Dirigente estatal del Movimiento Antorchista
Es impresionante la poca disposición de las autoridades del gobierno estatal para lograr acuerdos serios con los líderes de las clases populares en Puebla.
A últimas fechas -después del triunfo PRI en las elecciones estatales y de los movimientos necesarios en el gabinete del gobernador-, ha crecido el desafío al descontento popular y la cerrazón, por decir lo menos, que se percibe en la conducta de los funcionarios (desde algunos de menor nivel hasta los titulares de las secretarías), que en los hechos se niegan a cumplir con la encomienda de buscar y encontrar soluciones concretas a las ingentes necesidades de los más marginados del estado y de la ciudad capital.
Los ciudadanos en general –entre los que nos incluimos los antorchistas- esperarían exactamente lo contrario en la política hacia las masas populares y los grupos organizados, dada la difícil situación por la que atravesó el gobernador del estado –que algunos grupos de poder nacional utilizan constantemente como espada de Damocles, que pende sobre su cabeza-; la pérdida del ayuntamiento de Felipe Ángeles por el PRI; la creciente y severa pobreza a nivel nacional (en la que Puebla destaca por la falta de empleo, de salarios dignos, etc., y que conlleva a un continuo incremento de la delincuencia, la drogadicción y la inseguridad, todo lo cual acrecienta la inconformidad social).
Creo que esta cruda realidad debía preocupar y hacer más reflexivas y sensibles a las altas autoridades políticas en nuestro estado; pero, aunque parezca increíble, la mayoría de los secretarios de Estado muestran una indisposición absoluta para resolver las demandas más nimias de la gente, a la que se le niegan soluciones o es objeto de burlas, pues -en muchas ocasiones- después de haber pactado acuerdos, a la hora de tener que implementarlos, simple y sencillamente se desconocen tales compromisos; con el argumento “irrebatible” de que la administración estatal “no tiene recursos” o que las pretensiones de los pobres “son desmedidas”.
Para refutar esos “argumentos”, basta señalar lo que es del dominio público: que muchos secretarios de gobierno, un día tras otro, se lucen y se publicitan en su faceta de regaladores de cheques (que van de los 10 mil hasta los 15 mil pesos) para pequeñas obras; y esos regalos se les otorga a pequeños núcleos, pero sólo en contadas ocasiones se ven materializados los beneficios en colonias y poblaciones, o en un grupo importante de vecinos, que pudiera ponderar y acrecentar el beneficio con su trabajo colectivo o con su cuidado y conservación.
Lo único que se logra con esa manera de proceder es que los recursos se desmenucen en extremo, sin que la población salga beneficiada, sino al contrario, se le perjudica: por un lado, porque crea inconformidad en quienes no reciben ese beneficio personal y, por el otro, se mal acostumbra y corrompe a los líderes o a los beneficiarios directos, puesto que con 10 mil o con 150 mil pesos no alcanza para realizar ninguna obra trascendente, que atenúe o atempere significativamente la incesante pobreza y marginación de las clases populares; más bien pareciera que se compran liderazgos y conciencias para un proyecto político futuro -que sería muchísimo más promisorio si se hicieran grandes obras en busca de un desarrollo social más equilibrado y más perenne, que repercutiera en beneficio de las zonas más populosas, incitando a su vez a la población a que se organice y trabaje colectiva y solidariamente en beneficio de su comunidad-.
Según mi modesta opinión, las inversiones del erario público deberían hacerse para lograr avances sustanciales en el abatimiento de la pobreza, en obras tales como: banquetas y guarniciones, servicios básicos (agua potable, electrificación, drenaje), escuelas, en el fomento a la salud, en la creación de empleos productivos, en programas urgentes de seguridad alimentaria, etc. Ello, si realmente se quiere que el PRI siga gobernando en Puebla, si aprendimos la lección del 2000, si queremos deshacer los yerros y ser consecuentes con nuestros principios.
Por lo que queda descrito arriba, la actitud de muchos secretarios no es ésta; pareciera un ejercicio unipersonal del poder, absolutamente alejado del pueblo y del partido, como si cada quien actuara descoyuntado del Ejecutivo y no hubiera quien le cuide las espaldas, jugando el papel de conciliador, solucionador de problemas, sumador de fuerzas y liderazgos en torno a él y al partido; como si, por el contrario, se estuvieran sembrando las bases para que la oposición arribe al poder en Puebla.
Esta percepción es la que me he formado desde mi posición de dirigente social. Desconozco los análisis de la alta política, que seguramente se delinea en donde se deciden los destinos del partido y del poder; pero lo que sí conozco y esgrimo es la realidad misma, lo que sucede en el seno de las grandes masas marginadas: desde ahí sólo vemos agravios, indiferencia, cerrazón, burocratismo, derroche inicuo de recursos, marginación, etc.
Y como un leal defensor de los principios del PRI, me preocupa sobremanera el rumbo que está tomando la política en nuestro estado en esta época preelectoral, cuando deberían aprovecharse los avances de la actual administración, agruparse en torno al líder moral del partido, sumar a las corrientes afines y, sobre todo, encauzar inteligentemente el descontento inevitable de las grandes masas por sus míseras condiciones de existencia. Me preocupa grandemente, porque lo que veo es todo lo contrario: en esencia un peligroso desafío al descontento popular. Si se persiste en esta mala manera de gobernar, las consecuencias serán desastrosas.
