones de vehículos particulares, perspectiva que calificó como “pavorosa” .
Refiere que no hay forma de financiar la infraestructura que esto va a requerir y, al mismo tiempo, enfrentar las necesidades de la población en un sinnúmero de sectores como agua potable, saneamiento, salud, educación, entre otras muchas, así como de las empresas en puertos, aeropuertos, carreteras, tecnología, solo por mencionar.
Existe tal demanda por vehículos particulares, señala, porque los mexicanos hacen todo lo que sea posible con tal de adquirir un automóvil, ya sea de producción nacional, o en su caso, procedente de los desechos de Estados Unidos, con tal de evitar el transporte público.
Ello, porque en la gran mayoría de los casos, la alternativa de transporte público en las ciudades mexicanas es de extraordinaria mala calidad, frecuentemente caro, lento y peligroso.
Además, en los últimos años la política del gobierno federal significó vender los combustibles en el país a un precio inferior al de importación de referencia, señala.
Para el organismo de investigación del sector privado, esto condujo a otorgar subsidios que significaron verdaderas fortunas que podrían haberse usado para llevar a cabo una verdadera política moderna de transporte de calidad para personas en todas las ciudades de México.
