Jan Brewer, gobernadora Republicana del Estado de Arizona, promulgó en medio de un ambiente polarizado la nueva Ley SB-1070 que puede ser considerada como una de las legislaciones más estrictas, intransigentes y persecutorias contra la inmigración no documentada en la historia de Estados Unidos. Esta ley que entrará en vigor en julio próximo, considera ?la inmigración ilegal como un delito estatal y obliga a los policías a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, a partir de la simple sospecha de una estancia indebida en el país?. La Gobernadora justificó su decisión ante ?la falta de acciones decididas por parte del gobierno federal y el congreso mayoritariamente Demócrata para reforzar la seguridad fronteriza?. En ese sentido, dijo, ?Arizona no está dispuesto a seguir sacrificando la seguridad de sus ciudadanos por la codicia homicida de los cárteles y la delincuencia organizada. Tampoco puede permanecer indiferente mientras los secuestros y la violencia de los cárteles comprometen la calidad de vida en el territorio?. Por su parte, el principal impulsor de la norma en el congreso estatal, el senador Republicano Russell Pearce, expresó que la ley no tiene carácter discriminatorio pero ?vamos a quitar las esposas que maniatan a la policía y se las vamos a poner a los malos”. Señaló también que el Presidente Obama tiene una gran deuda con los hispanos que le apoyaron de forma mayoritaria en las pasadas elecciones, ?porque no ha impulsado una reforma migratoria que busque soluciones a la situación de los 12 millones de inmigrantes ilegales que viven en el país?.
Según cifras oficiales del Estado de Arizona, esta entidad tiene actualmente unos 460 mil inmigrantes no documentados como consecuencia de la estructuración física del muro fronterizo que obliga a los migrantes a arriesgar su internación por esa complicada zona del desierto. Ello ha convertido a este territorio en el cruce más activo e intenso de la nación, por donde cada año atraviesan millones de extranjeros ?principalmente mexicanos- que se aventuran a entrar de manera no documentada al territorio estadounidense a pesar de las extremas condiciones físicas y climáticas del desierto y, sobre todo, del ambiente de violencia y persecución provocado por los rancheros de la región y la propia patrulla fronteriza. Sin embargo, la aprobación de la normativa en la legislatura estatal no busca una solución al problema desde sus múltiples dimensiones, sino que constituye una respuesta parcial ante el reclamo de un grupo de ciudadanos ultraconservadores asentados en las inmediaciones de la frontera con México por la muerte del influyente hacendado Rob Krentz luego de una confrontación con contrabandistas de droga encubiertos como inmigrantes no documentados. Este enfoque dicotómico quedó patente en el discurso de la Gobernadora Brewer al momento de promulgar la ley, cuando expresó que ?no es posible sacrificar nuestra seguridad por la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas”. Por ello, los adversarios dentro y fuera del congreso estatal han señalado que en un estado donde hay casi 2 millones de hispanos (30% de la población), entre ellos medio millón de no documentados, es muy difícil imaginar que los policías al aplicar la ley no se enfoquen en los latinos como principales referentes y los indocumentados como esencial grupo de persecución.
En contraposición a los señalamientos parciales del gobierno del Estado de Arizona, análisis de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México demuestran que desde 2004 dos mil 409 migrantes han fallecido al cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Entre ellos mil 656 eran mexicanos y el resto permanecen en calidad de desconocidos, de los cuales un 50% perdió la vida en distintos puntos del estado de Arizona. De igual forma, desde el año 2000 se han documentado 104 casos de violaciones graves a los derechos humanos de los indocumentados por parte de los rancheros del estado, oficiales de la patrulla fronteriza y otros grupos antiinmigrantes que actúan en la zona. La tendencia se ha agravado en lo que va de este año, donde 42 de los 49 migrantes muertos se registraron en el Estado de Arizona. Entre los riesgos que los no documentados enfrentan, según la Cancillería, se destaca no sólo el peligroso cruce del desierto sino ?los constantes ataques de los rancheros que asesinan sin recato a los migrantes, la violencia desmedida de algunos oficiales de la patrulla fronteriza, la indefinición de los jueces estatales, la discriminación de los oficiales de condados, los constantes robos de polleros, las violaciones a mujeres y niños y las constantes muertes por parte de las bandas criminales?. Por tanto, patentiza, se percibe un escenario de riesgos aún mayor, ?incluso para quienes logren su propósito de cruzar el desierto y llegar a las ciudades importantes del Estado, ya que enfrentarán una ley que considera su calidad migratoria como delito, da derecho a los servicios de seguridad de exigir documentos probatorios de su estancia legal, permite su encarcelamiento hasta por seis meses, multas con 2 mil 500 dólares y su expulsión por violar las leyes del Estado?.
Del mismo modo, de acuerdo a estudios realizados por la Universidad Estatal de Arizona y la organización Arizona Latino Research Enterprise, el ambiente antiinmigrante y de intimidación racista son una cosa común en una entidad donde más del 88% de la población latina residente es de origen mexicano. De esta manera, en los últimos años se ha registrado un aumento alarmante en los crímenes y acciones de odio contra los hispanos, así como diversas iniciativas para impedir por parte de las autoridades locales el incremento en el flujo de indocumentados. Por tanto, los organismos destacan ?el gran reto que en materia de derechos civiles tiene la comunidad hispana en esta zona del territorio por la promulgación de una la ley que incide en la vida social de la entidad y protege sin recato los derechos de los rancheros y los grupos más conservadores de la sociedad local?. Asimismo, de acuerdo con el documento ?The State of Latino Arizona?, la comunidad hispana representa el 30% de la población de la entidad y entre 2000 y 2007 ha aumentado en más del 45%. En ese contexto, la decisión legislativa tendrá amplias repercusiones para los hispanos al abrir las puertas a la criminalización y persecución de inmigrantes indocumentados en ese Estado. El riesgo de que la nueva legislación se convierta en una excusa para la práctica del racial profiling o favorezca las detenciones de ciudadanos a partir de su apariencia racial, es muy grande y conlleva una decisión de enormes consecuencias políticas y sociales.
IMPLICACIONES DE CARÁCTER ELECTORAL
De acuerdo a los principales analistas estadounidenses, la promulgación de la legislación se inscribe -por un lado- en un contexto electoral de carácter estatal donde la Gobernadora enfrenta a una dura elección primaria que podría desplazarla incluso de la reelección. Ella necesitaba urgentemente un detonador electoral para la elección primaria del 24 de agosto, ya que su principal adversario -el tesorero estatal Dean Martin- ha crecido rápidamente en las encuestas y la ha desafiado constantemente a comprometer con un proyecto decididamente antiinmigrante. Por otra parte, los analistas expresan que Brewer busca sentar las bases de una nueva confrontación política de parte de los Republicanos radicales contra la administración Obama siete meses antes de las elecciones legislativas de medio mandato y justo en el momento en que el líder de la mayoría Demócrata en el Senado, Harry Reid, busca acelerar la discusión sobre la reforma migratoria con vistas a su posible voto antes de las elecciones intermedias de 2011. En ese sentido, expresan, la nueva ley pone en evidencia la acción del Congreso para aprobar la difícil pero imprescindible ley de inmigración ya que constituye un gran riesgo político para los congresistas y, sobre todo, acelera la discusión a siete meses de las elecciones legislativas. Ante esa situación, la Casa Blanca y los líderes Demócratas en el Senado evalúan los costos políticos de una aprobación precipitada, sobre todo el líder Demócrata en el Senado, Harry Reid, quien depende en buena medida de los hispanos de Nevada para su permanencia política. Por ello, ha prometido con grandes reservas la promulgación de una nueva ley de inmigración para este año.
Reid buscaba antes de la ley de Arizona asegurar la fuerza de la mayoría Demócrata en el congreso, a fin de contrarrestar las posturas radicales de algunos Republicanos que insisten en la promulgación de una ley sin concesiones que termine de una vez por todas con lo que llaman ?la delincuencia migratoria?. Sin embargo, contra los pronósticos de la Gobernadora de Arizona los Republicanos en el Congreso han tomado esta resolución estatal en forma muy mesurada y prudente, mientras los Demócratas se limitan a señalar su improcedencia legal. Esta fuerte división entre los congresistas de ambos partidos, ante la disyuntiva de impulsar leyes más estrictas e inhibidoras de la inmigración o buscar nuevos mecanismos para no desaprovechar el creciente poder electoral de las comunidades hispanas, mantiene el debate estancado mientras se gestan las condiciones propicias para su discusión. Es decir, aunque la ley de Arizona mete mucho ruido al proceso de negociación política su resolución no es tan sencilla como quisieran algunos Republicanos, sobre todo porque los Demócratas no están dispuestos a dejarse utilizar por una contienda electoral en uno de los estados más conservadores y religiosos de la zona sur del territorio. Sin embargo, si presagia airados ambientes de discusión y contrastantes argumentos para el Presidente Obama en su mesurado intento por sacar adelante una reforma migratoria que no solo concilie posturas sino que sobre todo se adapte a las futuras necesidades económicas y sociales del país.
Los analistas señalan también el delicado momento del veterano senador por Arizona y ex candidato presidencial Republicano, John Mc Cain, quien busca su supervivencia política en las elecciones primarias de agosto próximo. Para alcanzar a sus 73 años su sexta reelección en el Senado, debe superar en unas cerradas elecciones al ex congresista J. D. Hayworth quien se ha convertido en un peligroso adversario gracias a su rabiosa retórica antiinmigrante. A pesar de que Mc Cain es el político estadounidense que junto con Edward Kennedy (recientemente fallecido) más capital político empeñó en la propuesta de reforma migratoria de 2007, la acusación de Barack Obama durante la campaña presidencial de ser un ?político de dos caras acostumbrado a engañar a la comunidad latina para conseguir su voto?, parece perseguirlo y poner en riesgo su reelección. Así, mientras el equipo de campaña de McCain insiste en que las elecciones primarias no representan un gran peligro para el Senador, lo cierto es que la diferencia de apenas 5 puntos porcentuales en las encuestas ha provocado una verdadera metamorfosis para convertirlo en un ferviente antiinmigrante que no desentone con el clima político imperante en el Estado y pueda reencantar a los variados grupos de electores. Durante el proceso, este político que alguna vez fue el principal promotor de la causa inmigrante ha terminado por abrazar las posturas extremistas de sus compañeros de Partido, entre ellos la de la Gobernadora Jan Brewer y el senador Russell Pearce, al tiempo que la comunidad hispana confirma que las acusaciones de Obama tuvieron siempre una gran dosis de verdad. Con una postura pragmática propia del mejor político estadounidense, Mc Cain ha renunciado a sus posiciones de centro y ahora radicaliza su postura para mantenerse por un periodo más en su escaño senatorial.
En ese sentido, para un nutrido grupo de líderes políticos y religiosos vinculados a la lucha de los inmigrantes, el respaldo de McCain a la ley SB-1070 lo ha convertido en un aliado del sector más radical del Partido Republicano y confirmado su apuesta por una arriesgada estrategia de supervivencia política. Peor aún, en esa estrategia electoral de reivindicación conservadora, nuevamente ha recurrido al apoyo de la controversial Gobernadora de Alaska, Sarah Palin, y el movimiento del Tea Party (donde se han congregado algunos de los más importantes activistas del movimiento antiinmigrante de los Minuteman), Pero si bien estos aliados y el discurso antiinmigrante pueden resultar atractivos entre las filas Republicanas durante las elecciones primarias, para Rank Sharry, director ejecutivo de America?s Voice, ?en el largo plazo pueden convertirse en una estrategia de perdedores?. En efecto, las elecciones que enfrentarán a McCain y Hayworth serán una prueba para conocer si los Republicanos han aprendido o no del pasado, dada la larga lista de candidatos Republicanos del sector más radical y arbitrario del partido que han perdido en las urnas al querer convertir a la comunidad inmigrante en blanco de sus frustraciones y prejuicios racistas. Por ello, la arriesgada apuesta de McCain ha conseguido solo fortalecer a aquellos que desde las filas del Partido Republicano apuestan por su inminente derrota. Ya que, como sentencia Gerson. ?muchos en Arizona y Washington estarán dispuestos a pagar una buena cantidad de dinero para provocarle una humillante derrota que podría ser buena para su alma, pero muy mala para su partido y el propio país?.
REACCIONES POLÍTICAS Y CIVILES
La nueva ley antiinmigrante del Estado de Arizona prefigura lo que pretende ser una ofensiva de los Republicanos radicales contra de la Casa Blanca y el Congreso mayoritariamente Demócrata, a fin de reactivar el debate nacional sobre la migración luego de que la administración Obama se ha visto fortalecida por la reforma al sistema de salud y busca ahora mayores condiciones de control sobre el sistema financiero para evitar una debacle económica como la de 2008. En ese sentido, una primera consecuencia sobre la promulgación de esta legislación, han sido las declaraciones del propio Presidente Obama quien calificó de ?irresponsable y mal encaminada? la acción del gobierno y congreso del Estado de Arizona y advirtió sobre la probable violación a los derechos civiles de las personas independientemente de su situación migratoria. Por tanto, instruyó al Departamento de Justicia para que analice la orientación de la norma y determine si existe o no sustento de legalidad. ?Ya he instruido a miembros de mi administración para monitorear muy de cerca la situación y examinar las implicaciones de esta legislación?, aseguró Obama al considerar que este tipo de disposiciones legales ?están mal encaminadas y son irresponsables, no sólo porque resultan una afrenta a los derechos civiles de los ciudadanos sino porque suponen una puerta falsa para resolver el problema de la inmigración indocumentada?. Rodeado por líderes de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en los jardines de la Casa Blanca, el Presidente urgió al Congreso a trabajar en favor de una reforma migratoria integral y manifestó su esperanza de que algunos senadores Republicanos se sumen a los esfuerzos que hoy parecen encontrarse en un punto muerto. ?Si permanecemos sin actuar a nivel federal, seguiremos viendo esfuerzos equivocados en todo el país?, puntualizó
Por su parte, Douglas Massey, profesor de la Universidad de Princeton, señaló que la reforma migratoria no debe ser una quimera de persecución y racismo ?sino ubicarse en el contexto de una reforma global de la política económica y social de Estados Unidos?. En ese sentido, defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes calificaron como vergonzosa esta nueva ley que, desde su perspectiva, ?institucionaliza el racismo al permitir arrestos de la policía por la apariencia de la persona?. Asimismo, consideraron que conducirá a la individuación racial y denostará a los hispanos como principales actores de delitos. La organización pro-inmigrante Fraternidad Americana calificó de ?hitleriana la nueva ley?, mientras que la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados condenó el ?reinado de terror racial en el Estado de Arizona?. Por su parte, distintos grupos hispanos se disponen a presentar querellas contra una ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en un estado de la Unión y solicitar al gobierno federal revise la legislación para identificar su eventual violación a los derechos civiles de las personas. El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación indicó al informar que iniciará una querella contra la legislación que esta “lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país?. Por su parte, el Presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, William Sánchez, señaló que también ese grupo prepara una demanda en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva ley en Arizona. Este representa a unas 30 mil iglesias evangélicas en todo Estados Unidos, incluidos 300 pastores hispanos en Arizona. La Iglesia católica también ha expresado en voz del cardenal Roger Mahony de Los Ángeles su preocupación por esta nueva legislación a la que ha comparado con ?la acción de un régimen nazist?.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza, la mayor agrupación de hispanos en el país, consideró éste como un “un momento triste para el pueblo de Arizona y de todo el país?. Mientras tanto, Thomas Sáenz, presidente del Fondo Mexicano-Americano para la Educación y la Defensa Jurídica, opinó que la nueva ley conducirá a Arizona a una “espiral de miedo, desconfianza comunitaria, aumento del crimen y de litigios costosos. Es un acto cobarde de la Gobernadora y una ilustración de su liderazgo irresponsable”. Por su parte, Karen Tumlin, del Centro Nacional de Inmigración, expresó que “esta ley viola el ámbito federal cuando trata de regular y aplicar esta tema a nivel estatal. Una y otra vez los tribunales han determinado y dejado bien claro que la autoridad para regular y aplicar las leyes de inmigración es exclusiva del gobierno federal”. Sin embargo, ante esa multitud de reacciones en todo el país en el Estado de Arizona se ha desatado una escalada de intimidación y violencia. Por ello, el representante federal Demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, cerró sus oficinas en Tucson y Yuma al informar que ha recibido amenazas de muerte a raíz de su vigorosa oposición a la iniciativa antiinmigrante en esa entidad. Se espera también para los próximos días una embestida por parte de la comunidad hispana de Estados Unidos, que obligará a un extenso debate y la intervención de los tribunales de justicia. Varios cientos de personas, en su mayor parte hispanos, se han concentrado como señal de protesta ante el Capitolio de Arizona, en Phoenix. Asimismo, numerosas organizaciones latinas han anunciado actos de repudio, querellas y otras medidas ante una ley que consideran racista y que, de hecho, da carta blanca a la policía para interrogar a los ciudadanos de aspecto hispano.
REACCIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO
Para el Gobierno de México la situación en Arizona y otros estados fronterizos, como California, Texas o Nuevo México, ha llegado a un punto de gran inquietud, no sólo porque miles de personas cruzan la frontera ilegalmente para engrosar la cifra de entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados en ese país, ?sino porque muchos de los negocios y la agricultura de la región están basados en la mano de obra barata que ofrecen los trabajadores sin papeles. Esa explotación, basada en las lamentables condiciones económicas y de seguridad en la frontera sur de estadounidense, han dado lugar a una profunda crisis en esos estados donde miles de personas subsisten en condiciones precarias, mientras la criminalidad aumenta y el rechazo social se agudiza?. Para la Cancillería no es casual que sea Arizona donde se aprueba esta controvertida ley, porque ese Estado lleva ya algún tiempo llamando la atención de los grupos de derechos humanos ?ante las condiciones impuestas en el condado de Maricopa por el sheriff Joe Arpaio que constantemente intimida a los inmigrantes y las familias mexicanas con la intención de obligarlos a regresar a sus lugares de origen?. En el condado de Maricopa, dice la Cancillería, ?de espaldas al país tolerante y culto que Obama busca representar, viven entre alambradas cientos de presos a los que el sheriff Arpaio obliga a vestir uniformes y calzoncillos rosas, entre otras medidas degradantes?.
El Gobierno de México ha criticado duramente la aprobación de la ley y ha anunciado que se replanteará la relación que mantiene con dicho Estado de la Unión ante una iniciativa que criminaliza a los inmigrantes. La ley, dice, ?afecta a la relación entre Arizona y México y obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y utilidad de los esquemas de cooperación existentes”. En ese sentido, la canciller Patricia Espinosa ha lamentado que los legisladores que aprobaron la ley no hayan tenido en cuenta la “valiosa e inmensa contribución de los inmigrantes mexicanos a la economía, sociedad y cultura de Arizona y de Estados Unidos?. En un comunicado oficial, la Cancillería estableció que ?la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada y que la existencia de mercados laborales transfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo?. El embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, lamentó también la decisión de la Gobernadora Jan Brewer, calificó la medida como discriminatoria y anunció que ?las autoridades mexicanas utilizarán todos los recursos diplomáticos, políticos, jurídicos y económicos que están a su alcance para responder ante cualquier acto de violación a los derechos humanos de los migrantes mexicanos?.
PROBABLE BOICOT ECONÓMICO
La repercusión social y política de esta ley en ambos lados de la frontera está llevando nuevamente al Estado de Arizona a una situación límite, como sucedió en su pasado reciente cuando una decisión política equivocada y marcadamente ideológica dañó seriamente la economía y prestigio de la entidad. Con esos antecedentes, Arizona se enfrenta hoy a la amenaza de un conjunto de boicots económicos que podrían revivir el penoso capítulo de su historia dominado por la impertinencia y el racismo. Sin embargo, a diferencia de la encrucijada anterior, ahora la comunidad agraviada es la de origen hispano quien no cuenta con muchos apoyos políticos y corre el riesgo de convertirse en el principal botín electoral de la nación por su gran multiplicación y extensión por todo el territorio del país. En tal forma, esa entidad fronteriza manifiesta lo que es hoy un hecho evidente en toda la vida pública estadounidense al recrudecerse el resentimiento de los Republicanos más conservadores por su penosa derrota electoral de noviembre de 2008 y su obsesión por buscar de diversas maneras desprestigiar al gobierno Demócrata del afro-estadounidense Barack Obama y bloquear sus iniciativas para deslegitimarlo social y políticamente y evitar su eventual reelección.
En ese sentido, el Representante federal Demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, ha calificado la nueva ley de racista y convocado a las compañías de todo el país para sumarse a un boicot económico contra esa entidad. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración anunció también la cancelación de su convención nacional de otoño en un hotel de la ciudad de Scottsdale. Del mismo modo, decenas de camioneros independientes de origen hispanos han acordado no trasladar ni recoger cargas desde y hacia Arizona en protesta por la nueva ley. Una compañía de camiones de carga con sede en Los Ángeles ha dicho que unos 70 conductores se han puesto de acuerdo para no transitar por Arizona como muestra de rechazo contra la ley. Este hecho será crucial para su economía, toda vez que casi el 40 por ciento de las frutas y verduras importadas de México pasa por la ciudad fronteriza de Nogales (Arizona).
Ya durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, Arizona fue objeto de múltiples boicots al negarse a conmemorar el día nacional dedicado a Martin Luther King Jr. (importante luchador de los derechos civiles asesinado en la década de los sesenta). En 1990, Arizona y New Hampshire fueron las dos entidades de la Unión que no habían respetado esa festividad, aún cuando el gobierno federal lo había adoptado como celebración nacional en 1983. Por ello, Arizona fue objeto de boicots por parte de grupos de derechos civiles y organizaciones de afroamericanos, tras revocar una conmemoración que en principio había sido adoptada. En 1987 el gobernador Republicano, Evan Mecham, rescindió la declaratoria que un año antes el Demócrata Bruce Babbitt había decretado como día de celebración estatal. Se efectuaron entonces variados boicots económicos, en especial de organizaciones nacionales y múltiples empresas privadas se negaron a celebrar convenciones y otros eventos en Arizona. Estas acciones causaron pérdidas por decenas de millones de dólares a la industria turística, por lo que Mecham emitió una tímida proclama en junio de 1988 donde ratificó el tercer domingo de enero como el ?Día de los Derechos Civiles Martin Luther King Jr.?, en Arizona. Sin embargo, la legislatura estatal frenó el intento de adoptar la festividad y los boicots no solo continuaron sino que se incrementaron. Ante ello, en 1989 los legisladores enmendaron y aprobaron el día de asueto pagado en honor de Martin Luther King Jr.
Sin embargo, para no quedar mal ante sus electores los legisladores eliminaron el día de Cristóbal Colon (Columbus Day) como día pagado, lo que obviamente molestó a la comunidad ítalo-estadunidense que pidió votar en plebiscito estatal si se debía o no celebrar el Día de Martin Luther King Jr. En noviembre de 1990 los ciudadanos de Arizona rechazaron la propuesta provocando un nuevo boicot contra el Estado de Arizona. El asunto fue de tal naturaleza que incluso la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) decidió mover la sede del juego por el Súper Tazón 1993 de Phoenix a Pasadena (California). Esta acarreo graves daños económicos a la economía de Phoenix y de toda la entidad, además fue clave para que un año después los votantes de Arizona volvieran a las urnas y aprobaran la celebración del Día de Martin Luther King Jr. sin condiciones. Al registrarse en Arizona por primera vez esta celebración el 18 de enero de 1993, los boicots se eliminaron de inmediato y la NFL anunció que celebraría el Súper Tazón 1996 en Tempe, Arizona.
Pese al boicot, las presiones y los litigios judiciales, las preguntas que persisten en el animo de las comunidades hispanas más organizadas son: ¿Será este el año de la reforma migratoria prometida por el Presidente Obama a los 12 millones de indocumentados ?principalmente latinos- durante su campaña presidencial o habrá que esperar primero otras reformas como la financiera y la energética?. ¿Existen realmente las condiciones propicias para una negociación en el congreso que permita una reforma migratoria integral y de largo plazo?. ¿Es prioritario para la administración Obama la reforma migratoria o solamente representa un interés electoral para aprovechar su extensión y distribución territorial?. ¿Qué importancia tienen los hispanos en el nuevo proyecto económico y social del país, de participación plena o de militancia marginal? Las respuestas no tienen una respuesta fácil y mucho menos definitiva. Por ello, habrá que esperar los avances y seguir muy de cerca aquellos acontecimientos que permitan encontrar horizontes de análisis y reflexión.
