La iniciativa enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle adicionó al citado artículo que quedarán prohibidas las acciones tendientes al menoscabo de derechos humanos en razón a la apariencia física, ideología política, filiación y nivel cultural, mismas que no se incluyen en la Constitución federal.
La consideración de los términos adicionales en la Constitución estatal se prestó para que el diputado priista, Lauro Sánchez propusiera sumar el concepto “orientación sexual” debido a que con el vocablo “preferencias” incurría en una generalidad.
La iniciativa fue rechazada por el diputado aliancista Héctor Alonso Granados, quien puntualizó que aunque en algunos estados de la República se legisló sobre el particular, la sociedad poblana podría rechazar la propuesta por cuestiones de idiosincrasia, por tanto opinó que modificar la iniciativa inicial era innecesaria al señalar que “una preferencia como resultado de una función genética, genera una carga hormonal diferente en los seres humanos, en unos más y en otros menos, que no significa discriminación de ninguna especie”.
En respuesta, el diputado priista Enrique Doger Guerrero, criticó que el rechazo al término “orientación sexual” se fundamentara en el “resbaloso” ámbito de la biología, toda vez que esta área ha sido empleada para violentar derechos humanos, incluso aludió al régimen Nazi que empleó la bandera de la genética para atentar contra el pueblo judío.
Tras el debate, la propuesta priista fue rechazada por 19 votos en contra, 12 de los diputados se pronunciaron por la abstención y sólo ocho a favor.
Por otro lado se aprobó por unanimidad la creación del Consejo para la Cultura y las Artes, que sustituirá a la Secretaría de Cultura.
Aunque la bancada priista avaló su instauración, el diputado Lauro Sánchez, pidió al gobierno del estado que la nueva figura no sea utilizada como un patronato donde sólo se apoyen proyectos de un grupo y se excluya a quienes siempre han trabajado a favor de la cultura en Puebla.
El legislador advirtió que el PRI vigilará que se ejecute la correcta aplicación de los recursos, así como las atribuciones que beneficien a inversionistas privados.
