¿Por qué el Congreso presenta una iniciativa de ley para “reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del estado de Puebla”?
Una iniciativa que, no lo dude ni un segundo, será aprobada sin chistar por la abrumadora mayoría priista.
Aquí algunas posibilidades:
a) Por un asunto de moda.
b) Por no quedarse atrás en comparación con lo que otras entidades federativas han adelantado en la materia
c) Por cumplir con la obligación de adecuar el marco legal local en materia de transparencia a la ley federal antes del 20 de julio.
d) Porque realmente se buscan mecanismos para eficientar el que los ciudadanos puedan ejercer el legítimo derecho de acceder a cualquier información relativa a la función pública.
e) Todas las anteriores.
f) Ninguna de las anteriores.
Bueno, pues todo parece indicar que la respuesta adecuada es una extraña mezcla que contiene un poco de cada una de las opciones anteriores.
De entrada, no cabe duda que el simple debate de cómo mejorar una ley que garantice el acceso a la información pública responde a una necesidad ciudadana de contar con los elementos necesarios para evaluar y “vigilar” a sus gobernantes a través de una creciente presión social que obliga a los poderes del estado a corresponderles elevando a una obligación de ley el rendimiento de cuentas.
En mayor o menor medida, quien no esté a la altura de este clamor social pagará un altísimo costo en términos de imagen.
Ahora bien, en este aspecto es indudable que Puebla vive un rezago importante en el contexto nacional.
Puebla ocupa el lugar número 30 en el país en términos de su legislación para garantizar el acceso a la información, tan sólo por encima de Guerrero y Nuevo León y por debajo de entidades federativas como Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal.
Además, según el índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que publica Transparencia Mexicana, nuestro estado ocupa el lugar número 29 a nivel nacional en percepción de corrupción pública e ineficiencia en el ejercicio de gobierno, por lo que se vuelve urgente el darle forma a una ley que permita que la actividad pública se transparente a todos los niveles
Claro, eso en teoría.
En la práctica, lo más probable es que nada cambie de manera sustancial.
Tal y como sucede con la ley federal en la materia, el marco legal estatal encontrará la manera de cumplir, tan sólo a medias, con una obligación que tendría que ser parte espontánea del ejercicio cotidiano de gobernar y no una concesión graciosa de quienes constantemente se cuelgan al cuello medallas que no les corresponden.
Si bien el texto de la ley puede parecer un avance, los reglamentos que vuelven operativa esta ley la vuelven discrecional y terriblemente burocrática.
Cada dependencia pública sigue manteniendo, con una disparidad de criterios ajena a toda lógica, la faculta de clasificar la información que considere como “privada” o de “seguridad nacional”, lo que elimina de facto la posibilidad de obtener datos valiosos que nos permitan determinar si las acciones públicas se llevan a cabo o no apegadas a derecho.
A diferencia de otras legislaciones, en Puebla se mantiene, de manera casi obsesiva, la determinación de que la Comisión de Acceso a la Información Pública sea un organismo descentralizado de la administración pública estatal, por lo que su independencia y autonomía están viciadas de origen.
Por si fuera poco ¿transparencia en Puebla cuando se tiene un presidente de la CAIP espurio, ilegítimo, cuyo nombramiento viola la ley que ha sido solapado, protegido y alcahueteado por los diputados del PRI?
Sí, por esos mismos que le dieron forma a las reformas y que ahora se desgarrarán las vestiduras intentando vendernos en el discurso una ley que en términos reales no modificará en nada la forma parcial, discrecional y ambigua con la que nuestras entidades públicas nos “permiten” acceder a sus cada vez más sucias entrañas.
¿Transparencia real o letra muerta?
Usted qué cree.
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