Son claros ejemplos del porqué Puebla está en los últimos lugares de competitividad. Prevalecen intereses políticos, de grupo, económicos, y se deja de lado el interés social, el derecho de los ciudadanos a tener una justicia expedita.
El próximo 27 de febrero se cumplirán dos años que se denunció por primera vez el fraude que se estaba gestando en Invergroup (lo cual se presentó en este mismo espacio).
La historia ya se conoce, se ligó con Sitma y como dominó cayeron 19 negocios más que operaban como intermediarios financieros sin estar facultados para ello. El monto esquilmado sumaba los 2.5 mil millones de pesos, y unas 18 mil personas afectadas.
El proceso ha sido tortuoso para los afectados. Argucias legaloides de todo tipo para que ni siquiera hasta este momento haya visos de cuándo podrían empezar los juicios entorno a los dos casos más sonados de este fraude.
Expedientes supuestamente incompletos, declaraciones no del todo claras; lentitud en la ubicación de propiedades de los presuntos responsables del delito; detenidos que pasaron meses en el área de ingreso con un claro beneficio para no ingresarlos al penal con la población general.
Los responsables más conocidos, los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, hasta contaron con la anuencia política del gobierno para negociar y proponer supuestos arreglos con sus clientes, al final no hubo ningún tipo de acuerdo.
Ambos hermanos, sobre todo Edmundo han interpuesto todo tipo de solicitudes de amparo que les han sido negados.
Y como este caso están otros más con varios detenidos, pero sin ningún avance claro por parte del Poder Judicial.
Sólo Coofia se atendió y finiquitó directamente desde el gobierno del estado, de una forma expedita por claros intereses político-electorales.
Se presume cómo y porqué se respaldó a esta firma para operar en Puebla.
Sin embargo, se desconoce por completo cómo estuvo esa autorización. A tal grado se ha protegido a Coofia, a sus dueños y a hasta funcionarios estatales, que la Secretaría de Finanzas se ha negado tres veces a atender los requerimientos de la CAIP para entregar el contrato que el gobierno firmó con Coofia.
Por supuesto que no deben destinarse recursos públicos para resolver un asunto entre particulares. El caso es que en materia judicial Puebla está muy lejos de la eficiencia y eficacia.
El otro caso es el de la empresa Agricultura Nacional o mejor conocida como Dragón (por su logotipo institucional), ubicada en Izúcar de Matamoros.
El accidente registrado en marzo del año pasado dio pauta a intereses políticos y de grupo, para que ahora después de 10 meses no haya visos de solución para nadie.
La supuesta mediación de la Secretaría de Gobernación del estado sólo sirvió para postergar la solución y que no hubiera un mayor problema previo a elecciones.
Son varios frentes abiertos: Habitantes que se oponen a la operación de la planta; autoridades municipales que clausuran sin tener facultades explícitas; una empresa que no tiene buenos antecedentes, y autoridades federales que no tienen muy claro si la planta cumple o no con todas las normas.
Es claro que ninguno de los dos casos expuestos podría resolverse en cuestión de horas o días; lo que sí es cierto es que se optó por la política de dejar hacer-dejar pasar, en aras de proteger a grupos, a funcionarios o particulares; de aparentar un clima de tranquilidad y de paz social, como tantas veces se argumentó.
Estos casos son parte de la herencia marinista.
En Puebla existe un serio rezago en la forma de impartir justicia, de hacer respetar la ley, de respetar y hacer válidos los derechos de las personas físicas o morales, de ahí el 28 lugar en competitividad que ocupa el estado.
¿Habrá posibilidades un verdadero cambio o será sólo un aparente cambio?
