En la Cámara de Diputados, la Comisión del Trabajo convocó a una serie de encuentros con especialistas, ciudadanos y organizaciones interesadas en analizar y aportar propuestas a la Iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Tema de la mayor importancia para el país, más aún cuando la última reforma a este marco legal data de la década de los 70as.
Esta oportunidad sin duda había que aprovecharla, más aún si recordamos que la lucha por los derechos laborales de las mujeres en México se dio a la par que la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos; por ello acudimos a invitación del comité nacional del Organismo de Mujeres del PRI tres mujeres que tuvimos la oportunidad de participar por parte de este Instituto político.
El Titulo Quinto de la Iniciativa es el que contempla la protección de las mujeres trabajadoras; partiendo de lo ahí mencionado, referimos la serie de problemáticas a las que se enfrentan las mujeres trabajadoras actualmente, que no se reflejan en la Iniciativa.
Si en 1979 en datos del INEGI la participación de las mujeres en el mercado laboral era de 21% de las personas económicamente activas (PEA) y para el 2010 la proporción aumentó al 42%, resulta obvio que a 40 años de la última reforma a esta Ley los principios establecidos han sido rebasados.
En la década de los 70as la reforma se centró en la protección de la maternidad. Por eso ahora que se tiene la oportunidad de reformar la Ley, es indispensable dar certeza jurídica a las condiciones laborales de las mujeres que durante este período han sufrido un grave deterioro.
Datos oficiales señalan que del año 2000 al 2010 aumentó 34.4% el número de trabajadoras sin seguridad social -10.8 millones de mujeres- esto demuestra la pérdida de derechos laborales, lo cual sumado a que más del 40% de la participación laboral se concentra en el sector informal -en datos del INEGI- la situación de desventaja laboral se agudiza cuando se trata de mujeres.
Ahora bien, las mujeres que están en la informalidad no cuenta con seguridad social con lo cual tampoco está a su alcance el acceso a las mínimas prestaciones de ley, mucho menos a las que tienen que ver con al cuidado infantil, con lo que se aumenta la carga de tareas a las mujeres, por lo que es necesario que el Estado se obligue a brindar los servicios del cuidado infantil. Se trata –como lo han comentado diversas voces de especialistas- de convertir la ilegalidad en legalidad a través de diversos tipos de contratación que las protejan.
Otro argumento que es necesario hacer visible, es la brecha salarial que llega a ser 30% menor comparativamente con los varones trabajadores, de manera que solicitamos hacer realidad el principio de a trabajo igual salario igual; así como hacer realidad de una vez por todas, que a las mujeres no se les pida la prueba de no gravidez y no se les despida de sus trabajos cuando están embarazadas, derechos “protegidos” pero que en la realidad son letra muerta.
En relación a las familias es necesario que se considere la construcción de relaciones de familias más equitativa de ahí que se requiere ampliar los procedimientos que permitan no solo a las madres, también a los padres participar en el cuidado y crianza de los hijos e hijas y se tome en consideración también en esta Iniciativa la armonización de los tiempos a efecto de conciliar la vida personal con la vida familiar.
La Iniciativa no contempla otorgar los mismos derechos de las madres naturales que a las madres por adopción, de manera que solicitamos su inclusión.
Que el acceso al trabajo sea en base a los principios de no discriminación cumpliendo lo que expresamente marca el artículo primero de nuestra Carta Magna recientemente reformado.
Y en el caso del trabajo infantil, los datos demuestran que va en aumento y es necesario precisar el procedimiento de contratación que les permita seguridad jurídica y que no está previsto en la Iniciativa.
Por supuesto reflexionamos junto con los diputados federales convocantes acerca de la enorme responsabilidad de sacar una Ley que responda lo mismo a proteger principios, a proteger empleos, pero fundamentalmente a dar certeza jurídica a los trabajadores protegiendo las condiciones laborales; pero en tratándose de las mujeres trabajadoras, se hace urgente.
El momento impone sin duda un ejercicio que permita construir coincidencias, pero también, después de 40 años, impone avanzar en los derechos laborales de las mujeres.
De ahí que responder a las justas demandas laborales de las mujeres en esta oportunidad histórica, puede lograr convertir a esta Legislatura federal también en histórica.
Ojalá sean tomadas en consideración estas propuestas.
