En un primer momento, fueron detenidos 19 vecinos de la comunidad de La Piedad, municipio de El Marqués, en Querétaro, que resguardaban un pozo de agua de su propiedad y del cual se había apoderado, desde hacía 12 años, un vivales de nombre Roberto Hernández Barrón, para más señas, cuñado del Secretario de Gobierno del estado, Alfredo Botello Montes. Todos fueron detenidos en la madrugada del día 29 de septiembre de 2008, a la misma hora, en el mismo lugar y por los mismos delitos: sabotaje, peligro de devastación y resistencia de particulares. Entre los 19 iban cuatro menores de edad. Posteriormente, fueron libradas sendas órdenes de aprehensión en contra de la licenciada Yesenia Valdez Flores, defensora legal de los detenidos, y del profesor Jerónimo Gurrola Grave, representante del Movimiento Antorchista Nacional en Querétaro, de las cuales se ha ejecutado ya la relativa a la licenciada Valdez que se encuentra en la cárcel. Ante la indignación pública por lo abusivo de las detenciones, y ante las protestas de los vecinos de La Piedad y del Movimiento Antorchista que los venía apoyando con anterioridad, el juez octavo de primera instancia, José Antonio Ortega Cerbón, puso en libertad a los cuatro menores de edad, no sin antes sentenciarlos a trabajos forzados “en beneficio de su comunidad”, es decir, los puso en la picota, los expuso al escarnio público, faltándole sólo ordenar la infamante letra escarlata en la espalda para que todo mundo supiera que se trataba de criminales irreductibles. Pero sus quince compañeros acusados de los mismos delitos, contra toda lógica, permanecieron en prisión.
Como he dicho antes, la lucha por su liberación a cargo del Movimiento Antorchista Nacional (lo que le ha valido una feroz guerra mediática encabezada por el conductor de noticiarios Ciro Gómez Leyva), logró a duras penas que el Juez Tercero de Distrito les concediera un amparo que, en esencia, reconocía que la formal prisión dictada por el juez octavo era legalmente insostenible. Cualquier impartidor de justicia profesionalmente honesto hubiera ordenado la libertad inmediata de los detenidos; pero Ortega Cerbón, que por órdenes de Botello Montes y de Garrido Patrón, gobernador del estado, es más cerbero (el monstruo de cincuenta cabezas que guarda las puertas del Tártaro por orden de Zeus, según Hesíodo) que Cerbón, hizo algo que, desde el punto de vista jurídico, es un completo disparate: usurpando el papel del Ministerio Público, que es la instancia facultada por ley para inconformarse ante un fallo como el que nos ocupa, interpuso, por sus puras pistolas, un supuesto recurso de “revisión”. El Tribunal Colegiado de Circuito desechó la maniobra por notoriamente improcedente, con lo cual colocó nuevamente a Ortega Cerbón en la disyuntiva de poner a los presos en libertad o volver a violar descaradamente sus garantías. El juez no dudó. Valiéndose de una maniobra, que a sus ojos debe parecer lo máximo en materia de habilidad para burlar la justicia, puso en libertad a nueve de los detenidos y mantuvo en prisión a los 6 restantes, mediante la chicana de “reclasificar” el delito de que los acusa. Ahora, según él, los supuestos hechos por que los mantiene en prisión no configuran el delito de sabotaje y peligro de devastación, sino “despojo agravado”.
Así, el juez Ortega Cerbón, sin importarle un bledo la opinión pública ni el respeto a los derechos de los ciudadanos, amparado tras el poder de quienes lo controlan y le dan órdenes, vuelve a salir a la palestra a exhibirse sin rubor en paños menores ante todo el mundo, como un juez de consigna al servicio de intereses totalmente ajenos a su función institucional. En efecto, la nueva resolución no resiste el más mínimo examen. Primero, porque, si todos los acusados fueron detenidos en la misma fecha, en el mismo lugar y por los mismos hechos, no se entiende por qué no reformula su acusación contra todos. La cosa se aclara, desde luego, si se sabe que libera a los notoriamente inocentes, entre los cuales, además, van dos que lograron ser amedrentados por los agentes del gobierno para que renunciaran a la defensa y al apoyo de Antorcha Campesina, mientras se deja presos a los integrantes del comité administrador del pozo elegido por la comunidad y a Rubén del Río Alonso, líder antorchista en La Piedad. Se trata, pues, de una aplicación burdamente parcial y selectiva del derecho para quitarse presión, para premiar a los sumisos y para castigar a los contumaces, a los más fieles al antorchismo que los defiende. En segundo lugar, tampoco se sostiene el nuevo delito inventado por el juez: no se puede acusar a ningún vecino de La Piedad de despojo, cuando el mismo gobierno del estado reconoce que son los legítimos dueños del pozo y, por tanto, que son ellos los despojados. Y si bien es cierto que el despojo se comete contra la posesión y no contra la propiedad, también es un hecho que ni Hernández Barrón ni la Comisión Estatal del Agua estuvieron nunca en posesión del pozo. ¿A quién, pues, despojaron los campesinos? Y ¿de qué lo habrían despojado, dado que las aguas del subsuelo son propiedad de la nación, según la Constitución General de la República?
Finalmente, se ha insistido en los medios informativos en que los 9 presos salieron mediante una fianza de 10 mil pesos, dando así la impresión de que fue un pago prácticamente simbólico. Nada de eso. El juez fijó 10 mil pesos, sí, pero por cada uno de los detenidos, es decir, 90 mil pesos en total que, dada la situación en que viven nuestros campesinos, resulta casi una fortuna. Como ya dije, dos de los liberados pagaron su multa por separado; los 7 restantes tuvieron que abonar 70 mil pesos por su libertad, de los cuales, 17 mil se juntaron por cooperación de la comunidad, y los 53 mil restantes los aportó la tesorería nacional del Movimiento Antorchista. He aquí, pues, un ejemplo práctico de cómo se aplica y se defiende, desde el poder, nuestro asendereado Estado de Derecho. Y ¡ojo!: es gratis esta lección de justicia a la mexicana para quien quiera aprovecharla.
