Durante el gobierno anterior, la “guerra” declarada por el entonces Presidente en turno dejó cifras espeluznantes en torno a número de víctimas, muchas de ellas inocentes; el saldo alrededor de 60 mil muert@s y 20 mil desaparecid@s, durante ese período.
Familiares de las víctimas, organizaciones civiles diversas y muchos más en lo individual, levantaban la voz para solicitar que el gobierno federal de entonces, modificara su estrategia, generándose varios intentos fallidos de atención, la respuesta para ese saldo “daños colaterales”.
Un esfuerzo más lo fue el del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que tradujo su lucha en una propuesta de Ley que permitiera proteger a las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos y combatir la doble victimización a la que se enfrentan.
Esta Ley General de Víctimas fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión. El grupo parlamentario del PRI en su posicionamiento a favor de esta Ley señaló “es un reclamo del pueblo de México, detrás del cual están víctimas de secuestro, desapariciones y privación de la vida” pero el entonces presidente Felipe Calderón la impugnó al promover una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello se detuvo su entrada en vigor.
Hace unos días cumpliendo un compromiso asumido en el período de campaña, ratificado en su primer día de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó desistirse de esa controversia presentada, para que fuese promulgada esta Ley.
Si bien el presidente Peña Nieto ratificó con este acto el objetivo de su gobierno de “construir un país en paz, donde el ciudadano sea el centro de la política de seguridad” y que el “Estado Mexicano debe estar al lado de las víctimas y sus familias”; también, es importante precisar, que diversos organismos como el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han valorado que los conflictos violentos, “pueden acabar con décadas de logros en materia de desarrollo” y que creando “consenso en las disputas” e invirtiendo en “gobernabilidad democrática” que incluye por supuesto, el fortalecimiento del marco legislativo; esencial para que el desarrollo funcione -hoy, fundamental en México- demuestra la gran importancia que permea alrededor del hecho de promulgar esta Ley General de Víctimas.
“Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos” es el objetivo de la Ley General de Víctimas.
Y sin duda, como toda Ley es perfectible y puede ser sometida a reformas y adiciones que permitan profundizar en los mecanismos para la protección de las víctimas, dándole plena viabilidad a través de los órganos que tendrán que crearse para ello como el sistema nacional de víctimas, la comisión ejecutiva de atención, un órgano de asesoría jurídica, un registro nacional de víctimas, un fondo de ayuda y mantener una comunicación directa con las familias de las víctimas y los desaparecidos –que por cierto, ya se está haciendo por parte del Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong- claro! que representa un paso adelante, pero también decisivo, con implicaciones positivas.
“La ley es un paso necesario, significativo y de plena legitimidad en el amino de dotar a las mexicanas y mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos cuando se enfrentan a la lacerante situación de dolor y precariedad que las convierte, sin buscarlo ni quererlo, en víctimas del delito y de violaciones a os derechos humanos” señaló el representante en México del Alto Comisionado de a ONU para los derechos humanos.
A la Cámara de Diputad@s corresponderá analizar, debatir y elaborar las reformas y leyes que sean presentadas, para perfeccionar la que comento, u otras, que surgirán de esa construcción de acuerdos que está generando el “Pacto por México” y que serán integradas a la agenda legislativa para el segundo período de sesiones y lo seguiremos haciendo en ese ambiente de colaboración y responsabilidad partidista.
