La bancada perredista rompió acuerdos del bloque “Compromiso por Puebla” de abstenerse a impulsar temas polémicos, toda vez que en sesión plenaria presentó una iniciativa de ley para legalizar las Sociedades de Convivencia. En la discusión quedó en evidencia que los coordinadores de las bancadas acordaron reservarse sus opiniones en tribuna, lo cual también se incumplió.
En representación del resto de la bancada, el diputado del Sol Azteca, Erick Cotoñeto indicó que el propósito de abordar el tema fue el de garantizar respeto y certeza legal a quienes tienen una vida común, ya sean personas del mismo sexo, aquellos que convivan en concubinato o cualquier otra sociedad.
Otro de los beneficios será que podrán realizar trámites debido a que esta figura será reconocida de manera jurídica, con esto se facilita que “exista una vida común sin violencia ni humillaciones” debido a que la discriminación por diversos factores, incluido el sexo, estarán prohibidas tal como se había propuesto en las dos legislaturas anteriores. La primera por el entonces diputado del PRD, que ahora milita en el PVEM, Rodolfo Huerta, así como por la perredista Irma Ramos Galindo.
Por su parte el diputado y dirigente del partido Convergencia, José Juan Espinosa Torres denunció que un pacto entre Rafael Moreno Valle y Mario Marín Torres obligó a los diputados a aprobar la última cuenta pública del ex gobernador a cambio de la validación del paquete de reformas enviadas por el ahora mandatario estatal.
La negociación encabezada por el secretario General de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto se originó antes que los actuales legisladores asumieran su responsabilidad, según comentó el convergente quien detalló que el acuerdo fue en reciprocidad al apoyo otorgado por Marín Torres quien “estaba dando todas las facilidades para que en Puebla se mantuviera la gobernabilidad y la paz social”.
A cambio, el ex mandatario solicitaría una línea de crédito de hasta dos mil 500 millones de pesos para facilitar la operación y dar “manga ancha” a la administración morenovallista, aunando a lo anterior propició la aprobación de iniciativas de ley en beneficio de su sucesor aprobadas durante el mes de diciembre de 2010.
Tras la orden, el convergente se negó a “traicionar” a los millones de ciudadanos que el pasado 4 de julio salieron a las calles a emitir su voto, su posición -dijo-propició el inicio de una campaña sucia en su contra orquestada por el Consejero Jurídico, Juan Pablo Piña.
Como prueba, el diputado dio a conocer-ante el Pleno del Legislativo- la grabación de una llamada telefónica entre un militante de Convergencia y una mujer de nombre Evelia, quien aseveró que las manifestaciones en la sede del Congreso local contra Espinosa Torres fueron operadas “desde gente de Moreno Valle”.
En el audio, la mujer reveló que sus compañeros recibieron bultos de cemento y 200 pesos para acudir a la sede del Congreso a interrumpir los posicionamientos del diputado.
Del mismo modo, el aludido aseguró que ha sido objeto de amenazas a través de mensajes donde se le advierte que “utilizarán el aparato del Estado” en su contra, por ende responsabilizó al Consejero Jurídico de cualquier daño que ocurra en su perjuicio o en el de su familia.
A razón de lo anterior, Espinosa Torres exigió a Rafael Moreno Valle su intervención para frenar las “conductas repetitivas del viejo régimen” que llevan a cabo sus funcionarios, de lo contrario advirtió una fractura entre los partidos de la coalición “Compromiso por Puebla”.
“Estamos viendo una serie de conductas antidemocráticas de lo más perverso de poco hombres que pretenden manchar la imagen de un servidor”, espetó.
Al concluir los señalamientos, adelantó que recurrirá a las instancias legales a emitir una denuncia por amenazas. Además pronosticó que en breve iniciará una campaña de denostación en su contra en medios nacionales, sin embargo aseveró que esto no mermará su actuar, toda vez que su carrera ha sido limpia.
No es cierto: PRI y PAN
En respuesta, los coordinadores de las bancadas del PAN y PRI, Mario Riestra Piña y José Luis Márquez, rechazaron la existencia del pacto toda vez que ninguno recibió línea del mandatario estatal.
El priista señaló que la cuenta del gobernador del periodo del 1 al 31 de marzo fue de manera exhaustiva, incluso recordó que sus correligionarios solicitaron un informe detallado al auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, para despejar las dudas sobre la ejecución de más de 11 millones de pesos.
“No hubo acuerdo, el consenso se dio por primera vez en varias sesiones de la Comisión Inspectora y con acceso a los documentos. Yo no tengo ningún informe de un pacto (…) si lo dice que lo pruebe”, aseveró.
Del mismo modo, Mario Riestra coincidió con su homólogo luego de destacar que los diputados, incluido él, revisaron documento por documento la justificación del último ejercicio fiscal. Indicó que aunque hubo observaciones por parte de su bancada, éstas fueron aclaradas de manera inmediata.
“En este mes no hay que ser ingenuos, Marín ya había cerrado la cortina del changarro en diciembre. En enero sólo se ejercieron 11.3 millones de pesos en obra lo cual es pírrico, es obvio que no es representativo y nosotros debemos ser respetuosos de la Ley”, justificó.
