El Movimiento Antorchista de Puebla rechaza tajantemente las acusaciones contra su fundador, Aquiles Córdova Morán y sus dirigentes estatal y municipal, Juan Manuel Celis Aguirre y Soraya Córdova Morán, respectivamente, que un individuo de nombre Marco Antonio Trujillo Castellanos ha difundido profusamente en diversos medios de comunicación, impresos y electrónicos. En su rabia fascista y aprovechándose del clima de persecución y represión que priva a nivel nacional y estatal, amenaza con acusar al Movimiento Antorchista de “delincuencia organizada” y “lavado de dinero”, con el argumento falaz de que invade predios, los vende y compra otras propiedades sin declarar impuestos.
Al respecto, aclaramos por enésima ocasión que nosotros no hemos invadido ningún predio ni fraccionamiento, y tampoco aconsejamos a nadie que lo haga. Reiteramos de nueva cuenta que Antorcha Campesina sugiere a los precaristas que acuden en busca de apoyo, que se organicen y paguen los predios o viviendas que habitan. Por lo que Antorcha Campesina no es absolutamente responsable de ninguna invasión. De lo único que se nos puede acusar es de estar de parte de la gente modesta que no tiene un lugar donde vivir, y a la cual el gobierno del Estado no ha dado ninguna alternativa.
Todos los problemas de los precaristas han sido planteados en tiempo y forma al Gobierno del Estado, acompañados con propuestas de solución, pero como los mismos abogados, que a decir de ellos representan a los empresarios, lo reconocen, son ellos quienes se niegan a la intermediación y a soluciones planteadas a través del gobierno estatal. En algunos casos pretenden cambiar cuentas de vidrio por lingotes de oro y, en otros casos, francamente maniobran con la ley, para que en un “golpe de suerte” se hagan de cuantiosos dividendos a costa de los más necesitados.
Van los siguientes ejemplos:
1.- En el caso de las 250 casas que reclama la empresa Dimensiones y Asesores, ubicadas en la región de Tecamachalco, quienes se ostentan como sus representantes pretenden cobrar por cada una de las viviendas la estratosférica cantidad de doscientos mil pesos, cuando se las adjudicaron por la irrisoria cantidad de ¡dos mil pesos!
Quiere decir que sus representantes (que por cierto, cada dia aparece uno nuevo) pretenden sangrar de por vida a los precaristas, imponiendo un precio por vivienda¡10,000%! más alto que el que pagaron por ellas. Es a través de los propios Señores Saba con quienes hemos iniciado una negociación inteligente y racional que fue interrumpida, seguramente, por cuestiones de su agenda, pero que en el momento en que ellos lo dispongan, concluiremos con un acuerdo definitivo.
2.- Sobre la “Antigua Hacienda de Chavarría”, ubicada en Santa Clara Ocoyucan, los solicitantes de lotes antorchistas adquirieron 25 hectáreas de 35 propietarios de Santa María Malacatepec, para fundar la colonia Tlacaélel. El predio de 25 hectáreas (250 mil metros cuadrados) se contrató con quienes se ostentaron como propietarios y venían poseyendo los terrenos desde hace más de 70 años.
Cuando a finales del 2008, “amparados en la ley” del más fuerte, con arbitrariedad y con violencia, Joaquín Thomé Villalba y un grupo de malandros intentaron desalojar a los habitantes de la colonia, destruyendo numerosas viviendas y pertenencias de los colonos, la protesta del Movimiento Antorchista obligó a los agresores a reconocer su delito y a pagar los daños que ocasionaron.
Así, en acuerdo con la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado, el día 3 de diciembre de 2008, Maurilio Colotl Colotl y Marco Antonio Trujillo Castellanos, en representación de “Triturados Thomé Villalba S. A. de C. V.”, firmaron de conformidad sobre los derechos que asistían a los habitantes de la colonia Tlacaélel, y que ahora inauditamente reclaman, para sorprender a las actuales autoridades.
Y por si fuera poco, se obligaron a cubrir en especie, los daños que ocasionaron a los colonos. Y el acuerdo lo firmaron Maurilio Colotl Colotl y Marco Antonio Trujillo Castellanos, por un lado, y por la parte oficial, el licenciado Jorge Francisco Díaz Gil, como testigo de calidad y Subsecretario Jurídico del Estado.
¿Dónde está el delito que perseguir? Marco Antonio Trujillo Castellanos, individuo pérfido y venal de los albañales de la política poblana, miente, puesto que firmó el acuerdo a nombre de la empresa que ahora supuestamente dice defender.
Por cierto, Joaquín Thomé Villalba, que hace 20 años llegó a la región de Santa Clara Ocoyucan primero rentando terrenos para explotar yacimientos de piedra y arena, en el sexenio pasado curiosamente se hizo dueño de cientos de hectareas y despues del conflicto con los ejidatarios de Azumiatla, el año pasado, cercó más de 150 hectáreas de terreno, propiedad de campesinos de San Andrés Azumiatla, construyendo una barda perimetral que semeja la “Muralla China”.
La impunidad y los cuantiosos recursos con que llevó a cabo tal acción refleja que es prestanombres de algún funcionario de altísimo nivel de la Administración estatal pasada, con acceso a recursos económicos ilimitados, o bien, se dedica a la “purificación” de dinero, y don Marco Antonio es su abogado y dicen que también su yerno.
3.- En cuanto al predio de San Francisco Totimehuacán, de cuarenta mil metros cuadrados, ubicado en el Sur de la Ciudad Capital, desde hace 25 años forman las áreas verdes de las Colonias Balcones del Sur y Ampliación Balcones del Sur.
En el predio, los vecinos construyeron con faenas y cooperaciones una cancha de usos múltiples, donde los niños, jóvenes y adultos practican basquetbol, voleibol y fútbol rápido; la anterior administración municipal construyó un área de juegos infantiles y el Gobierno estatal aportó recursos para iniciar la construcción de la Unidad Deportiva que consta de un campo de fútbol soccer y otro de beisbol.
El área es utilizada por 10 mil personas, aproximadamente. Pero además, la Comisión Interinstitucional de la Administración Estatal pasada procedió a la regularización de dicho predio.
4.- En relación a las 114 casas del Fraccionamiento Magisterial “Periférico”, los empleados estatales, (entre ellos muchos Maestros), contrataron créditos para la adquisición de vivienda, los descuentos empezaron a aplicárseles directamente a sus cheques, se les retiró su ahorro de FOVISSTE, todo esto desde hace más de cinco años, sin que la Inmobiliaria Hipotecaria Casa Mexicana les entregara ni una sola vivienda.
Al contrario, la Hipotecaria abandonó el fraccionamiento a medio construir y al buscar afanosamentela los empleados la devolución de su dinero, los teléfonos y oficinas contratadas “desaparecieron misteriosamente”, y mientras tanto, los descuentos a los maestros continuaron y siguen hasta la fecha, sin que ninguna ley o abogado pueda encontrarles solución. Ante tamaña injusticia, los empleados y maestros defraudados decidieron tomar posesión de lo que ya estaban pagando desde hacía más de cinco años, y el Movimiento Antorchista simplemente los ha respaldado, gestionando ante el actual Gobierno del Estado que les reconozcan la propiedad y les terminen las viviendas.
5.- Con respecto a la Ex –Fábrica “La Concha”, no fue el ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre quien hizo la compra. El dolo y la inquina de quien le ordenó a Marco Antonio Trujillo Castellanos que hiciera las declaraciones se pone de manifiesto, porque fue la misma Organización quien hizo pública la adquisición, para resolver un problema de quinientos obreros, a petición de ellos mismos.
Quien hizo la compra fue la “Cooperativa Agropecuaria Regional A. C.”, que ha hecho de la cooperación del colectivo principio y fin de su existencia.
Estando así las cosas, el personaje que ordenó el golpe mediático contra el Movimiento Antorchista sabe que sus dirigentes son auténticos líderes sociales y que su actuar y su modo de vida son transparentes. El propósito central fue, luego entonces, desprestigiar a la Organización ante la opinión pública para restarle fuerza a sus demandas y enfrentarla al gobierno de Rafael Moreno Valle.
Pero, en su ataque mediático, se quitaron la máscara y quedó al descubierto el descarnado rostro del fascismo: sin tapujos, cínica y ferozmente, están calificando los esfuerzos del pueblo organizado para resolver sus carencias y necesidades, como ¡crimen organizado!; y, al esfuerzo de los solicitantes de lotes para atender sus necesidades de vivienda, mediante la adquisición conjunta de predios para su fraccionamiento en común, lo vuelven anatema, estigmatizándolo como ¡lavado de dinero!. ¡La criminalización total y absoluta de la lucha social!
Para el Movimiento Antorchista de Puebla queda claro que estamos en presencia de un ataque frontal desde la oscuridad del sistema político poblano, hecho por fuerzas que cuentan con un gran poder político y económico, donde la cabeza visible es Marco Antonio Trujillo Castellanos, ligado a los intereses de la Administración estatal pasada. Ante el embate, nos defenderemos con los únicos recursos que a lo largo de la historia han demostrado su invencibilidad: la ley, la razón y la fuerza del pueblo organizado.
Termino diciendo que en caso de continuar los ataques mediáticos, en una próxima entrega haremos público el nombre del personaje que está detrás de los mismos.
*Integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista
