Tras un debate de más de dos horas, la LVIII Legislatura aprobó con 40 votos a favor y una abstención del Partido del Trabajo la derogación de los delitos de difamación y calumnia contemplados en el Código de Defensa Social del Estado de Puebla, así como adecuaciones a la figura de daño moral tipificada en el Código Civil.
El tema se trató en el Pleno del Congreso local después que fue aprobado en la Comisión de Gobernación hace dos semanas y eliminado de la orden del día de la sesión plenaria del pasado 8 de febrero con el propósito de “abundar en el análisis”, según arguyó el diputado priista Lauro Sánchez.
Sin embargo, dos semanas de análisis fueron insuficientes para aprobar adecuaciones a la propuesta original, toda vez que diputados aprovecharon la discusión en el Pleno para modificar el dictamen.
Los diputados Jesús Zaldívar Benavides (PAN), Héctor Alonso Granados (Panal), Julio Lorenzini (Convergencia) y Víctor Hugo Islas (PRI), defendieron el proyecto al señalar que el tema se estudió a profundidad por lo que no hubo necesidad de convocar a foros ciudadanos, aunando a que otorgaba certeza jurídica luego que nadie sería encarcelado por incurrir en tales faltas como ocurrió en el pasado.
En representación de Acción Nacional, Zaldívar Benavides, justificó el voto a favor de su bancada al precisar que la esencia de las modificaciones tuvieron el objetivo de resolver conflictos, sin caer en la justificación de conductas ilícitas en favor de servidores públicos, por el contrario se da respuesta jurídica y se elimina la impunidad.
Por su parte, Héctor Alonso Granados puntualizó que las reformas no son contra medios de comunicación, sino contra quienes “han hecho de esto un tema económico” ya que se ha convertido en un modus vivendi incurrir en la calumnia y difamación, incluso lamentó que servidores públicos fueran sujetos de burla de pseudoperiodistas quienes -dijo- aprovechan su posición para agredir y hasta para poner apodos.
Agregó que la legislación en la materia obedece al llamado de los ciudadanos quienes dicen: ya basta de difundir todos los días noticias negativas.
Quienes no coincidieron fueron los diputados José Juan Espinosa Torres (Convergencia), Enrique Doger Guerrero (PRI) y Zeferino Martínez (PT) quienes exigieron modificaciones del dictamen en lo particular, ya que en el texto correspondiente a la tipificación del concepto daño moral se incurría en excesos y daban pie a la ambigüedad, luego que se consideraba como responsables de dicho delito a quienes afectaran en sus “sentimientos” a terceros.
Sobre el particular, Doger Guerrero convocó a sus correligionarios a no temer a la discusión y al análisis con el sector a través de consultas o foros, esto dijo, con el objetivo de regular excesos en que podrían incurrir servidores públicos con la aprobación de dichas modificaciones. Además cuestionó la urgencia de la bancada panista para aprobar la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
“Hago un llamado a que en el futuro no se pretenda impulsar iniciativas de Ley con una premura que por lo demás huele a sospecha. No impulsar iniciativas de Ley que no tengan la adecuada consulta. No tener miedo a la confrontación, a la discusión e incluso al debate de ideas”, convocó.
Quien lo secundó fue el convergente José Juan Espinosa quien puntualizó que la obligación del Legislativo es promover la libertad de expresión. Además sugirió al gobernador Rafael Moreno Valle a no incurrir en excesos aún cuando reconoció que la despenalización de la difamación y calumnia son un avance.
Eliminan concepto sentimental
Ante la diferencia de opiniones entre los diversos grupos parlamentarios, el diputado Enrique Doger presentó un documento firmado por la mayoría de diputados quienes se pronunciaron a favor de modificar la propuesta original para eliminar conceptos y corregir errores de redacción.
La iniciativa del Ejecutivo correspondiente al artículo 1958 del Código Civil, establecía que se considera daño moral cuando alguien “sufre afectaciones en sus sentimientos, sus afectos, decoro, prestigio, reputación, aspectos físicos, y en general aspectos relacionados con su privacidad”.
La propuesta del Legislativo fue eliminar el término “sentimientos”, no obstante los diputados continuaron discutiendo sobre las bondades de la derogación de la difamación y calumnia aún cuando el proyecto había sido aprobado en lo general.
Fue hasta que el diputado Lauro Sánchez sugirió que se iniciara la votación para abundar sobre las modificaciones del dictamen original cuando sus correligionarios entraron al debate.
Todos contra Espinosa
Quien presentó otra modificación a la propuesta original del Ejecutivo fue el convergente, José Juan Espinosa quien solicitó el apoyo de sus correligionarios para aminorar las sanciones económicas contra responsables de incurrir en Daño Moral.
De acuerdo al proyecto inicial, la sanción máxima era de hasta tres mil días de salario mínimo -mil 85 pesos- por reparación de daño moral, en tanto que por no otorgar el derecho de réplica al que obliga la Ley se sancionaría con hasta mil 500 días de salario mínimo -85 mil pesos-, lo cual fue considerado como un exceso por parte del convergente.
Su solicitud versó en reducir el monto a mil 500 días de salario mínimo de acuerdo al tabulador de multas administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propuesta no encontró eco ya que a excepción de Zeferino Martínez, el resto de sus homólogos votó en contra.
De tribuna a ring
La discusión para abundar sobre los cambios a la iniciativa del Ejecutivo se prestó para que el petista Zeferino Martínez y Héctor Alonso Granados se enfrentaran desde tribuna, incluso éste último perdió el control e inició una discusión con quienes se ubicaban en galerías.
El legislador de Nueva Alianza manifestó que con la nueva Ley “esa prensa que está ahorita temblando porque se le acaban sus chayotes, sus privilegios, porque ya no van a cobrar 600 mil pesos del régimen como un señor que nos tilda de burros. Yo creo que no se ha visto en el espejo porque él parece cerdo. Me disculpo señor diputado defensor”, espetó.
El comentario provocó gritos de los presentes.
El presidente de la Mesa Directiva, Rafael Von Raesfeld convocó al orden, pero el aliancista se negó a otorgarlo, incluso pidió a la Secretaría la lectura del artículo 108 y 109 del reglamento interno, lo que motivó otra discusión ya que se estaba leyendo el equivocado.
Posterior a esto, Héctor Alonso protagonizó otra discusión con Zeferino Martínez, quien aseveró que su compañero carecía de calidad moral para abundar sobre el tema debido a que “ni ideología tiene” ya que ha militado en diversos partidos políticos.
De nueva cuenta, el presidente de la Mesa Directiva intervino en la discusión, al recordarle a los involucrados que la tribuna no se emplea para emitir alusiones personales.
Cuelan financiamiento a CRIT
Otro de los puntos abordados en sesión plenaria fue la solicitud del diputado Lucio Rangel Mendoza, para que la Comisión de Hacienda estudie la propuesta de que el Ejecutivo del Estado contemple la donación de 25 millones de Unidades de Inversión (UDIS)-116.4 millones de pesos- a favor de la Fundación Teletón México A.C. a fin de que se construya el Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) en el Estado de Puebla.
Además se pidió que se contemple en las leyes de ingreso de 10 años a partir de 2012 una partida especial que asegure la donación a favor de la fundación por un monto de ocho millones 500 mil UDIS -38 millones de pesos- para apoyar al mantenimiento del CRIT.
Esto a pesar que el gobernador Rafael Moreno Valle se comprometió a donar el predio donde se instalaría el Centro de Rehabilitación, así como la operación del mismo durante una década, pero no prometió financiar la edificación del inmueble.
Tampoco reveló que el recurso destinado para la fundación, se basaría en criterios de rentabilidad empresarial, es decir bajo el esquema de UDIS -estimada en 4.5686 pesos por cada una, según el catálogo mensual del Banco de México- y no en pesos.
