El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, llega a sus cien primeros días de gobierno rodeado de escándalos. Para diversos sectores, el inicio se destaca por la falta de acciones que reflejen cambios “en la ciudad que queremos”, frase con la que el edil enmarca sus acciones de gobierno.
El primer tropiezo de su gestión fue la aprobación en cabildo de un sustancioso aumento de sueldo disfrazado de “ajuste por asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos”.
Un mes después Rivera anunció el primer cambio en su gabinete al relevar a Ignacio Acevedo Ponce de León de la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública y colocar a Felipe Velázquez Gutiérrez, ex presidente municipal de Atlixco y sobre el que pesan sospechas de corrupción por la solicitud de diezmo entre constructores a través de Miguel Ángel Macip Zuñiga.
Los comicios en las 17 juntas auxiliares de la capital también ensombrecieron la administración ante los evidentes desatinos en la organización de las elecciones, donde hubo quema de boletas, disturbios e incluso la inédita suspensión del proceso en tres comunidades, pese que previo a los comicios el propio edil garantizó “paz social”.
Los roces con el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento también quedaron en evidencia pues el alcalde ya recibió su primera protesta para mejorar las condiciones laborales. Situación que concluyó con un acuerdo al otorgar cuatro por ciento de incremento salarial y créditos de Infonavit.
En su partido, Acción Nacional, el escenario también está en su contra por su presunta operación contra el grupo de Ángel Alonso Díaz Caneja para tomar el control del comité estatal partidista y la consecuente designación de las próximas candidaturas.
El segundo desaguisado fue el mismo día que intentó atraer los reflectores al iniciar la primera de las mil calles que prometió pavimentar en campaña. Lejos de que su acción ocupara espacios en prensa, su propio equipo se encargó de eclipsar la obra al revelar de manera oficial que en el trienio de la antecesora Blanca Alcalá se encontraron graves anomalías, incluido el daño patrimonial, cercanas a los dos mil millones de pesos.
Rivera y sus funcionarios no repararon en el grave error de difundir que el despacho del dirigente capitalino del PAN, Gerardo Maldonado, fue el encargado de la revisión y posterior dictamen.
Ello desató la consecuente reacción política de una parte del PRI que reviró acusando una cortina de humo ante la falta de resultados.
El dirigente de ese partido, Juan Carlos Lastiri, consideró irresponsable difundir sin bases un presunto daño patrimonial, ya que el dictamen de la Comisión de Entrega – Recepción del ayuntamiento panista no es un tribunal no la instancia competente para ello.
Ante el embate el edil Rivera no recibió apoyo de su instituto político, es más, ni siquiera de sus compañeros diputados pues tras enfatizar que el Congreso del Estado no se dejará “llevar por calenturas ajenas”, el presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña, sostuvo que la revisión de la cuenta pública de la ex presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se efectuará en términos técnicos, no políticos como en el pasado; ya que el Órgano de Fiscalización Superior “ha dejado de ser un garrote político”.
A menos de 24 horas del informe de los cien días, Rivera presentó su declaración patrimonial que asciende a poco más de cuatro millones de pesos, incluidas dos casas habitación y una camioneta en propiedad mancomunada con su esposa Liliana Ortiz.
Hoy edil poblano informará “de manera austera” las 228 acciones ejecutadas en este periodo al frente del cuerpo edilicio, y tampoco será su día pues el Gobernador recibe la visita del presidente Felipe Calderón para encabezar dos actos de índole nacional.
