Por Valentín Varillas
La petición, con tintes de exigencia, la hizo directamente el Secretario de la Defensa Nacional, pero reflejaba el sentir de mando medios y superiores de las Fuerzas Armadas.
El general Cienfuegos, frente al presidente de a República, fue claro, contundente, no dejó el menor resquicio para la ambigüedad o la duda.
En la óptica castrense no era necesario, sino urgente, un posicionamiento público firme, después de la muerte de militares en el operativo contra huachicoleros en la comunidad de Palmarito Tochapan y las consecuentes acciones necesarias para salvaguardar el prestigio y la honra del ejército mexicano.
No había de otra.
Era mucho lo que estaba en juego en términos de la relación del jefe del ejecutivo federal y una institución que, contra viento y marea y a pesar de todos los pesares, se ha mantenido fiel a quien en el papel funge como su comandante en jefe.
Por eso y en aras de seguir manteniendo una sana convivencia, fundamental en la recta final de un sexenio caótico, Peña Nieto tuvo muy poco que pensar.
En plena ceremonia conmemorativa a la batalla del 5 de Mayo, en el Campo Marte, núcleo de la vida castrense nacional y ante el propio Cienfuegos y Vidal Soberón, titular de Marina, el presidente no solo reconoció a los militares caídos en suelo poblano, sino que anunció medidas ejemplares en contra de quienes formaron parte de las acciones violentas que al final les costaron la vida.
Más allá de la dialéctica oficial, el compromiso de tomar acciones para “vengar” a los caídos de inmediato empezó a tomar forma.
El envío el pasado fin de semana del primer contingente militar de 200 elementos para reforzar las medidas de seguridad en Palmarito, es apenas el comienzo de un proceso de militarización de la famosa zona del triángulo rojo que contempla el probable envío de 2 mil elementos de las Fuerzas Armadas.
Lo anterior, más el anunció público de los pobladores de estas comunidades de seguir enfrentando al ejército, convierten el tema en una auténtica bomba de tiempo que puede tener repercusiones directas en la gobernabilidad del estado.
Con el cumplimiento a la petición castrense, el presidente garantiza un navegar conjunto terso en el poco más de año y medio que le queda de gestión y además, devuelve el favor que supuso en su momento el aval público que el general Cienfuegos dio a la polémica Ley de Seguridad Interior, en el momento más álgido de su discusión en el legislativo federal.
Para nadie es un secreto que los militares no se sienten nada a gusto con las tareas de seguridad pública que les fueron encomendadas hace ya varios años, ni con las nuevas disposiciones que este nuevo marco normativo considera en términos de sus facultades para combatir a la delincuencia.
Para no pocos especialistas en el tema, esto contraviene las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales plantean el retiro paulatino de las fuerzas armadas del combate en contra de la delincuencia.
Es evidente que existe la intención velada de criminalizar acciones que van más allá de la comisión de ilícitos como la protesta social, ya que la ley considera que la intervención militar se justifica ante las acciones de cualquier movimiento social en donde el Estado o los representantes del Estado “se sientan vulnerables”.
¿Se imagina?
Con un presidente que tiene el rechazo de más del 80% de su gobernados, a punto de entrar ya a un proceso electoral en donde el grupo en el poder se juega, además de su supervivencia política, la libertad de sus principales miembros, una ley con esas características se vuelve fundamental para justificar posibles actos de represión social.
El apoyo presidencial al Ejército, en el tema del huachicol -en la óptica oficial-, parece un costo pequeñísimo a pagar por los enormes favores prestados por los militares al gobierno federal.
Con todo y el potencial saldo social que estas acciones arrojen.
