Como ya sabemos, la actuación de la ex Presidenta Municipal Blanca Alcalá fue revisada supuestamente con una poderosa lupa y las conclusiones que se expusieron a los medios fueron desde quebrantos financieros por casi dos mil millones de pesos… hasta cargarle a los que se fueron las tapas de excusados que no aparecen por ningún lado.
Desde entonces se ha debatido por unos y otros que es una absurda cacería de brujas, que se manejaron datos falsos, que hubo dolo en el manejo de las cifras y equivocaciones premeditadas y hasta que hay pruebas fehacientes de que actuales Regidores llegaron a la falsificación de documentos y firmas.
Lo cierto es que los ex funcionarios ya orientaron su estrategia hacia el mismísimo Poder Judicial Federal y con todo un expediente de pruebas, desde ahí le apostarán a exhibir y destruir los dichos de sus detractores. Y mientras tanto, la autoridad municipal actual se apresta a emitir citatorios a los supuestos ex funcionarios corruptos.
Todo esto ya lo sabíamos. Pero poco se ha analizado lo siguiente.
Uno de los múltiples (uno más, pues) errores del dictamen de Entrega-Recepción, en el que se ordena la comparecencia de los ex Secretarios Municipales para que realicen las aclaraciones a todo lo imputado, fue detectado por el propio Contralor actual: Nada más se les olvidó a los quejosos poner qué aclaraciones se requieren.
Dicen que la primera exclamación del Contralor fue: “¿Y… qué aclaraciones les voy a pedir, si solo me aprobaron las conclusiones?!!”
Y el señor Contralor tiene razón, pues según los expertos, aunque pareciera que él es el facultado para investigar a cualquier servidor público, lo cierto es que en este caso la Ley Orgánica de los Municipios confiere esa atribución –tratándose del proceso de Entrega-Recepción- al Cabildo.
Por lo anterior, si el Contralor sabe de todo esto (por supuesto debería saberlo), entiende perfectamente que los Regidores (o Secretario General según quien sea finalmente el responsable de todo este embrollo) lo han metido en un serio problema, pues ejercer funciones que no corresponden a su empleo es un delito.
Así de simple. Y grave.
Y la bronca en que empinaron al Contralor (y desde luego el gran ridículo recaerá, una vez más… en el propio Alcalde Eduardo Rivera), no es nada fácil de resolver: O queda mal con los Regidores de su Gobierno pidiéndoles que subsanen sus omisiones (y errores de chamacos) o… se avienta al ruedo y en un momento de sublime inspiración suple las carencias del acuerdo de Cabildo y se saca de la manga las aclaraciones que pedirá (y que nunca le dieron sus amigos), a sabiendas de que los otros –los blanquistas- conocen el problema perfectamente y sin duda lo van a aprovechar.
De hecho, las comparecencias de los ex funcionarios blanquistas comienzan hoy mismo, a partir de las 13:00 horas. Se va a poner bueno.
Por cierto, aquí está lo que dice el Código Penal de Puebla:
“CAPÍTULO DECIMONOVENO.
“DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS.
“SECCIÓN PRIMERA.
“EJERCICIO INDEBIDO O ABANDONO DE FUNCIONES PÚBLICAS.
“Artículo 417.- Se impondrá prisión de tres meses a un año y multa de uno a diez días de salario, destitución e inhabilitación de tres meses a un año, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, a los servidores públicos que incurran en las infracciones siguientes:
“… IV.- Al funcionario Público o Agente de Gobierno que ejerza funciones que no correspondan al empleo, cargo o comisión que tuviere…”
Pues más claro ni el agua.
El terrible problema del Alcalde Eduardo Rivera es que ha confiado en que todo iba a salir como se lo habían contado sus bisoños asesores y poder dar un espectacular golpe mediático contra la gestión municipal anterior, pero la realidad es que cada día se complica mucho más todo el embrollo en que fue metido… más lo que falta.
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