Respecto a la reingeniería del gobierno del estado -aprobada por unanimidad-, los diputados del PRI condicionaron el apoyo al exigir que la autoridad garantice los empleos de los trabajadores, ya que el ahorro de recursos no debe afectar a los burócratas, al respecto el diputado Enrique Doger Guerrero sugirió que la administración utilice a las “mentes brillantes” que integran el gabinete para idear otras estrategias de eficiencia en el gasto.
“Los invitamos a hacer un esfuerzo, a hurgar en la inteligencia y puede darnos nuevas opciones eficientes para encontrar el anhelado ahorro de recursos, sólo es cuestión de aprovechar las mentes brillantes que hoy tienen el gusto y placer de conocer el territorio poblano”, indicó.
Por su parte, su compañero de partido, Lauro Sánchez pidió que las reservas anuales superiores a los 270 millones de pesos sean invertidas en políticas públicas que fomenten el empleo, no sólo para quienes pierdan sus espacios en la administración estatal, sino para quienes no tienen oportunidades de obtener un trabajo.
De este modo, tras la aprobación del Legislativo, la estructura orgánica estatal sufrió modificaciones ya que estará conformada con 16 dependencias, es decir, dos menos que la anterior administración.
Las dependencias serán la Secretaría General de Gobierno, la de Finanzas, Administración, de la Contraloría; de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, de Turismo, de Desarrollo Rural, de Infraestructura, de Transportes, de Salud, de Educación Pública, la Procuraduría General de Justicia, de Servicios Legales y Defensoría Social, de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial.
Regulan inversión privada
Con un solo voto en contra del Partido del Trabajo, la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) también fue aprobada. Esta nueva normativa regula las sociedades entre el gobierno del estado y la inversión privada para que ésta última otorgue servicios públicos o ejecute obras.
La Ley está conformada por 79 Artículos contemplados en 10 Capítulos, en los cuales se establece que particulares podrán responsabilizarse de los servicios públicos o ejecución de trabajos para infraestructura durante un periodo de cinco a 30 años.
Para adjudicar o licitar los proyectos, la Secretaría de Finanzas deberá evaluar los proyectos, en caso de los Ayuntamientos deberán solicitarlo al cuerpo edilicio con previa observación del Síndico municipal.
A decir del diputado del PT, Zeferino Martínez, la figura pretende privatizar los servicios públicos y permitir al gobierno estatal que se deslinde de responsabilidades con los ciudadanos, además criticó que el resto de los partidos avalara la propuesta cuando la información era incompleta por lo que su análisis fue al vapor.
En lo que corresponde al Impuesto de Tenencia Vehicular, los contribuyentes que estén al corriente en el pago de las contribuciones de años anteriores, sólo tendrán que efectuar un pago anual de 315 pesos.
