Leticia Noriega, de 19 años, se dejó convencer para depositar su dinero en una caja de ahorro de una comunidad de Oaxaca. Este intermediario, que recién había abierto una sucursal improvisada en una casa vieja de la localidad, ofrecía como su principal atractivo, tasas de interés superiores a 10%.
Las tres personas que laboraban en esta seudocaja, se daban a la tarea de convencer a los clientes de “puerta en puerta”. En esa comunidad no había bancos ni otro intermediario financiero, por lo que la gente no tenía otra opción.
Leticia guardó en esa caja 2 mil pesos, producto de la cosecha de café de cinco años.
En dinero lo utilizaría para trasladarse al Distrito Federal y estudiar enfermería. Al mes de instalarse en la comunidad, la caja cerró. No estaban los empleados y nunca más regresaron, por lo que el dinero de los ahorradores se perdió.
Como este caso, hay miles de ahorradores afectados por las cajas populares que defraudan a la población de escasos recursos.
Y en México, el sistema de ahorro popular sigue incompleto. La falta de conclusión en su proceso de regularización constituye un riesgo para miles de familias.
A 11 años de la promulgación de la legislación, el sector no logra consolidarse. Y las cifras hablan solas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detalló que a la fecha hay 63 instituciones de ahorro y crédito popular autorizadas, que representan 67% de los activos del sector y 64% de sus socios.
Las entidades, con licencia para operar de 2011, detentan un poco más de 69% de los activos y 64% del número de socios del sector, es decir, 56 mil millones de pesos y casi 3.8 millones de socios.
Hay otras 7 sociedades cooperativas se encuentran en etapa de estudio en la CNBV para autorizarse y otras 270 sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de Unidades de Inversión (Udis) que operan al amparo del régimen transitorio de la ley.
Éstos intermediarios deben de manera “urgente y prioritaria” acercarse al comité de supervisión auxiliar del Fondo de Protección, para que se evalúen y, en su caso, soliciten su autorización a la CNBV.
Sólo aquellas sociedades cuyos activos sean menores de 2.5 millones de UDIS están exentas de esta obligación. No obstante, hay 548 sociedades que no reciben supervisión y el plazo para regularizarse vence el 31 de diciembre de 2012.
En el año 2000 se emitió una ley para poner orden y regular a este sector, luego de los fraudes millonarios que se registraron en diversas regiones del país y que afectaron a cientos de ahorradores.
Ramón Imperial Zúñiga, director general de la Caja Popular Mexicana, reconoció que este año será “crítico” para lograr la consolidación del sector. Admitió que se calcula que hay 650 cooperativas a nivel nacional y de éstas, 10% están autorizadas.
Aceptó que todavía hay un grupo de entidades de las que no se cuenta con información básica.
El empresario reconoció que desde hace varios años se busca regularizar al sector, pero las diferentes prórrogas retrasaron el proceso.
No obstante, afirmó ya hay avances. Por ejemplo, ya opera un fideicomiso que se integra con el fondo de garantía, cuyos recursos para hacer frente a cualquier insolvencia de las entidades populares ascienden a 250 millones de pesos.
Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, mencionó que una de las razones por las que el sector no se desarrolla plenamente es la falta de regulación y supervisión
Insistió que la ausencia de un esquema regulado propició que “sociedades” sin ética y poco profesionales cometieran fraudes en contra del patrimonio y la confianza de sus socios y ahorradores. Lo anterior, dijo, provocó un efecto negativo en la imagen y reputación de todo el sector.
Un documento de la CNBV puntualizó que las entidades del sector de ahorro popular son las únicas que tienen como vocación atender a familias de bajos ingresos.
Estas entidades están más cerca y entienden mejor la situación, capacidades y necesidades de sus clientes o socios, y en consecuencia, desarrollan productos y servicios a la medida de las microfinanzas.
Babatz comentó que a pesar de que hay un marco regulatorio para este sector, falta avanzar en los aspectos estructurales como una sana operación de crédito, gobierno corporativo, control interno o administración de riesgos de las entidades.
El funcionario mencionó que las reglas prudenciales para las sociedades cooperativas, al igual que para el resto del sistema financiero, se diseñan con el propósito central de proteger el ahorro y patrimonio de sus socios.
(Información de www.eluniversal.com.mx)
