Por: Valentín Varillas
Puebla puede ser considerado como un estado de excepción en términos de las manifestaciones y protestas que el magisterio ha encabezado en su rechazo a la Reforma Educativa.
Modestas, muy modestas han sido las acciones y la capacidad de movilización de la disidencia encabezada por Miguel Guerra Castillo, comparadas con la intensidad y fuerza que el movimiento ha tomado en otras entidades federativas.
Las causas para explicar lo anterior son diversas.
Sin embargo, la timidez con la que en el estado se ha llevado a cabo la “lucha por la causa”, no tiene muy contentos a las cabezas de la Coordinadora a nivel nacional.
La falta de confianza hacia los alcances y capacidad de sus compañeros de batalla poblanos, empieza a sentirse con cada vez más fuerza en la vida interna de la CNTE.
Y es que, una vez cancelada la vía del diálogo por parte del titular de la SEP, Aurelio Nuño, el cuerpo colegiado que controla el movimiento decidió radicalizar las acciones a tomar y determinó que era necesario no sólo reforzar las protestas en Oaxaca y la ciudad de México, sino que se empezaran ya a tomar medidas similares en la mayoría de los estados de la República.
Así se hizo en varios de ellos, menos en Puebla.
Mientras en otras entidades se dejó sentir el peso específico del magisterio disidente, a través de la toma de calles, carreteras, vías de comunicación, plazas comerciales y la suspensión masiva de clases, aquí, los locales no mostraron músculo.
Al contrario.
Se esperaba mucho del movimiento en Puebla por el alto número de maestros que supuestamente no comulgan con los dictados del SNTE, pero en los hechos nada; o casi nada.
Juran los enterados que existen mucho más coincidencias que diferencias entre las cabezas de la disidencia y los operadores del gobernador con el magisterio como Cirilo Salas, Eric Lara y hasta el propio Guillermo Aréchiga.
Otro factor que influye en lo anterior es la promesa hecha por Moreno Valle al presidente Peña Nieto, en el sentido de mantener a raya a la Coordinadora en Puebla.
Corría apenas el primer año de gobierno del priista y ya se conocían los alcances de la propuesta de Reforma Educativa que mandaría al Congreso de la Unión para su aprobación.
La estrategia original de los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los autores intelectuales detrás del movimiento consistía en tener medio país “incendiado” en el marco del mensaje con motivo del primer informe presidencial.
Las movilizaciones y protestas -una realidad cotidiana en estados como Oaxaca y Michoacán- crecerían poco a poco pero a paso firme, hasta contaminar entidades cercanas geográficamente.
El objetivo era que las protestas y manifestaciones se dejaran sentir con fuerza en estados colindantes con la capital y así poner en jaque todo el centro del país.
Enterados de lo anterior, los operadores políticos del gobierno federal pusieron en marcha un operativo de contención de la mano de los gobernadores.
Dos estados eran prioritarios: el de México y Puebla.
Ahí, la indicación era hacer todo lo posible para mantener a esas entidades al margen de las protestas de docentes.
Más allá de la negociación política, era necesario abrir las arcas del erario para lograr los resultados esperados.
Así fue como el gobernador Rafael Moreno Valle entregó en ese año cerca de 7 mil plazas a docentes afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La medida benefició a personal de apoyo y asistencia en educación básica, precisamente en donde se concentra buena parte de la llamada disidencia magisterial.
Una demanda que ha sido tomada como reivindicación histórica por este grupo, fue satisfecha en gran medida por intermediación del gobierno del estado.
Así, las protestas de la CNTE en el marco del informe se contuvieron geográficamente y se limitaron a la capital del país.
Si bien los maestros disidentes tuvieron la capacidad de trastocar la vida legislativa del país y la de millones de habitantes del Distrito Federal, de no haberse tomado las medidas anteriores, el escenario en el marco del informe presidencial hubiera sido mucho peor para los intereses oficiales.
La gobernabilidad del país estaría juego y medio territorio nacional habría tomado como rehén por la Coordinadora.
¿Se imagina?
Sobra decir que, semejante favor realizado por el gobernador Moreno Valle ha sido pagado con creces.
Actualmente existen mucho mayor cercanía y colaboración entre el gobierno federal y el gobierno panista del estado de Puebla, que la que la presidencia tiene con otros gobernadores emanados del PRI.
Ya lo dice la máxima: “favor con favor…”.
