Ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) finalmente se decidió a boletinar a catorce pseudofinancieras que operan en el país, de las que siete son poblanas (lamentablemente), porque no están autorizadas a recaudar dinero mediante ahorro o inversiones. Pero no resuelve el problema, porque de todos modos siguen operando y ninguna autoridad se decide a poner el remedio de forma definitiva.
¿Veremos otra oleada de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla?
¿El gobierno estatal mantendrá su posición de sólo atender los casos de Coofia y de Sitma e Invergroup?
¿A quién ayuda realmente, a los dueños o a los defraudados?
En este espacio el 12 de octubre pasado se habló del efecto dominó a raíz de los fraudes cometidos por Sitma, Invergroup, Coofia y la caja Grupo Bienestar Social La Paz. En esa ocasión esta reportera publicó: ?Al caer la primera ficha las demás también caerán. Ese es el efecto dominó.? (http://www.balance-financiero.com/detColumna.php?id=2003 )
Y lamentablemente no pasó mucho tiempo para que siguiera la lluvia de denuncias por presuntos fraudes cometidos por empresas que prometen increíbles rendimientos, algunas hasta del 80 por ciento anual. Nadie escarmienta en cabeza ajena.
Las siete pseudofinancieras boletinadas ayer son bien conocidas en Puebla y en otros estados donde funcionan: Burcap, Invercapital, Inverbien, Inverglobal Financiera, Sybce, Cobirmex y Combsbra; todas continúan sus actividades sin mayor problema, aunque ya hayan cancelado sus páginas en Internet.
La lentitud con la que opera la CNBV, que preside Guillermo Babatz Torres, y el vacío legal que impera en México da un amplio margen para que funcionen este tipo de negocios que atrapan a cualquier persona con un poco de ambición e ignorancia financiera.
No basta con emitir un comunicado de ?advertencia? a la gente para que no invierta, si de todos modos se les permite seguir sus actividades a la vista de todos.
Al emitir el comunicado, la CNBV, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda ya conocen cómo operan estos negocios y cuál es su objetivo, y según abogados consultados estas autoridades sí pueden intervenir para cancelar su operación.
Tampoco diputados federales ni senadores ayudan mucho porque sólo pretenden que con impuestos de la población entre en acción Fipago para cubrir los delitos cometidos por particulares. Esto, en lugar de promover reformas a la legislación relacionada con intermediarios financieros no bancarios.
Conflictos heredados
Si algo parece interesarle al gobierno estatal es no heredar el problema de los defraudados a la próxima administración, y menos que el tema sea una bandera política en elecciones. Sin embargo, el asunto de Sitma e Invergroup no parece tener una salida tan ?cómoda? como la lograda en Coofia.
Supuestamente ningún banco acepta operar como fiduciario, así que el problema con los Tiro Moranchel sigue en las mismas. Las denuncias penales se mantienen y seguirán su curso hasta que algún juez falle a favor de los miles de víctimas.
Resulta curiosa la declaración de funcionarios de gobierno cuando califican de ?mejor elaborada? la propuesta de Invergroup que la de Sitma para resarcir del daño a sus víctimas.
También refleja que toda la información se quedó en manos de los administrativos de Invergroup y nunca fue asegurada por la PGJ. Ahora resulta que los abogados y personal de Invergroup sí saben cuántos clientes tenían y los montos que invirtieron cada uno.
Mientras se mantiene una velada protección para Leonardo Tiro Moranchel, pues no se le ha podido aprehender, o bien el personal de la PGJ no es eficiente para realizar su trabajo.
El caso de Coofia apunta a que se resolverá antes de las elecciones, es posible que en abril empiecen a liberarse los cheques con los que Fipago cubrirá parte de la inversión a miles de defraudados.
En cuanto a las otras empresas denunciadas el gobierno ni siquiera ha querido meter las manos, sólo se acumulan las denuncias en la PGJ, algunas no están bien integradas y sin mayor problema son rechazadas por los jueces. En estos casos no hay tanta premura por atender a los quejosos y mucho menos proceder al aseguramiento de los bienes de las pseudofinancieras.
¿Le dará tiempo al actual gobierno resolver el problema antes de las votaciones?
¿El próximo gobernador y el próximo presidente municipal querrán cargar con la herencia de los fraudes?
Ayuntamiento y Sitma
Por cierto, el Ayuntamiento de Puebla hasta ayer martes mantenía en su Portafolio de Inversión Social a Sitma.((http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/pue/inversion_social)
De forma constante la administración municipal se refiere a la tecnología y herramientas para que las utilice la población, pero por lo visto no da mantenimiento ni actualiza sus páginas de Internet.
Y luego se quejan que los defraudados señalen a los gobiernos como los responsables de cobijar a tales negocios.
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